Lengua y política
L as lenguas minoritarias, como prácticamente todo lo minoritario, pese al valor que poseen, están siendo borradas de un plumazo ante la pasividad de quienes tienen la obligación de preservarlas y promocionarlas. Mantengo como norma que cuantas más lenguas se hablan en un país, más riqueza tiene, puesto que un idioma no otra cosa es más que cauce de una civilización y transmisor de una sabiduría y unas determinadas formas de vida. Quien no entienda esto, para mí tengo que prácticamente nada entiende o quiere entender del asunto. Y es, creo, la única interpretación posible a la hora de la recuperación de las lenguas vernáculas, al amparo del artículo 3.2 de la Constitución. Se trata, por tanto, de ser respetuosos al menos con ellas y no sumirlas en los anaqueles del desprecio y, como consecuencia, del olvido. Este rechazo, tan característico, universal y doloroso entre nosotros en tiempos no tan lejanos, se fundamentaba en la sospecha –siempre la sospecha bajo la mirada del ojo que todo lo ve- de que las lenguas minoritarias son alimento de nacionalismos, de la dimensión que sean. Por supuesto, las lenguas no están al servicio de ningún nacionalismo, que no es esa su función, sino de la comunicación de las gentes. Otra cosa distinta es que la persecución haya producido, inevitablemente, efectos contrarios. La lengua, para bien o para mal, ha estado siempre unida al poder, del tipo que sea, económico o político. En este último caso, incluso ha jugado un papel muy importante, tanto para separar como para unir. Piénsese, como confirmación, en los casos del Imperio austro-húngaro, Italia o Alemania.
Bien. Acerquemos el problema a León. El pasado día 27 de enero el Consejo de Europa mostró su malestar ante la «nula promoción del leonés» que están haciendo tanto el Gobierno como la Junta de Castilla y León, tal como se recoge en las páginas de este diario al día siguiente. Dos consideraciones necesarias: La primera tiene que ver con la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, que España se comprometió a amparar con su firma en 1992 y que ratificó en 2001. La segunda ha de referirse al incumplimiento sistemático de la Junta respecto al cuidado que debería ejercer sobre el leonés, a pesar del artículo 5.2 del reformado Estatuto de Autonomía. Dos consideraciones, dos ejemplos más de papel mojado.
La Unesco cataloga el conjunto asturleonés como idioma en peligro de extinción y recomienda su preservación. La Junta, que engloba dos regiones, no siga olvidándose, tiene que activar esta recomendación, que es un mandato moral sobre la pervivencia de una cultura, sin los temores y reticencias que muestra en algunos de los asuntos territoriales. Lo identitario no puede excluir, aniquilar la variedad, la pluralidad, lo específico. Hay ejemplos que indican que no es este el camino. Reducir todo a política, incluida la lengua, es un grave error.