Diario de León

León: El Congreso de la Abogacía de la ruptura

Publicado por
Fernando Rodríguez Santocildes, Decano del Colegio de Abogados de León
León

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Se conmemora estos días el 50 aniversario del IV Congreso Nacional de la Abogacía Española que se celebraba en la ciudad de León en el mes de junio de 1970.

Sólo dos congresos de la Abogacía se celebraron durante la dictadura franquista, el tercero que tuvo lugar en Valencia en 1954, y el cuarto, celebrado en León en 1970.

Contaba el recordado abogado leonés, Luis Revenga Domínguez, alma en la organización de aquel congreso, y por lo que se hizo merecedor de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que la decisión de designar León como sede congresual venía motivada porque «se trataba de encontrar una capital de provincia escasamente politizada, sin industrias que sustentaran grandes plantillas de los que entonces se llamaban productores, sin universidad de revoltosos estudiantes, un lugar en suma, pacífico y apacible donde pudiera trabajarse bajo una perspectiva estrictamente profesional y no política».

Se reunieron en León más de un millar de Abogados, de los que en torno a medio centenar eran pertenecientes al Colegio de Abogados de León; el decano del colegio era Daniel Alonso Rodríguez-Rivas en quien concurría también la condición de Abogado del Estado. Curiosamente sería precisamente en León, en aquel congreso, donde se plantearía la incompatibilidad del Abogado del Estado con el ejercicio de la Abogacía.

En León la Abogacía abriría sus puertas a la sociedad, haciendo, en pleno régimen franquista, especial hincapié en la defensa de los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos

Asistieron a aquel congreso algunos abogados que llegarían a ser posteriormente decanos del Colegio, como Juan Rodríguez García-Lozano, Urbano González Santos Diaz-Caneja, José María Suárez González, o Juan González-Palacios Martínez, y otros, que aun hoy continúan en el ejercicio de la profesión, como Cipriano Gutiérrez López, Ángel Emilio Martínez García o Carlos Callejo Núñez.

Como congresistas asistieron conocidos abogados y abogadas, como Miguel Roca, Antonio Garrigues, Manuela Carmena, Francisca Sauquillo, Gregorio Peces Barba, Cristina Almeida, Pablo Castellanos, Óscar Alzaga, Joaquín Ruiz Jimenez o José María Antras i Badia, entre otros.

León, ciertamente era una ciudad tranquila, y España, en el tramo final del franquismo, pretendía vivir en apariencia de tranquilidad. Era la imagen de una España como la descrita en los primeros capítulos de la serie Cuéntame cómo pasó, en la que apenas un año antes, Juan Carlos de Borbón era designado sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de «Príncipe de España»; un exjugador de futbol del Real Madrid, Julio Iglesias, participaba en el festival de Eurovisión con la canción Gwendolyne, Richard Nixon visitaba España, mientras los hogares españoles se reunían en familia en torno al programa Planeta de Félix Rodríguez de la Fuente.

Las sedes del congreso fueron el Hostal de San Marcos, el Colegio Maristas San José y la entonces Escuela de Comercio (hoy Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa)

Y así fue, el lunes 15 de junio de 1970, a las 12 de la mañana, y tras celebrarse la Misa del Espíritu Santo en la Catedral, tenía lugar la sesión inaugural en el Salón Eminencia del Hostal de San Marcos, con asistencia del ministro de Justicia, Antonio María Oriol y Urquijo, y del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, José Luis del Valle Iturriaga.

La sesión inaugural no estuvo exenta de polémica y aquella pretendida y programada tranquilidad se vería frustrada por la intervención de un grupo de abogados, especialmente llegados a León desde Madrid, y calificados de «desafectos al régimen», pero que —como señalaría el ya citado Luis Revenga— «siempre fueron correctos y respetuosos con la organización del Congreso que asumió el Colegio de León, nuestro Colegio.»

Tenían todo organizado para dejar patente su protesta con el régimen y, según hicieron saber a la organización, «sin entrar en silbidos o abucheos, al más rancio estilo de quienes aprueban o denostan la actuación de un arbitro de futbol» se levantarían masivamente, abandonando la sala en el momento en que el ministro de Justicia comenzase a pronunciar su discurso inaugural.

