jueves 5/8/21

Por una banca pública para la gestión de las pensiones

El pasado mes de mayo, Comisiones Obreras de León celebró su XII Congreso. En un evento de estas características no solo se renuevan nuestros órganos de dirección sino que se marcan las líneas de acción estratégicas para los próximos cuatro años y se interviene en el debate sobre el programa de acción del conjunto de la confederación sindical. En este sentido, el Pleno de Congreso aprobó ese día una Resolución que colocaba a nuestra organización a favor de la creación de una banca pública.

Para llegar a este posicionamiento hemos tenido en cuenta que el Estado destinará 163.297 millones de euros a pagar las pensiones en 2021. Las pensiones se pagan a través del sistema bancario privado. Estos bancos cobran hasta 240 euros anuales en comisiones a los pensionistas. Bankia: 72 euros anuales. BBVA: 100 euros. Banco Sabadell: 120 euros. Caixa Bank y Santander: 240 euros.

Estos bancos rescatados con dinero público y que ahora cierran sucursales urbanas, pero especialmente en el medio rural y con ellas el acceso y atención a las personas, despidiendo trabajadores.

Una parte de los 8.905 millones de euros que ingresaron en 2020 los grandes bancos españoles por comisiones, provienen de la cuenta de los pensionistas, obligados a cobrar su asignación a través de estos bancos. Quienes cobramos una pensión pública no sólo estamos obligados a abrir o tener una cuenta en un banco privado, sino a que estos nos cobren comisiones elevadas por recibir nuestras pensiones. Además de utilizar nuestro dinero público, nos quitan parte de él a través de estas comisiones excesivas.

A esto se añade que para muchas personas mayores de 65 años —la media de edad de los pensionistas es de 82 años—, la utilización de la banca online, los cajeros, las tarjetas de crédito/débito o de móviles para realizar pagos, suponen una dificultad añadida, máxime en zonas rurales y para la población pensionista más vulnerable. Las oficinas de atención al cliente han casi desaparecido, mientras aumentan las colas. Ahora, todo se ha de tramitar informáticamente para ahorrar gastos a estos negocios bancarios e incrementar así sus beneficios. ¿Y los ancianos o los que no dominan esa informática o no tienen para pagar a un gestor?

No podemos olvidar que el colosal negocio que suponen los servicios bancarios está sostenido por el Estado, tanto por la garantía que presta el Fondo de Garantía de Depósitos (hasta cien mil euros por depósito), como por los rescates y los aplazamientos en el pago de impuestos (llamados crédito fiscal) que la Banca lleva disfrutando desde 2008. Además, ahora, el Estado también avala los préstamos ICO en una sustancial medida. Es decir, el Estado favorece a unos particulares para que se enriquezcan gracias a sus ayudas, incluso pagándoles intereses más altos por los préstamos que a él mismo le conceden, cuando en realidad le bastaría con emitir un nuevo empréstito a través del Banco Central. Una banca pública ahorraría toda esta sangría económica.

Por eso pedimos que se cree una banca pública, como los bancos públicos alemán NRW Bank, el holandés BNG Bank o el sueco Swedbank, que figuran entre los más solventes de Europa en los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Estas entidades buscan apoyar la vivienda, las infraestructuras, los servicios públicos y la economía de las regiones en las que operan. Algo similar a las cajas de ahorros de España ya desparecidas. En Francia La Banque Postale es una entidad propiedad del Estado. El Postbank alemán sigue ofreciendo sus servicios a través de las 9.000 oficinas de correos germanas. Nada impide que en España propongamos la recuperación de nuestra Caja Postal o una nueva Banca Pública. Es cuestión de voluntad política.

Mientras que la banca pública sigue existiendo en Europa y lo hace con notable éxito, en España desde la crisis de 2007 se ha producido un brutal cierre de oficinas que nos ha retrotraído a cifras de 1980, despidiendo a miles de empleados y destruyendo empleo cualificado que no se vuelve a recuperar. Como consecuencia son más de 4.000 los municipios en España que se han quedado sin ninguna sucursal, según datos del Banco de España. Los jubilados que residen en estos pueblos, el 48% de los municipios españoles, tienen que desplazarse en taxi o por cualquier otro medio a otro pueblo para poder cobrar su pensión. Sin duda añoran los buenos viejos tiempos en los que la Caja Postal de Ahorros cubría todo el territorio nacional y los carteros llevaban, junto a las cartas, las cartillas de ahorro de los habitantes de las más aisladas pedanías. Esta es la conocida exclusión financiera que afecta sobre todo a una España despoblada y donde sus habitantes tienen un acceso más difícil a las nuevas tecnologías. Según estudios de bancos de inversión esta tendencia a la desaparición de oficinas continuará en los próximos años, aumentando ese riesgo de exclusión donde la banca pública podría jugar un papel relevante sin la presión de unos accionistas que exijan la máxima rentabilidad.

Actualmente el servicio semipúblico de Correos (porque lo han privatizado convirtiéndolo en una sociedad anónima mercantil) está utilizando sus oficinas como banco en los pueblos que no tienen sucursales, ofreciendo sus casi 2.400 puntos para que los ciudadanos saquen dinero, pero esta entidad semiprivada lo ve como una oportunidad de negocio en la España vaciada. Recordemos que hasta 1991, en sus establecimientos se despachaban los servicios de la popular Caja Postal de Ahorros.

En resumen, la postura de CCOO de León es:

La demanda al gobierno para la creación de una banca pública de cara al pago de las pensiones y la gestión de los servicios básicos, como actualmente se hace en Europa o lo hace la Banca Postal japonesa, con el fin de garantizar la gestión de las pensiones y mantener el empleo, ante el proceso de destrucción de empleo continuado por parte de la banca de cerca de 20.000 trabajadores y trabajadoras desde el inicio del covid-19, según los datos recientes.

Mientras se crea esta banca pública, reclamamos al Gobierno que obligue a las entidades financieras a cambiar las cuentas de los consumidores a la ¡cuenta básica! sin comisiones, en especial para personas vulnerables.

Por una banca pública para la gestión de las pensiones
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