Democracia contra deuda: la nueva servidumbre por deudas

Nuestro municipio se ve obligado a despedir o realizar eres, dejar de prestar servicios o subir las tasas de esos servicios como única vía para poder acceder a las líneas de rescate que ofrece el Gobierno del PP de cara a sanear su deuda. La deuda que asfixia el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, de aproximadamente 70 millones de euros, proporcionalmente no es nada en comparación con los 8.000 millones que el PP ha tirado en rescatar y sanear un solo banco, Caja Nova Galicia. Pero lo que estamos comprobando es que el PP quiere imponer un plan de ajuste-recortes en los municipios, que desmantela los servicios públicos, sube las tasas y va a reducir el sueldo despedir a trabajadores y trabajadoras municipales porque los Ayuntamientos y los servicios públicos no son su prioridad. Sí lo son los bancos y sus beneficios privados. Vemos así, cómo, al margen de las declaraciones, los hechos demuestran que los partidos que defienden el modelo neoliberal siempre apuestan por más mercado/bancos, menos Estado/servicios públicos.

Es la nueva servidumbre por deudas de esta época neoliberal. Sacrificar en el altar del pago de los intereses de la deuda los servicios públicos y el bienestar colectivo. Es lo que ha ordenado el Banco Central y la Alemania de Merkel, a cuyos banqueros sólo les preocupa cobrar sus intereses y seguir aumentando sus beneficios. Esta servidumbre por deudas fue pactada constitucionalmente por el PP y el PSOE en España, modificando el artículo 135 de la Constitución, que hasta entonces era intocable. Una modificación, hecha con alevosía y nocturnidad, en pleno agosto, que establece como máxima ley de nuestro Estado pagar los intereses abusivos y las deudas a los bancos, antes que la educación, la sanidad o los servicios sociales públicos.

La normativa que está aplicando ahora el PP a los Ayuntamientos, obligándolos a acogerse préstamos a través de los bancos a un interés escandaloso, para que puedan pagar las deudas no son más que la aplicación de este «pacto de hierro» entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, que han arruinado este país.

Hemos llegado así a una situación en la que el único artículo de la Constitución que se cumple es el artículo 135, pagar la deuda antes que la sanidad de los ciudadanos y ciudadanas, la educación de las generaciones jóvenes, los servicios sociales… Un nuevo orden que establece en dónde se emplean nuestros impuestos y no precisamente para el bien común. Suprimen así el salario social, es decir, la parte de nuestro trabajo que destinamos no a salario directo sino a impuestos destinados al bien común. Y lo destinan a rescatar una y otra vez a los bancos y las grandes empresas, en donde acaban de consejeros algunos de los políticos más destacados del PP y del PSOE.

Este nuevo orden se complementa con la otra cara de la nueva servidumbre por deudas. Porque la asfixia económica de nuestros ayuntamientos está siendo utilizada también por el PP para eliminar la democracia municipal.

Esta es una opción claramente ideológica, sin ni siquiera una excusa de tipo económica, como en el aspecto anterior. Donde la democracia es un impedimento para sus planes, directamente se la obvia.

Cuando se actúa al dictado del capital, éste manda y la democracia sobra. No podemos olvidar que la filosofía del PP es profundamente capitalista: el beneficio privado es lo que, según ellos, mueve la sociedad. El interés egoísta es lo que constituye el motor de las sociedades. Por eso quieren gestionar lo público, lo que es común, lo de todos, no con democracia y participación, sino de forma autoritaria y jerárquica. Es la vuelta de los caciques.

El ayuntamiento de San Andrés puede ser un ejemplo paradigmático de este asalto a la democracia a través de la deuda. El Pleno municipal es el órgano de decisión donde se toman por votación las máximas decisiones en un Ayuntamiento y, por eso, en él están representados todos los grupos municipales que han sido elegidos por la ciudadanía para representarles. Una persona un voto.

Pero la maquina legislativa del PP nacional se pone a funcionar para crear mayorías donde no las hay. Y así, en un Real Decreto sobre solvencia de las entidades financieras, aparece un artículo donde se establece que en los Ayuntamientos donde no se tenga mayoría en el pleno y no se apruebe el plan de ajuste, se podrá aprobar en Junta de Gobierno, donde sólo está el partido que gobierna aunque, como en este caso, esté en minoría.

Hasta ahora la soberanía del ayuntamiento residía en el pleno del Ayuntamiento (es decir, en el pueblo a través de sus representantes), compuesto por el alcalde y todos los concejales, que es el órgano de máxima representación política de la ciudadanía en el gobierno municipal. Que ahora el alcalde lo pueda aprobar de espaldas al Pleno, es volver a la época del caciquismo.

En la primera campaña electoral en democracia se inauguró el lema: «quita un cacique y pon un alcalde». Ahora el PP ha establecido por normativa justamente lo contrario: «quita un alcalde y pon un cacique».

Es decir, se da prerrogativas al equipo de gobierno del PP para funcionar como si tuvieran mayoría absoluta, cuando el pueblo no les ha dado esa mayoría absoluta. Y para tomar decisiones cruciales en lo que más afecta realmente a la vida municipal: la aprobación de los presupuestos, decidiendo en qué se va a invertir el dinero público y a qué necesidades se va a atender o no. Que además esto se promulgue dentro de un real decreto sobre la solvencia y supervisión de las entidades financieras, nos dice ya qué se pretende y al servicio de quién está legislando el PP. Está claro quién manda en nuestro país y en nuestro Ayuntamiento.

Y por qué el Partido Popular está utilizando las deudas para encaminarnos hacia la servidumbre. Sometimiento a las nuevas formas de gobernar antidemocráticas. Servidumbre a las deudas para asaltar los servicios públicos y desmantelar el estado social y los bienes comunes.

Este enfoque neoliberal es todo un asalto a la democracia. Por eso desde Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo queremos denunciar que el BOE del PP instaura el caciquismo de nuevo en nuestros Ayuntamientos, eliminando la participación ciudadana a través de los representantes de los grupos políticos de la oposición, en decisiones vitales para el municipio que afectan a todos los ámbitos: empleo, impuestos, servicios, etc. Pero no nos resignamos. Volveremos a proclamar, como al inicio de la democracia el lema: «quita un cacique y pon un alcalde».