viernes 15/1/21

Fondos europeos y participación

Desde que comenzaran las negociaciones en Bruselas para intentar acordar entre los estados miembros cómo hacer frente a la crisis del coronavirus, he seguido atentamente el devenir de las mismas. Aún recuerdo, con cierto sufrimiento pesimista, las primeras valoraciones de los tertulianos y expertos que trataban el asunto, los cuales auguraban la posibilidad de que se repitiese una solución similar a la de la crisis del 2008. Si bien es cierto que las primeras noticias que nos llegaron reforzaron la opinión derrotista, parece que la UE, en un tono coloquial, ha aplicado la receta de «pasado pisado», no ajena a tiras y aflojas constantes, acuerdos y desacuerdos y con el sonrojo (en ocasiones) del reforzamiento del clásico eje norte-sur europeo. Finalmente, tras largas semanas, se consiguió alcanzar un acuerdo, el cual considero uno de los mejores ejemplos para explicar la práctica de la negociación política.

Ahora, lo que verdaderamente importa y es objeto de este artículo, (nos) toca administrar y gestionar las importantes cuantías de dinero que nuestro país irá recibiendo para iniciar la recuperación y formalizar la transición en un escenario complejo.

El asunto de la complejidad, de moda gracias al filósofo Daniel Innenarity, es una excelente radiografía del embrollo que supone la actuación política en la diversidad, sobre todo en los contextos europeos donde conviven diferentes concepciones de «vida buena», pero en los que ha quedado ya casi obsoleta la forma de gobernar basada casi exclusivamente en un modelo jerárquico. Y es aquí, precisamente en este punto, donde vengo a plantear la posibilidad de diligenciar los fondos europeos de una forma mixta, combinando la delegación ciudadana con la participación cívica.

Ha llegado el momento de que el Estado sea más un moderador de preferencias y un asegurador de capacidades que un simple centro decisor de poder

El Gobierno actual, parece que, por la cierta estabilidad que arrogan los PGE, ha asumido ya la gestión del montante concerniente a los fondos europeos, con cierto margen de maniobra a la hora de despachar su ejecución, pero con las manos atadas en lo que a sectores de inyección del mismo se refiere. El empecinamiento que requiere la construcción europea de lo común (o al menos de lo semejante) ha mostrado su fortaleza política en la peor situación del siglo XXI, tanto frente a la crisis sanitaria y económica, como frente al auge de los extremismos. Estas circunstancias han conseguido conectar, gracias a los espacios democráticos que poseen, a las tres grandes opciones políticas reinantes: el liberalismo, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Ello, como no puede ser de otra manera, es motivo de alegría.

Pese a ello, y como ya advertían en algún que otro informe desde algunas entidades como Esade, el reto administrativo que supone lidiar con esta financiación adquiere los atributos de histórico y trascendental. En este sentido, vengo a plantear que dentro del escenario de incertidumbre y diversidad en el que ha de lidiar la gobernanza moderna, donde la efectividad y la eficacia no van siempre ligadas con las mejores intenciones, opino que la mejor receta para la aplicación de políticas acordes con las líneas generales marcadas desde Bruselas podría ser la experiencia de la horizontalidad, es decir, la combinación de decisiones políticas delegadas tomadas por nuestros gobernantes junto con la ayuda del saber experto y la participación ciudadana.

Y ello en base a que no solamente servirá con la coordinación entre administraciones para la confección utilitaria del gasto, hecho que se agradece por la confianza en la descentralización y el diálogo interinstitucional, sino que la legitimidad de la instituciones va a acabar dependiendo casi en exclusiva de su capacidad de adaptación a un modelo más centrado en la interacción social que en las funciones propias adscritas al organigrama estatal de la soberanía clásica. Si algo ha reforzado la crisis del coronavirus es la sospecha evidente que venía advirtiendo el cambio climático, y es que los grandes dilemas o problemas de este mundo ya son difíciles de achacar de forma unitaria. La cooperación y la red mutua de apoyo han adquirido un gran protagonismo durante estos meses (asunto que no invalida para que se sigan reproduciendo prácticas contrarias), asentando, a mi juicio, dentro de la esfera social una serie de compromisos ciudadanos preferentes en lo que a algunas materias concretas se refiere: salud (física y mental), educación, dependencia, reconocimiento y cuidados, ocio y cultura, sostenibilidad medioambiental, redes de familiariedad, etcétera.

Sospecho que las materias que arriba cito, junto con algunas más, están consolidadas dentro del imaginario ciudadano, erigiéndose como puntos nodales dentro de una cadena equivalencial en la que una «mayoría» estaríamos de acuerdo para la inversión del dinero europeo en tales asuntos. Imaginemos un escenario hipotético, en el que hoy hubiese una consulta a nivel nacional o incluso autonómico o local donde se pregunte a la sociedad civil cómo y en qué invertir el dinero europeo. Me juego el pellejo a que habría una serie de temas centrales de los nombrados anteriormente compartidos por el conjunto de la población en los que decididamente estaríamos cohesionados para emplear las cuantías disponibles.

Ha llegado el momento de que el Estado sea más un moderador de preferencias y un asegurador de capacidades que un simple centro decisor de poder, ampliando los espacios de decisión mixta entre gobernantes y gobernados, donde la unilateralidad deje paso a la persuasión en la dirección de la consolidación de lo bienes colectivos o del interés general, donde, de una vez por todas, asumamos la responsabilidad que supone vivir en sociedad conservando y ejercitando los derechos, pero también estimulando los deberes. Ya es hora de que nos dejen ser y seamos responsables, porque la conservación de la autonomía y de la libertad pasa hoy en día por la asunción de compromisos para con nosotros mismos pero también para con los demás.

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