La gran falacia

El auténtico golpe al consenso de la Constitución no es el que se deriva de la osadía verbal del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, sino el que se produce, en tantas ocasiones, con la quiebra del principio de solidaridad y con la desaparición del «principio de buena fe», que, sin figurar en nuestra Carta Magna, debería presidir los compromisos políticos de gran calado; y la construcción de un texto constitucional lo fue sin duda. A Jiménez de Parga se le ocurrió el otro día decir lo que piensa y, aunque pecó de lesa imprudencia en razón de su delicado e influyente cargo, sus palabras penetraron en las conciencias con la fuerza de lo que, para muchos ciudadanos, es rotunda e incontestable realidad. Abogaba el jurista por acabar de una vez con esa clasificación entre comunidades autónomas «históricas» y las que no lo son y tuvo el atrevimiento de llamar por su nombre a esa distinción: «gran falacia». Tiempo ha faltado para que, desde esas comunidades «históricas», pongan en la picota al presidente del TC y consideren que se ha «autoinhabilitado» para ejercer su cargo. Podrán quitarle y poner a otro, o a otros diez, pero eso no cambiará el color de la verdad. Se recuerda desde Cataluña y desde el País Vasco, -que junto con Galicia, enarbolan con más fuerza esos estandartes-, el importante papel que, en la reciente historia, jugaron estas comunidades y cómo durante la República apostaron ya por un fuerte autogobierno. Es decir que esa demostrada voluntad autonomista y reivindicativa, junto a los referentes de carácter cultural y lingüístico, avalarían esa cualidad de comunidades o nacionalidades pretendidamente «históricas». Claro que son «históricas», pero ni más ni menos -dejémoslo ahí- que Asturias, que Aragón, que Andalucía, que Extremadura, que Valencia, que Castilla, o que León. La gran falacia proviene precisamente de la utilización, de la tergiversación, del secuestro unilateral e interesado de unos mimbres históricos que, en este lar nuestro, se entrecruzan sin cesar mal que les pese a los compartimentadores oficiales de historia. Lo que, seguramente, ha querido poner de relieve el osado jurista es que ha llegado el momento de poner en práctica ese principio de solidaridad que también garantiza la Constitución (Artículo 138) y que, entre otras cosas, consiste en que los diferentes estatutos no consagren privilegios económicos y sociales que impliquen diferencias entre los ciudadanos de las diferentes comunidades. La falacia es que, sin practicar la solidaridad, vamos camino del Estado libre asociado. O sea, el famoso consenso se basaba en medias verdades.