Jornada Mundial por el Trabajo Decente

La Organización Mundial del Trabajo acuñó en 1999 la denominación de ‘Trabajo Decente’, señalando las características del mismo: empleo disponible y remunerado para todos, con condiciones saludables, Seguridad Social, derechos fundamentales como sindicación, no discriminación laboral ni trabajo forzado ni trabajo infantil, derecho del trabajador al diálogo y negociación en la empresa sobre su trabajo. Posteriormente, Juan Pablo II y Benedicto XVI recogieron esa misma nominación y aspectos del Trabajo Decente.

En España, la plataforma ‘Iglesia por el Trabajo Decente’, constituida por una serie de entidades eclesiales (Caritas, Confer, Hoac…), celebra de modo especial esta Jornada Mundial y a lo largo de todo el año procura concientizar a la Iglesia y a toda la sociedad sobre la promoción del derecho universal al trabajo digno.

En Europa, España va a la cabeza en las cifras de paro (unos 3.3 millones de parados, 15%), precariedad laboral, brecha laboral y salarial de género, paro juvenil (en torno al 40%). Persiste el grave problema de la siniestralidad laboral. El despido es prácticamente libre, con una indemnización mínima por año trabajado. Abunda el trabajo informal de temporeros, en condiciones en muchos casos insalubres e indignas. Muchos inmigrantes vienen realizando trabajos «esenciales» que los españoles no quieren realizar (especialmente empleadas de hogar en régimen interno), sin contrato laboral porque la Administración no se lo permite —algo que roza lo inverosímil además de ser totalmente injusto—.

En Castilla y León tenemos el abandono de los pueblos y del campo. Los productores agrarios y ganaderos soportan una nula o escasa rentabilidad en algunos productos, sometidos a la presión de los precios a la baja de los supermercados, ante la pasividad de las Administraciones Públicas. Existe la amenaza de despidos drásticos y arbitrarios como el reciente de unos 250 obreros de la empresa LM de Ponferrada. Parece ya crónico e irremediable el declive industrial y laboral del Bierzo y las comarcas mineras de la provincia de León por el cierre de la minería del carbón, sin la previsión y planificación segura de un plan alternativo; se promovió un presunto plan de transición, dotado de un considerable presupuesto, que resultó inoperante; una y otra vez se siguen lanzando aun proyectos futuribles que, al final, se desvanecen o llegan a tener una entidad mínima.

Los avances tecnológicos y digitales preanuncian una disminución muy grande en el número de empleados. Con menor trabajo de los obreros, sustituidos por las maquinas, las empresas obtendrán un mayor beneficio económico. ¿No sería lógico y justo entonces disminuir los tiempos o días de trabajo, mantener la plantilla de trabajadores y pagar incluso un salario mayor, en proporción al incremento de beneficios empresariales? De otro modo, se sacrifica a favor de la mayor rentabilidad de la empresa el trabajo y la vida de los trabajadores y de sus familias. El elemento central en la empresa, que siempre habría que preservar, es la persona del trabajador.

Otra cuestión, surgida inopinadamente pero de manera evidente durante los primeros embates de la pandemia de la Covid-19, es la de los trabajos y trabajadores «esenciales»: personal sanitario, trabajadores de la limpieza, vendedores de productos básicos, productores y distribuidores del campo, servidores del orden público, transportistas… Sin su trabajo ininterrumpido hubiera sido inviable el mismo mantenimiento físico de la sociedad. Cuando todo el mundo estaba confinado resguardándose del contagio, ellos continuaron realizando su trabajo, corriendo riesgos importantes. Son trabajos minusvalorados social y económicamente que, en aquellos momentos iniciales se decía que habría que dignificar y gratificar más justamente; pero enseguida se acabó de oír ese discurso.

