sábado. 26.11.2022
ADA más anunciar ayer el vicepresidente Rajoy que el Gobierno pedirá la ilegalización de Batasuna en cuanto la nueva Ley de Partidos entre en vigor, los socios más cercanos al PP en esta materia, PSOE y CiU, se sintieron visiblemente incómodos. Se extiende en cierto modo la sensación de que los ministros se relevan cada veinticuatro horas en la tarea común de crear problemas innecesarios o tensiones evitables. Nadie ignora, por supuesto, que la nueva Ley de Partidos se ha inspirado en el deseo de ilegalizar al brazo político de ETA, pero en el texto del proyecto legal, minuciosamente consensuado entre socialistas y populares, que aceptaron el grueso de la reservas de CiU, se eliminó el efecto retroactivo, por lo que no podría basarse la solicitud de ilegalización en hechos o actitudes del pasado. El pasado de Batasuna, sin embargo, tendrá efectos indiciarios a la hora de que el Tribunal Supremo forme su opinión para decidir acerca de la legalidad o la ilegalidad de la coalición abertzale, clarificando de algún modo los hechos en que pueda basarse la solicitud de ilegalización. Pero lo que no se entendía ayer ni en el PSOE ni en CiU es la impaciencia del Gobierno, reacio a esperar a que Batasuna facilite una prueba más, entre las muchísimas que ha dado, de su conexión o identificación con ETA. El líder democristiano de Unió Democrática de Catalunya, Duran i Lleida, insistía en que esta nueva ley no tiene efectos retroactivos, por lo que el fundamento de la ilegalización de un partido «está en los hechos, en los actos que pueda cometer», no en los que ha cometido. Los socialistas reaccionaron inicialmente al anuncio de Rajoy con sorpresa, como si les hubiera pillado desprevenidos, y su portavoz Caldera dijo enseguida que «este debate lo haremos cuando la ley esté en el BOE». Zapatero, sin embargo, tuvo tiempo de dedicarle unos sarcasmos al Gobierno, tras pedir calma y prudencia ante un ejecutivo que «ha entrado en una fase en la que más bien parece una pista de coches de choque», haciendo propuestas alarmantes y retirándolas al día siguiente, «dando volantazos y chocando con la mayoría de los sectores sociales». Pero tal vez Rajoy tenga razón, pues el TS podría considerar como evidencias que «ETA son unos comandos que matan, unos chivatos, unas Gestoras pro Amnistía, los que ayudan a los etarras huidos y un partido que le sirve de soporte». No debiera promoverse la ilegalización de Batasuna aduciendo hechos anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, pero tal vez pueda aducirse la simple situación del presente, que se vería notablemente clarificada a la luz indiciaria de hechos, actitudes, delitos y sentencias del pasado.

El pasado como indicio
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