viernes 05.06.2020

Jugar con fuego

No se me ocurre otra «entradilla» para esta reflexión: Jugar con fuego. Eso es lo que se está haciendo en España desde finales del pasado año, y de forma mucho más pronunciada, más profunda, más acelerada y mucho más peligrosa, desde el 14 de marzo del presente año, tras sumir a toda la población en una situación que voces autorizadas no han dudado en calificar de «estado de excepción».

La última persona que así se ha pronunciado ha sido José Luis Concepción, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de cuyas declaraciones entresacamos: «El Gobierno está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus» o «el estado de alarma permite limitar derechos pero no suspenderlos, y los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales». Por cierto, que dichas declaraciones tenían como razón de ser la información facilitada por el presidente de nuestro TSJ sobre el número de fallecidos en la Comunidad (3.672) como consecuencia del coronavirus o por causas sospechosas compatibles con el Covid-19, prácticamente el doble de las facilitadas por el grupo que desgobierna España, comandado por Pedro Sánchez (menos de 1.800). No me parece grave, me parece muy grave el dato, amén de muy valiente la actuación del Sr. Concepción, con independencia de que sea su obligación evitar que se mienta sobre un dato como el que nos ocupa.

A todo esto, la reacción a esas declaraciones por parte del presidente del Tribunal Supremo ha sido solicitar al Sr. Concepción «mesura». Si por tal entendemos, de acuerdo con nuestro Diccionario, moderación, lo siento pero no comparto esa solicitud. A los abogados nos gusta la claridad, de forma que aceptaría que el Sr. Concepción actuase con mesura si nos acogemos a la definición que en segundo lugar también se recoge en el Diccionario de la Lengua Española: Gravedad y compostura en la actitud y el semblante; en ese caso sí; se lo pido Sr. Concepción, siga actuando así, con la misma mesura que recientemente lo hizo Consuelo Madrigal, quien fuera Fiscal General del Estado. Gracias anticipadas. Y señor Presidente del TS, no tenga miedo en hacer lo propio.

Un rapidísimo repaso de la actuación de Pedro Sánchez y de algunos de sus ministros, justificaría ese sentimiento que vengo experimentando últimamente, sentimiento o temor de algo que se nos avecina como consecuencia de estar jugando con fuego.

Pedro Sánchez, mentiroso incluso hasta con quienes votaron al partido que le presentó como candidato, de forma que, cual trilero, destapó finalmente el cubilete que escondía a sus socios para poder seguir residiendo en Moncloa. Con seguridad no resistiría el primer envite que le lanzaría, si levantase la cabeza Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español.

Margarita Robles, quien hace escasas semanas lograba la mejor nota que nunca jamás haya merecido un ministro, está —quizás por razón del Ministerio que ocupa— «desaparecida en combate». Preocupante. Por cierto, ministra, ¿sería posible que dedicara unos minutos a la tierra que la vio nacer e hiciera algo por resolver el bloqueo que padece la escuela de pilotos de León?; el plazo se agota, y su departamento sigue sin moverse. Muy preocupante.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, de quien hace semanas recordaba que hace la vista gorda con el Ramadán («Los agentes actuantes valorarán la conveniencia de que finalice el rezo en aras a evitar posibles desórdenes») pero se esfuerza en el celo policial con un sacerdote que oficiaba la Santa Misa a la puerta de su parroquia, y de forma más reciente —desconozco su resolución, si es que ya existe— ha recibido la propuesta de denuncia al arzobispado de Valencia por parte de la Policía Local, por abrir las puertas de la Basílica, en la festividad de la Virgen de los Desamparados, para que la misma pudiera ser vista. Un poco de «por favor», Sr. Ministro.

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. Perplejo me tiene. Que el Sr. Campo, magistrado, con experiencia sobrada en la materia tras haber sido vocal del CGPJ, auxiliado por un secretario de Estado con conocimientos muy directos en la materia, presente una norma que no puede tramitarse en la forma propuesta (Decreto, cómo no!), con el rimbombante nombre de «Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de la Justicia», entre las que se desea destacar sobremanera «la habilitación judicial del plazo comprendido entre el 11 y el 31 de agosto», al tiempo que afirma que «La Justicia debe hacer el esfuerzo excepcional que la sociedad nos exige», no puede considerarse más que como una simple falacia.