Conocedora la organización del Congreso de las pretensiones de aquellos «abogados madrileños», y en una cuidada improvisación, tuvo todo dispuesto para que otro grupo de compañeros entraran inmediatamente en la sala y ocuparan los puestos vacíos y apenas se hiciera perceptible la protesta, a lo que contribuyó el presidente del Consejo de la Abogacía abrazando en ese mismo instante al ministro de Justicia, y con claro ánimo de despistar su atención a cuanto sucedía, dijo públicamente: «Permitidme, Sr. ministro, que os abrace en nombre de los abogados de buena fe».

De estos hechos se hacía eco el diario Le Monde días después días después del congreso y cincuenta años después han sido cuidadosamente tratados en el documental de Pilar Pérez Solano La defensa por la Libertad.

Desde la sesión inaugural, el congreso de León de 1970, se desarrolló en el marco de una intensidad dialéctica fuera de lo habitual en aquellos tiempos. Hasta entonces los congresos de la Abogacía y las reuniones de la Asamblea de Decanos, centraban el objeto de sus debates mirando hacia el interior de la profesión, su ámbito de actuación y los problemas suscitados en el estricto ejercicio de la actividad profesional.

Pero el Congreso de León, daría un paso más. Se habló de la profesión, y se sentarían las bases del Estatuto General de la Abogacía que fue aprobado doce años después, en 1982; se habló de aspectos tan de actualidad como el intrusismo profesional, la regulación de los abogados, asesores de empresas, la fiscalidad de la abogacía o la remuneración del turno de oficio y de la justicia gratuita.

En el Congreso de León se habló de mutualismo y previsión social de la abogacía, exigiendo como imprescindible un sistema de previsión obligatoria que facilitase la cobertura, por medio de pensiones suficientes, de las contingencias de vejez, invalidez, viudedad y orfandad y subsidio por defunción. Y es que en aquel momento la previsión social obligatoria del abogado se consideraba a todas luces insuficiente.

Pero en León la Abogacía abriría sus puertas a la sociedad, haciendo, en pleno régimen franquista, especial hincapié en la defensa de los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos; en León se habló de derechos humanos y de la importancia de sustentar el principio de justicia en el contenido de la Declaración Universal de los Derechos humanos, «como expresión viva de la general conciencia jurídica».

Se exigió la supresión de las jurisdicciones y tribunales especiales, trasfiriendo a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los asuntos a aquellas encomendados, propugnando que la jurisdicción militar limitara su actuación al conocimiento de delitos específicamente militares, así como la desaparición entre otros del Tribunal de Orden público y la transferencia a la jurisdicción ordinaria de la competencia en materia de medidas «precautorias o correctoras» que se conferían al Patronato de Protección a la Mujer o a la Jurisdicción Especial sobre Peligrosidad Social o de Vagos y Maleantes.

El Congreso de León, también se ocupó del régimen penitenciario de los «presos político-sociales, de la libertad condicional o de la redención de penas por el trabajo» invocando la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.

Como conclusión se acordó también proponer a los poderes públicos la concesión de una amnistía general que se extendiera a la totalidad de los delitos de carácter político o social cometidos hasta entonces, así como la abolición de la pena de muerte para toda clase de delitos.

Nadie puede negar la importancia que tuvo aquel IV Congreso de la Abogacía celebrado en la ciudad de León, cuyas propuestas y conclusiones ya permitían vislumbrar los cambios políticos y sociales que se avecinaban en una España que ya no daría marcha atrás y caminaba inexorablemente hacia la democracia y el Estado de Derecho; una España en la que la Abogacía se ha constituido y sigue constituyéndose en protagonista indiscutible en defensa de la justicia, los ciudadanos y el Estado de Derecho.

El Colegio de Abogados y la ciudad de León fueron los anfitriones; una ciudad a quien el abogado malagueño, asistente al congreso, Victoriano Frias calificaría como «hermosa, acogedora interesante e inolvidable» en un artículo que publicaría días después del congreso bajo el curioso título «No es tan fiero León como lo pintan”.

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