La deuda que asfixia San Andrés del Rabanedo

E l Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo tiene un grave problema económico al ingresar cada vez menos dinero y tener que pagar cada vez más deuda. Una deuda, en buena parte ilegítima, generada por la política de privatizaciones de anteriores equipos de gobierno y que ahora quieren que la paguemos la ciudadanía, con subida de tasas en los servicios públicos y recortes a los trabajadores. Este año nos estamos moviendo en un presupuesto de unos 20 millones de euros, de los que más de 4 millones (20%) se destinan al pago de deuda, intereses a los bancos y activos financieros y solo 52.000 euros a inversiones (0,24%).

El equipo de gobierno está intentando hacer creer a la opinión pública que la culpa de que no haya dinero se debe a que nos oponemos tanto a la subida de impuestos a la ciudadanía como a los recortes de los sueldos a los trabajadores del Ayuntamiento. No hablan de su mala gestión anterior, que elevó la deuda del Ayuntamiento a casi los 80 millones de euros.

Mientras, la deuda del Ayuntamiento sigue subiendo día tras día. Solo un ejemplo de ello, cuando un tribunal condena al Ayuntamiento a pagar por sentencia, éste solo paga la principal y no los intereses, por lo que se va añadiendo una cantidad de intereses e intereses de demora que visto el montante económico tan importante de las sentencias condenatorias, se está generando un enorme agujero. Pero aunque nos subieran los impuestos todavía más, aunque recortaran los salarios a los empleados públicos, el problema económico de este Ayuntamiento seguirá manteniéndose, porque el problema es estructural.

Para entender todo esto y poder dar una solución real lo primero es saber por qué existe esa deuda, quién y cómo se generó y por qué el Ayuntamiento está obligado a pagar esas sumas astronómicas.

La deuda se generó a lo largo de años, con las privatizaciones que generaron millones de deuda. Así, por ejemplo, con el primer plan de ajuste del PP se pagaron 27 millones de euros a la multinacional de la basura. A otra gran empresa, Gexin, se le adeudaban más de 2 millones. A la multinacional del agua, el PSOE se la revende, mediante una reprivatización, que supone un aumento de lo que hay que pagarla de más de un millón de euros al año. Y muchos más casos que han ido arruinando este Ayuntamiento.

Tenemos pues una deuda que se genera, principalmente con grandes empresas, sin ningún tipo de control y auditoría transparente. Que nadie se preocupó de pagar y que las grandes empresas en momentos de bonanza no reclamaron. ¿Qué empresa se puede permitir que la deban 27 millones de euros y no los reclama, a no ser que tenga otras contraprestaciones?

Con la llegada de la mal llamada crisis, el PP de Montoro aprovechó para imponer un Plan de Ajuste que, con el pretexto de pagar a los proveedores, supone el suicido de muchos ayuntamientos. IU nos opusimos a él y votamos en contra, porque su firma significa que se da crédito para pagar las deudas a cambio de que el Ayuntamiento reduzca drásticamente todo lo público, dando paso al negocio privado. Haciendo más caros los servicios públicos a la ciudadanía, y eliminado muchos de ellos, como la Escuela de Música, el Centro de Día, la Guardería, el Cemfe, entre otras consecuencias nefastas para la población que aquí residimos.

Y es que este plan para pagar la deuda se pudo hacer de forma diferente, pero no se quiso. Fue una decisión política, una opción política del PP. Optó por rescatar a los bancos y no a los ayuntamientos. Así, los créditos para pagar la deuda no se los dio directamente a las administraciones sino a la banca para que ella lo prestara a la Administración.

Bruselas impuso un recorte de déficit del sector público de 1,6% sobre el PIB en 2015 y el gobierno del PP distribuyó este recorte estableciendo que la Administración Central debía recortar sólo el 0,04%; las comunidades 0,94%, y el resto (0,62%) debía aplicarse a las corporaciones locales y la Seguridad Social. Como se ve donde más recorta es en comunidades autónomas, entidades locales y Seguridad Social que gestionan educación, sanidad, transporte, servicios sociales, etc. ¿por qué solo el 0,04% en la estatal?

Está claro que el PP quiere desmontar todo lo público. El día que se aplique la coloquialmente conocida ‘Ley de Haciendas Locales’, los Ayuntamientos perderemos las competencias en política social (dependencia, escuelas infantiles, comedores sociales, atención a las víctimas de violencia machista, becas de comedor a los niños/as necesitados/as, atención domiciliaria…).

Pero no toda la responsabilidad es del PP en estas medidas envenenadas de pago de la deuda, sino de quienes la generaron. Porque en ningún momento en nuestro municipio se ha analizado y pedido responsabilidades por la deuda, como tantas veces hemos reclamado desde Izquierda Unida, exigiendo que se haga una auditoría ciudadana. Estamos convencidos que buena parte de ella puede ser deuda ilegítima, que no tendríamos por qué pagar la ciudadanía.

Pero de este tema no han querido oír hablar ni el PP ni el PSOE. Simplemente aspiran a que el derroche de dinero, que durante años ha beneficiado a grandes empresas, lo paguemos ahora la ciudadanía. Quienes han gobernado por encima de sus posibilidades fueron ellos, quienes pagamos los platos rotos somos la población. No les importa el deterioro de calidad de vida que vamos a sufrir a consecuencia de sus políticas.

Por supuesto que hay que pagar a los proveedores (la deuda legítima), por supuesto que se deben revisar los impuestos y hacerlos progresivos y justos, por supuesto que se debe diseñar una RPT que dé estabilidad a la plantilla de los trabajadores que mantienen los servicios públicos del municipio y donde cualquier ciudadano sepa qué hacen y cuanto cobran. Pero también se deben sacar todas las cuentas de los cajones, se tiene que saber cuánto está suponiendo los intereses que se dejan de pagar, tenemos que saber exactamente cuánto debe este Ayuntamiento, se debe auditar la deuda con luz y taquígrafos, de forma transparente. Hemos de cambiar unas leyes establecidas para rescatar a los bancos y ahogar a los ayuntamientos y comunidades autónomas, que son quienes prestan los servicios directos a la ciudadanía.

Izquierda Unida apuesta porque nuestro municipio salga de este atasco, pero que lo haga de forma transparente, pensando en la ciudadanía y los trabajadores y no en los bancos y que nunca más se vuelva a repetir esta triste historia.