Existe un clasismo extremado a nivel de profesiones y tipos de trabajo, que va desde los sueldos supermillonarios de los directivos y consultores de las magnas empresas, pasando por los bien elevadas y privilegiadas asignaciones de los representantes políticos, los funcionarios públicos, los empleados más capacitados tecnológicamente, los obreros industriales, de la construcción y del campo, hasta los últimos, una vez más extranjeros explotados (nuevamente colonizados?), sin papeles y sin derechos, sometidos a cualquier tipo de condiciones laborales para poder subsistir (y padeciendo a veces el repudio de los mismos obreros españoles). Pero aún quedan en medio esos 3,3 millones de parados, muchos de los cuales han de mantenerse junto con sus familias con ingresos totalmente insuficientes. En España hay 4,5 millones de pobres severos (de ellos, el 27.5% con trabajo, «trabajadores pobres») y el 21% de los españoles está en riesgo de pobreza.

Está pendiente en España la consecución de la reforma laboral, dirigida a reducir las modalidades de empleo y contratación para potenciar el empleo indefinido, así como el establecimiento del convenio colectivo y de sectores, que da más capacidad de acción al obrero y al sindicato. Se requiere también la anulación del artículo 51 del actual Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Mariano Rajoy en 2012, que da una casi omnímoda facultad de despido al empresario, sin diálogo ni negociación con el trabajador y sin intervención de la Administración.

Toda una larga y progresiva consecución de mayores derechos sociales y laborales desarrollada desde los albores de la Revolución Industrial, fue frenada y en parte revertida en los años 80 y 90 del siglo pasado, de predominio capitalista neoliberal, bajo la égida de M. Thatcher y R. Reagan, y posteriormente con las sucesivas crisis económicas por los gobiernos de distinto signo, pero más abiertamente por los gobiernos conservadores. De este modo, se ha disparado la desigualdad económica dentro de cada país y a nivel internacional, sin ser nivelada por una política fiscal proporcional al nivel de ingresos. Resulta obscena la existencia descarada de los paraísos fiscales, en los que las grandes firmas evaden impunemente sus impuestos.

La reivindicación de la dignidad del trabajo y del trabajador ha de ser continuada a cargo de los trabajadores, de las fuerzas sindicales y políticas más afines y, como en este caso de «Iglesia por el Trabajo Decente», con la aportación cristiana y eclesial. Se ha de reclamar la disposición de trabajo para todos/as, el salario justo, la equiparación laboral total de jóvenes y mujeres. Se ha de acrecentar la protección social adecuada para quienes carecen de empleo o tienen empleos precarios o con salarios insuficientes, a través de la instauración de la Renta Básica Universal, el Salario Mínimo Vital u otros subsidios. Se han de valorar en la consideración social y en la revalorización económica los «trabajos esenciales». Se ha de intensificar la aplicación de la normativa preventiva de la siniestralidad laboral. Ya es hora de encarar con humanidad y justicia la situación insegura e inerme de los inmigrantes que están realizando trabajos con competencia y dedicación de tan gran valor humano como el cuidado de ancianos en sus casas; urge ya su arraigo legal en el país. Los trabajadores en situación de paro han de recibir orientación y capacitación para ejercer un nuevo trabajo.

Se ha de promover también el respeto y cuidado ecológico de la Madre Tierra, inseparablemente unido a la preservación de la vida, de la salud y del mismo trabajo. La preservación de la naturaleza y la justicia en el ámbito laboral y social van unidas, son interdependientes.

Las empresas son insustituibles, pero de ellas forman parte los mismos trabajadores, que han de ser el elemento central a preservar, por encima incluso de los intereses lucrativos. El trabajador no es un esclavo o siervo, ni un objeto o instrumento productivo, sino una persona portadora de suprema dignidad y merecedora de justicia, con derecho a participar y colaborar en la marcha misma de la empresa.

Se ha de promover un trabajo «libre, creativo, participativo y solidario» (Francisco, Evangelii gaudium 192).

Según el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) en su mensaje actual, «es necesario garantizar una red de protección social mínima para todos los trabajadores… Básicamente debe basarse en los principios de democracia participativa, inclusión, dignidad, equidad, igualdad, rendición de cuentas y transparencia. Factores como el gasto social, la tributación progresiva y el funcionamiento de los derechos laborales deben ser los indicadores esenciales para medir el compromiso del gobierno de promover la equidad y reducir las desigualdades».