martes. 16.08.2022

Izquierda Republicana espera que se investigue hasta el final  en el caso del AVE a la Meca y que ‘la justicia se aplique igual para todos’.

Tras una investigación de dos años de la Fiscalía Anticorrupción sobre supuestas mordidas, se ha anunciado  la apertura por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de una investigación inicial a Juan Carlos de Borbón por posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal  en las que habría recibido al menos 100 millones de dólares en comisiones ilegales pagados por la dictadura teocrática de Arabia Saudí, en el caso conocido como  AVE a La Meca. 

Ante estos hechos,  Izquierda Republicana quiere manifestar lo siguiente:

1.-  Izquierda Republicana espera, como lo espera el pueblo español, que en este caso de posible corrupción del anterior jefe del estado se haga justicia. Que ‘la Justicia sea igual para todos’,  pero de verdad. Precisamente porque la justicia en España ha sido casi siempre desigual para todos, a menudo dura e implacable con el pueblo y blanda y tolerante con los poderosos. El pueblo quiere creer en la justicia. Esperamos, como espera nuestro pueblo, que la justicia investigue a fondo y que se actúe aplicando una justicia imparcial por igual para todos los ciudadanos, con  igualdad ante la ley sin excepciones de privilegio, en un caso que no debería haberse llamado nunca  caso AVE a la Meca, sino  caso Juan Carlos de Borbón.

Entendemos que corresponde al Congreso, como expresión democrática del pueblo español, contribuir a la investigación de los posibles delitos que hayan podido cometerse

2.- Izquierda Republicana afirma que de  confirmarse dichos hechos delictivos, muy graves, el poder judicial español y el régimen del 78 se jugarán su credibilidad y futuro.  La institución monárquica, actualmente muy tocada y en horas bajas de apoyo popular, se juega particularmente el suyo, tras cuatro décadas en las que los grandes medios, el bipartidismo político, el poder judicial y la Constitución, declarando ‘irresponsable jurídico’ al jefe del estado, han protegido permanentemente a la casa real, y silenciado y amparado conductas muy poco éticas en relación a la casa real, a bancos y grandes empresas. 

En este caso, más aun que en el caso Urdangarín, se está jugando la credibilidad de la monarquía y de un régimen en crisis muy erosionado ya en su legitimidad y en la de sus instituciones.  El pueblo español, tras políticas de austeridad y sufrimiento, espera de las instituciones al menos una conducta ética y honorable. Y por supuesto lo espera también de la máxima autoridad del estado, más si cabe cuando esta autoridad no se puede elegir democráticamente cada cuatro años como en las repúblicas, y se basa injustamente en la herencia y es vitalicia. Como organización política democrática y de izquierdas,  nos sentimos, como el conjunto del pueblo español, absolutamente escandalizados ante los hechos investigados  que afectan al anterior jefe del estado, y en el que nos parece que  más que indicios, hay hechos de peso probados ya ante la Fiscalía Suiza. 

3.-  Valoramos positivamente el inicio de investigación del Tribunal Supremo, porque entendemos que en una democracia la ley debe ser aplicada por igual para todos, sin excepciones ni privilegios de ningún tipo. 

Esperamos tan solo que esta investigación no busque de manera oculta el atribuirse España la competencia de los hechos investigados en exclusiva, y menos pensamos que se busque el cierre de la causa existente en Suiza. Ambas justicias deben colaborar en esclarecer posibles delitos investigables en ambos países. El fiscal Juan Ignacio Campos, designado por la Fiscal General, Dolores Delgado, para investigar la causa tiene una larga experiencia probada en persecución de grandes delitos económicos. 

Izquierda Republicana cree imprescindible la Comisión de Investigación que sobre estos hechos han solicitado ocho grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, entre ellas Unidas Podemos, porque los hechos suficientemente graves atañen a quien ha sido jefe del estado durante casi 40 años de democracia. 

Entendemos que corresponde al Congreso de los Diputados, como expresión democrática del pueblo español, contribuir a la investigación de los posibles delitos que hayan podido cometerse, para conocimiento de la sociedad española, por colaboración con la justicia y para evitar que estos se repitan.  No entendemos por ello la postura del PSOE, que ha opuesto por tercera vez  a que en el Congreso se cree una Comisión que pueda ayudar a esclarecer estos hechos, ni siquiera a investigar los posibles delitos que se hayan podido cometer después de la abdicación de Juan Carlos en junio de 2014. 

Para Izquierda Republicana la búsqueda de la verdad no es sólo una obligación judicial, es también una obligación inexcusable de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que deben ayudar al Poder Judicial en la búsqueda de justicia. No investigar desde el Congreso es un grave error: si hubiese delito, equivaldría en la práctica a proteger al violador de la ley negándose a investigar. 

4.-  Desde Izquierda Republicana reclamamos y exigimos la supresión del artículo 56.3 de la Constitución, que reconoce la ‘inviolabilidad jurídica’ del jefe del estado. Porque no es verdad que la justicia sea igual para todos si a uno solo de los ciudadanos, así sea el jefe del estado, le es reconocida inmunidad jurídica como un privilegio de cuna.  Inmunidad equivale en la práctica a impunidad, a derecho para delinquir, en este país todos estamos sometidos al estado de derecho menos el rey.

Un país verdaderamente democrático no puede garantizarle la impunidad ante los tribunales de justicia a nadie, más aun si se ve envuelto en casos de corrupción.  Para IR, la inmunidad jurídica es un privilegio intolerable y tan antidemocrático como la misma institución monárquica, y no tiene ningún sentido mantenerla en una democracia contemporánea en pleno siglo XXI.  Acabemos con la impunidad de la casa real. 

Justicia igual para todos
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