Querido ministro, sabes, y lo sabes al menos tan bien como yo, y seguramente mejor, que la Justicia ha sido la invitada pobre en todos los sucesivos gobiernos, incluido el presente, desde el inicio de nuestra democracia. Ya se conformaría la sociedad con que el Gobierno, que no la Justicia, hiciera el esfuerzo normal, ni tan siquiera excepcional, que exige una Administración de Justicia acorde con los tiempos que vivimos. Hace 50 años, nuestra «justicia» era, por encima de todo, segura, en tanto que la Agencia Tributaria, por poner un ejemplo, carecía prácticamente de una estructura acorde con los tiempos. Hoy la Agencia Tributaria es ejemplo para todos los países de la Unión Europea, y asesora a otros muchos más allá de la Unión y, sin embargo, en lo que conocemos como «Justicia», hemos retrocedido en seguridad y en eficacia, careciendo de los medios, humanos y materiales, necesarios. Una Administración, permítanme la expresión, con tres «empresarios», pues los Jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, en tanto que los Fiscales dependen del Fiscal General del Estado y, por último, los funcionarios dependen de su autonomía o del Ministerio de Justicia, en razón a que las competencias en esta materia estén, o no, transferidas; una administración así es difícil que funcione bien, ¿verdad? El tema, en cualquier caso, daría para escribir mucho más, pero no es el momento.

No obstante, dos apuntes muy breves: Un especial recuerdo para dos de los ministros de Justicia con los que tuve la ocasión de trabajar, primero como vicepresidente, y luego como vicesecretario general, de la Abogacía Española: Angel Acebes (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE). El primero asumió, en buena medida, enmiendas presentadas desde la abogacía de cara a la hoy vigente LEC, en tanto que el segundo impulsó, asumiendo las peticiones recibidas, una actualización de la normativa aplicable a nuestra profesión, con especial mención de la Ley de Acceso (España era el único país de la Unión Europea que no disponía de la misma).

Concluyo en este repaso a los comentarios del ministro de Justicia. La abogacía quiere, desea y exige que la Administración de la Justicia funcione al 100%, al menos, 11 meses al año. Tal y como estamos, de nada vale habilitar 20 días del mes de agosto si los jueces, los fiscales y los funcionarios, pueden disfrutar de, sin duda alguna, sus justas vacaciones, entre los meses de junio y setiembre, ambos incluidos. Se entiende, no?.

Salvador Illa, irresponsable ministro de Sanidad, y su inefable Dr. Simón —¡qué tendrá el tetrabrik!—. Me perdonen, pero paso de dedicarles ni tan siquiera unas palabras.

Alberto Garzón, ministro de Consumo. Otro lúcido integrante del desgobierno. Es tal su «desconocimiento» que no ha dudado en afirmar que el turismo «es un sector de bajo valor añadido, con una actividad estacional y precaria». Pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar a estos personajes?.

Voy concluyendo, y lo hago con una reflexión sobre nuestra ciudad. Leo cuando escribo estas líneas, que el Sr. Alcalde, que se comprometió a gobernar con pleno diálogo, hace caso, pero caso omiso, a los partidos de la oposición, y lo que es peor, a los comerciantes, representados por las asociaciones en las que se integran (Aleco, León Oeste, León Centro, León Gótico, Puerta Obispo y León Norte), de forma tal que cual Cid solitario, desoyendo las críticas, impulsa el plan para remodelar Ordoño II antes de fin de año. Vd. verá Sr. Alcalde, pero ya, y si le hacen falta más medios, disponga también del presupuesto de las no fiestas de San Juan. Total, un desaguisado más. Así nos luce el pelo.

No sé cuándo se celebrarán las próximas elecciones. Si Sánchez cambia de socio para evitar la llegada de la Troika, posiblemente en un año. En otro caso, vaya Vd. a saber.

Pero lo que sí es claro es, y de nuevo se lo recuerdo a quien proceda, que o bien se unen los partidos que hoy son oposición parlamentaria o seremos testigos de la desaparición de la España que hemos disfrutado en los últimos 43 años y que representantes de todos los partidos políticos, absolutamente de todos —los padres de la Constitución— se esforzaron en hacer posible, haciendo borrón y cuenta nueva, firmando y sellando, por fin, la paz. Responsabilidad, pues, de los partidos políticos, pero también de quienes elegimos, con nuestro voto, a los que aquellos nos presentan. Y no se olviden, se está jugando con fuego. Las prórrogas en mis tiempos eran por razones de estudios. No más prórrogas, por favor.

Jugar con fuego
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