martes 20/10/20

La ilegitimidad democrática de Castilla-León

En el artículo La falsa legitimidad histórica de Castilla y León, publicado en este mismo periódico, creo haber acreditado la idoneidad del título. Como quiera que no cabe discutir la legitimidad histórica del País Leonés, los detractores de la autonomía leonesa se amparan en una supuesta predominancia de la legitimidad democrática sobre la histórica para defender una no menos supuesta legitimidad de la actual autonomía. A ellos van dedicadas estas palabras.

Después de las elecciones de 1977, el presidente de la Diputación leonesa, Emiliano Alonso, se declaraba partidario de la unión con Asturias o de la autonomía del Reino de León; Martín Villa, tras asumir la jefatura de UCD en León, declara: «No es la imposición artificial, aun cuando ésta pudiera proceder de una asamblea de parlamentarios, sino un amplio consenso básico, la mejor fórmula para entender y solucionar esta cuestión. Difícil de conseguir, pues León ocupa un lugar geográfico de encrucijada, con características bien diferenciadas de las provincias distintas que integran las regiones de Castilla, Asturias y Galicia» (Diario de León, 19/7/1977). El 30/6/1978, el Consejo de Ministros aprueba la preautonomía de Castilla y León, en la que fueron incluidas las provincias de Santander, Logroño y León, aunque sus representantes políticos se habían excluido del proceso. En León, ni UCD ni PSOE ni AP defendían la incorporación de León. Ese mismo día se constituye el Consejo General de Castilla y León. En Diario de León, 19/9/1979, Martín Villa hacía un comunicado por el que el partido «tomará una decisión que se está dibujando y perfilando sobre la base de León como provincia autónoma». «La autonomía de León para UCD no es, ni lo será nunca, una cuestión de partido, sino una cuestión leonesa». Cuando el exministro Martín Villa fue nombrado presidente de la Comisión de Autonomías de la UCD, en octubre de 1979, la decisión no fue bien acogida por los ucedistas vallisoletanos, porque el exministro «juega ahora la baza de desglosar también de la región castellano-leonesa las provincias de Zamora y Salamanca para propiciar una autonomía que encuadre las tres provincias del reino de León». El 15/3/1979, El País anunciaba que Martín Villa estaba entrando en contactos con miembros de la UCD de Salamanca y Zamora para llevar a cabo el proyecto de la autonomía Leonesa. El 3/8/1979 la Diputación de León había exigido la supresión del término León de la expresión «comunidad de Castilla-León». En cuanto al PSOE, éste se pronunció a favor de la autonomía uniprovincial de León: «considerando que León es una región que históricamente ha sido y es sentida y querida por sus habitantes y que desde el punto de vista económico es viable y conveniente» (La Hora Leonesa, 24/9/1978).

Queda claro, pues, cuál era la opción preferida por todos los partidos políticos leoneses antes del giro radical dado a raíz del resultado del referéndum de iniciativa autonómica de Andalucía, de 28-F 1980: la uniprovincial de León o la del antiguo Reino (provincias de León, Zamora y Salamanca). Fíjense en lo que ocurre a partir de esa fecha: el 25/3/1980, Martín Villa reúne al partido en Astorga para anunciarles la incorporación de la provincia de León al proceso autonómico «castellano-leonés». Días más tarde, declara: «Con el corazón en la mano hubiésemos preferido votar por León solo, pero han primado las razones de estado» (Diario de León, 29/3/1980). El 30 de ese mes, el PSOE hace también pública su apuesta por la inclusión de León en el ente «castellano-leonés». Sin embargo, en esta misma época, importantes sectores del PSOE aún pretendían la autonomía uniprovincial o, en su caso, la formada por León, Zamora y Salamanca. Sería la conminadora intervención del socialista vallisoletano, Juan Antonio Arévalo, la que desencadenaría el cambio de postura de sus correligionarios leoneses, que acataron el conglomerado castellano-leonés.

Desde el pueblo leonés tampoco queda la menor duda: el 12/4/1980 tuvo lugar la segunda manifestación leonesa en la que participaron cerca de 10.000 manifestantes. Aun así, el mismo día, el PCE, UCD y PSOE ratificaron en la Diputación el acuerdo de integración en Castilla-León.

El 29/1/1983, unas 20.000 personas salieron por tercera vez a la calle, encabezadas por el presidente de la Diputación y el alcalde de León, defendiendo la autonomía leonesa con la idea de «desvincular a León del ente de Castilla-León». El 4/5/1984, 90.000 personas se posicionaron en contra de la incorporación de León a la comunidad castellana y a favor de León solo. En ningún momento hubo un solo acto público ciudadano a favor de la autonomía de Castilla-León.

Evidentemente, vuelcos de estas dimensiones no se producen porque sí. ¿Las célebres razones de Estado? No, claro que no, ésas solo se las creyeron los crédulos por obligación, como lo demuestra el que los políticos de UCD que el 16/4/1980 votan a favor de la Autonomía «castellano-leonesa», el 13/1/1983 lo hacen por una autonomía leonesa, sobre la base de que las razones de Estado de otrora ya no son imprescindibles y que la preautonomía de Castilla-León se ha manifestado rotundamente ineficaz. En esa votación de 13/1/1983 la Diputación de León, con mayoría de UCD, se pedía dejar sin efecto la sesión del 16/4/1980, salir del ente «castellano-leonés» y el inicio de un proceso de autonomía uniprovincial para León con 22 votos a favor de la UCD y AP, frente a 4 de PCE y PSOE. Por ello, Martín Villa presentó la dimisión de sus cargos. El 19/1/1983, el Ayuntamiento de Ponferrada decide en pleno extraordinario la desvinculación de León del ente y en una segunda votación la solicitud de una autonomía uniprovincial leonesa. Esta iniciativa fue secundada en otros ayuntamientos. El 25/10/1983 lo haría el de León.

Para concluir: antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-León (1983), ¡nunca! los leoneses fueron convocados a unas elecciones, ni locales ni generales, en las que en sus programas electorales hubiese propuesta alguna, por parte de partido político alguno, sobre la autonomía; tampoco fueron convocados a ningún referendo autonómico.

Así pues, consideradas las manifestaciones del pueblo leonés y el giro radical de los partidos políticos mayoritarios después del Referéndum 28-F 1980 andaluz, ¿dónde la legitimidad democrática? Una farsa, como demuestro en mi libro España necesita un nuevo Estado (Ed. Lobo sapiens, 2020).

La ilegitimidad democrática de Castilla-León
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