Bajar la ratio en educación
El inicio de curso escolar 2022/2023 se debe iniciar con una bajada de ratio en la educación pública en todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad. Sin excusas, sin dilaciones. Ya no por la necesaria distancia social impuesta para evitar la posibilidad de propagación del coronavirus, sino esencialmente para transformar la educación pública en lo que siempre ha debido ser: una educación inclusiva al servicio del bien común para «que nadie, efectivamente, quede atrás». Pasando de las declaraciones a los hechos. De las buenas intenciones a las dotaciones presupuestarias para poder llevar a cabo aquello que se pregona.
La realidad actual de alumnado agrupado en aulas atestadas, a cargo de un solo profesor o profesora, proviene de un modelo industrial heredado del siglo XIX. Un modelo de producción en masa, donde a los niños y jóvenes se les recluía en espacios que imitaban las fábricas en las cuales sus progenitores trabajaban en bancos corridos vigilados por un capataz. Aprender la obediencia y la sumisión a quien mandaba, reclinar la cabeza sobre el banco o no alzar la voz era parte del aprendizaje. Como lo era que la educación de esas masas era un gasto destinado principalmente a surtir de mano de obra al incipiente mercado industrial en expansión. Por lo que había que ahorrar costes, al igual que en las fábricas, y, en todo caso, darles lo básico a cuantos más mejor, de forma masificada, y con el menor coste posible en personal. Mientras que la educación privada, personalizada y adaptada a la demanda de quien pagaba, se reservaba para la élite de siempre.
No podemos seguir con este modelo obsoleto por inercia. Debemos entender que la auténtica revolución pendiente en la educación es la inclusión. Adaptar la educación a las necesidades de cada niño y cada niña a medida que va creciendo y desarrollándose. Adaptarla a su situación, a sus circunstancias y a su ritmo de progreso. Solo así es posible una educación realmente inclusiva. Una educación que ayude y acompañe a todos y cada uno a desarrollarse personalmente de la forma más plena posible, para que nadie quede atrás; y a desarrollarse socialmente para que sea capaz de contribuir a construir una sociedad más justa y mejor al servicio del bien común.
Para poder realizar esta revolución pendiente un primer paso crucial y esencial es la reducción del número de alumnado en cada grupo escolar, en cada aula. Con clases abarrotadas no se puede atender a la diversidad, no se puede personalizar el aprendizaje, no se puede ayudar y orientar a cada alumno y alumna. No se puede evaluar a cada uno para detectar qué dificultades tiene e implementar medidas concretas que eviten el fracaso. Con aulas atestadas lo único que se puede hacer habitualmente, sobre todo a medida que se va avanzando en edad, es poco más que repetir los contenidos de los libros de texto de forma apresurada para llegar al final de unos temarios sobrecargados y enciclopédicos y examinarles para controlar si han sido capaces de memorizarlos o no. Cómo desarrollar una educación lenta y atenta al cuidado emocional de los menores, a las dificultades que tienen, a las señales de desmotivación o de desaliento que presentan, cómo ayudarles y plantearles alternativas para mejorar o corregir sus fallos, con clases saturadas con 25 o 30 chicos y chicas en cada aula, teniendo cada profesor que atender a numerosos grupos, cada vez más diversos, durante el curso.
Por eso, para que sea posible y efectivo este cambio, esta auténtica revolución educativa inclusiva, apostando por el futuro de la educación y de la humanidad, es necesario duplicar el número de profesorado en la educación pública. Desde infantil a la universidad. Es cierto que también será necesario acondicionar y ampliar espacios. Pero lo fundamental, el elemento central, en todo proceso educativo es el factor humano. El profesorado.
Si no hay más maestras, maestros, profesoras y profesores en todos los niveles educativos, no servirá de nada todos los esfuerzos que hagamos.
En educación infantil las indicaciones de la Red Europea establecen que para 1 persona adulta por cada 4 niños de 0 a 12 meses; 1/6 niños de 12 a 24 meses; 1/8 niños de 2 a 3 años; 1/ 12 niños de 3 a 4 años y 1/15 niños de 4 y 5 años. En primaria y secundaria reducir a 20 escolares por grupo-aula (15 mientras dure la pandemia y las medidas de alejamiento social por seguridad). Y en la Universidad al menos reducir al máximo de los 30 estudiantes por aula universitaria que prometía el Plan Bolonia, para reforzar el trabajo individualizado, y que a partir de 38 supondría la formación de un segundo grupo.
Se pueden aducir las razones que se quieran si no se pone en práctica estas medidas, pero, al final, la razón que prevalece sabremos que será, como siempre, una razón ideológica al servicio de la razón mercantil o económica. Nunca pedagógica ni educativa, ni en función del bien común. No es por el bien del niño o la niña o de la sociedad. Sino para ahorrar costes y poder así seguir manteniendo este sistema económico basado en que unos pocos acaparen mientras la mayoría pierde cada vez más derechos sociales y vitales. Porque recursos y medios sí que hay, pero se decide que se destinen a otras prioridades. Se sacaron de debajo de las piedras 65.725 millones de euros para rescatar a los bancos en este país. Claro que hay dinero.
Se ha destinado a gasto militar en plena pandemia la escandalosa cifra de 1,917 billones de dólares en todo el mundo y de 20.050 millones en España. Nos dijeron que era imprescindible destinar miles de millones a rescatar bancos en la anterior crisis del 2008, y en España en particular se aprobó la escandalosa cifra de 174.300 millones de euros en ayudas para la resolución de los problemas bancarios. Pero nunca hay cifras escandalosas para rescatar la sanidad pública, la educación pública o los servicios públicos. Es decir, para destinar al bien común, lo que es de todos y todas.
Lo más indignante es que esas razones ideológicas son mentira. No es imprescindible rescatar bancos, ni aumentar los gastos militares. Son decisiones políticas. Aquellas que establecen que esa es la prioridad, o que establecen como prioridad hacer la «vista gorda» y consentir los paraísos fiscales donde las grandes fortunas eluden pagar impuestos o permitir que las grandes multinacionales tecnológicas hagan ingeniería fiscal para evadirlos igualmente. Claro que hay recursos.
Por eso, el inicio del próximo curso comprobaremos si, efectivamente, hay voluntad política de establecer como prioridad el bien común en educación y se baja efectivamente la ratio de alumnado por aula en todas las comunidades autónomas, empezando por la de Castilla y León.