sábado. 04.02.2023

Un informe de la Consejería de Agricultura conocido ayer revela que el campo de Castilla y León acumula dos años seguidos sumando activos en su lectura más optimista, si bien la más digna de ser tomada en consideración es que en los últimos cinco años se acumula una pérdida de casi 6.000 afiliados dentro de la actividad agraria en la Seguridad Social.

La comunidad autónoma cerró 2015 con 60.698 afiliados en esa actividad, lo que supone un aumento del 0,5% respecto a 2014. Sin embargo, la pérdida respecto a diciembre de 2010 es del 8,9%. Otra cosa son las cifras que manejan los sindicatos y que sitúan la actividad real muy por debajo de ese nivel y las caídas porcentuales, muy por encima. En el caso de la provincia, con unos 7.500 agricultores a título principal (10.000 en enero de 2008), el número de ocupados cayó un 1,23% en 2015, mientras que en años anteriores esa reducción llegó incluso hasta el 6%. Es sólo ese hecho el que explica que la renta agraria subiese ligeramente en la provincia, aunque menos que a nivel nacional.

Los precios a la baja siguen castigando con dureza al sector, sobre todo los de los cereales, el maíz y el ovino de carne. Pero el gran problema pendiente de resolución, pese al acuerdo de todas las partes firmado en septiembre, es el del precio de la leche en origen, todavía muy lejos del umbral de rentabilidad y también pese al compromiso asumido por la industria. Reducir el paro en el sector—2.200 profesionales en León, mil más que hace cuatro años—, eliminar el tarifazo eléctrico que asfixia a regantes y ganaderos, mantener las inversiones en infraestructuras y establecer un sistema de arbitraje y mediación entre los productores y la industria láctea que proteja a los primeros de los abusos de ésta son cuestiones que deben ser abordadas sin demora para evitar el declive de un sector en el que debe seguir sustentándose la economía de la provincia.

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