miércoles. 17.08.2022

En su última novela, Los vencejos, Fernando Aramburu reflexiona así en el acompañamiento a la muerte del perro de una amiga: «Alégrate de tu muerte de pago. Un lujo. Si pertenecieras a la especie humana, tendrías que apurar tu copa de sufrimiento hasta la última gota. Manda narices; si eres hombre, te obligan a morir como un perro; si perro, te facilitan una muerte indolora, haciendo todo lo posible para que estés tranquilo y no te sientas solo. Aquí donde nos ves, con nuestro progreso y nuestras máquinas, los ciudadanos de este país no disponemos aún de una ley de eutanasia. Envidio tu suerte, admiro tu conformidad. Te quedan minutos de vida, si es que a este decaimiento tuyo todavía se le puede llamar vida, y aquí estás tan tranquilo, agonizando sin aspavientos».

La acción del libro mencionado discurre del uno de agosto de 2018 al 31 de julio del 2019. No es el propósito de este escrito comentar la novela ni hacer crítica de la misma, sino continuar con esa reflexión, una vez que en nuestro país se ha aprobado una Ley de Eutanasia con amplio consenso parlamentario y, a pesar de todo, con mas bien escaso rechazo social, no así político, con fuerte contestación por parte de aquellos que siempre se han opuesto a cualquier ley progresista, a las que posteriormente no han dudado en acogerse si lo han precisado.

El 25 de junio de 2021 entró en vigor una Ley votada en las Cortes Generales tres meses antes, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (Lore). Así pues, si el novelista hubiera situado la acción de su novela en esas fechas, no habría podido hacer ese razonamiento.

La obra no es solamente un reflejo en las artes de la aceptación social del tema, de como la ciudadanía tiene integrado el asunto de una manera mucho más abierta, sino también de como se ha tratado el final de la vida hasta el momento en nuestro país.

El desarrollo de la Lore durante este tiempo no ha sido precisamente fácil y llano, con gran diferencia según las distintas Comunidades Autónomas. Así, tanto en el País Vasco como en Cataluña o Navarra, le Ley se ha desplegado sin demasiadas dificultades: se constituyeron las Comisiones de Garantía y Evaluación en el tiempo adecuado y se autorizaron diferentes procesos y se denegaron aquellos que no cumplían los requisitos. En otras comunidades, ese trayecto ha estado plagado de obstáculos.

Obstáculos en algunos casos puestos por aquellos que, contrarios a la Lore y arrogándose una superioridad moral, han hecho todo lo posible por dinamitar su desarrollo incluso en casos en los que cabía perfectamente su aplicación juiciosa.

Haciéndome eco de algunas publicaciones en la prensa, el Heraldo de Aragón publicaba el ocho de noviembre de 2021 la denuncia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, acerca del caso de una mujer de 83 años que se había suicidado porque su solicitud de ayuda para morir no había sido ni siquiera tramitada. Y no ha sido el único caso de final tan doloroso, por no poder aguantar más el sufrimiento y sentir una gran frustración por las trabas encontradas. Esto se encuadra claramente dentro de la mala praxis médica al no dejar al paciente acogerse a una Ley aprobada. Si un profesional es objetor, a lo cual tiene todo el derecho, debe canalizar la solicitud que se le haga por los cauces protocolarios establecidos. Ignorar la petición de asistencia a un paciente es delito. Y por ello fueron sancionados los facultativos que así procedieron.

El diario El País publicaba el cuatro de abril de 2022 la carta de una paciente de esclerosis múltiple, que recibió la eutanasia en Andalucía, donde a la vez que relataba el calvario padecido para que se le reconociera legalmente el derecho a adelantar su muerte, explicaba cómo organizó su despedida y agradecía a quienes hicieron posible el haber podido ejercer su potestad de decidir.

También en nuestra Castilla y León ha habido de todo. Como refiere una médica de Salamanca en la plataforma nogracias.org, con el título ‘Ella no era vulnerable’, ha habido deficiencias pero también mucha generosidad y valor al afrontar una situación tan nueva y extraordinaria en su vida profesional.

Ha habido mas sombras; en casi todas las comunidades hubo retrasos, trabas por parte de objetores que manipularon emocionalmente a pacientes para que no iniciaran la gestión, Comisiones de Garantía y Evaluación que dificultaron la resolución de casos, médicos confusos ante una circunstancia nunca planteada con anterioridad y para la que no se sentían preparados.

El exceso de burocracia también ha hecho que algunos profesionales se hayan visto agobiados y desconcertados a la hora de abordar la petición de un paciente en estado crítico. Ese exceso de dificultad procedimental se une a la dificultad emocional que afecta no sólo a quien solicita la ayuda y sus allegados, sino también a quien debe prestarla. Para ello, se han creado grupos de apoyo de expertos que allanarán el complejo camino que se abre ante una solicitud de ayuda para morir. Para que pacientes y facultativos se sientan acompañados en ese transitar por los entresijos de una ley compleja, todavía en sus primeros pasos de desarrollo. Porque la muerte asistida no es una decisión sencilla ni una tarea fácil. En ella se pone de manifiesto como en ninguna otra situación , la fragilidad del ser humano, inexcusablemente viviendo en la incertidumbre, entre otras cosas, de como y cuando acaecerá nuestro seguro final.

Aunque también ha habido luces: se empiezan a publicar datos de algunas Comunidades, y podemos ver que se ha abierto una senda que, siguiendo los estrictos pasos a los que obligan las garantías de la Lore, nos acerca a poder decidir el final de un sufrimiento insoportable e irremediable. En este contexto cabe recordar la enorme importancia de tener resueltas nuestras voluntades anticipadas, nuestras instrucciones previas, registrando el llamado Testamento Vital, que nos permite manifestar cuales son nuestros valores , nuestros límites, nuestros deseos para el final de la carrera por la vida, de importancia absoluta si perdemos la capacidad de decidir por cualquiera de los avatares del destino. Por ello, manifestar qué es lo que queremos para nuestro final, o mejor lo que no queremos, tras adecuada reflexión y asesoramiento que ofrecen las instituciones y algunas organizaciones, como la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, ayudará no sólo a quien registre ese testamento, si no también a familiares y a profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Un año después, somos más libres
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