domingo 29/11/20

Los desheredados

Con la presentación del Proyecto de Ley Celaá, Lomloe, tendremos la enésima Ley en el Sistema Educativo que contiene elementos clave en la desvertebración, ya bastante patente, de la Educación española. Los actuales chiringuitos autonómicos están ya dirigiendo la educación por derroteros inimaginables en cuanto a las cuestiones que se tratan en el currículum escolar, por ejemplo, que haya lugares donde no se estudie en ningún momento el mapa de España y sus autonomías, sino el mapa europeo, o el mundial; que se prioricen contenidos peregrinos sobre la familia, la sexualidad a los 6 años o que se segregue a alumnos por su idioma.

Los tres elementos clave para la desintegración de la Educación española son, por este orden: la eliminación del español como lengua vehicular, el nombramiento político de los inspectores de educación, y la ausencia de libertad de elección de centro, acorralando a la enseñanza concertada. Aunque hay muchos más elementos cuestionables en el Proyecto, estos son los más ideológicos y destacados por su incidencia en la formación de los futuros escolares.

La persecución del español durante cuarenta años en autonomías como Cataluña ha sido la palanca más poderosa entregada sucesivamente por gobiernos de PSOE y PP al independentismo. Nadie, ni dentro ni fuera de España, entiende que pueda perseguirse y sancionar a las personas por usar la lengua de su país, por rotular en esa lengua (sí se puede rotular en cualquier otra lengua del mundo, incluso en chino mandarín) o por defenderla y utilizarla. Tuve la desgracia de ver a un energúmeno independentista que iba a ser multado por la policía de Barcelona, encararse con el funcionario y decirle que lo denunciaba por usar el español en la multa, con el resultado de que el policía atemorizado no lo multó y el energúmeno se fue con grandes risotadas y muestras de triunfo. Esto ocurre también a los profesores en los centros de Primaria y Secundaria que son marginados, ninguneados y despreciados si usan el español, amén de que las comunicaciones con los padres y la administración son exclusivamente en catalán por orden de la Consejería pertinente. No es tan acusado el problema en otras autonomías pero lleva el mismo rumbo, dado el buen resultado para los exaltados y separatistas que ha tenido ese modelo. En muchas escuelas autonómicas ya no se imparte nada en castellano y se desprecia la lengua común, haciendo imposible su uso y enseñanza.

El segundo factor clave es más descarado e ideológico: la inspección educativa. Con origen en los veedores de la Edad Media, influencia de la Hermandad de San Casiano, toma forma legal a mediados del siglo XIX, mediante el Real Decreto de 30 de marzo de 1849, que creó la Inspección de enseñanza primaria profesional, con hitos en la Constitución de 1812, que recogió la Constitución de 1978 en el artículo 27, se trata de un cuerpo técnico, que ha sido transferido a las autonomías, que tiene amplia tradición que tiene funciones destacadas para controlar y supervisar el funcionamiento educativo y organizativo de los centros públicos y privados, así como los programas que en ellos  se desarrollan. Desde sus orígenes el acceso al cuerpo de inspectores de educación había sido por oposición directa y única para todo el Estado, con lo que su prestigio y sus capacidades técnicas y neutrales se aseguraban. Ellos tienen que velar por la calidad del sistema educativo y su origen los hace independientes y profesionalizadores, aunque en los últimos tiempos en algunos lugares se han deslizado hacia pendientes derivadas del poder autonómico. La nueva Ley se quita la careta y se propone su acceso y nombramiento con criterios subjetivos, políticos, de amiguismo, ambiguos o directamente arbitrarios, por la correspondiente autonomía. Es una barrera más para eliminar la calidad de este cuerpo técnico e implementar el subjetivismo político en educación.

El tercer elemento es el ataque a la concertada, que es muy llamativo porque quienes lo perpetran envían sus hijos a este tipo de educación. Recordar que fue el Partido Socialista en 1985, con la Lode, quien financió por primera vez la educación privada en España. Así se siguió hasta ahora basándose, por un lado, en la libertad de elección de centro que consagra la Constitución, y por otro, en la llamada demanda social. Con esta ley se cede a las Administraciones públicas la planificación de la educación y de los puestos escolares, del mapa escolar y supedita los conciertos, no a la demanda, sino a la disposición de los recursos públicos. Esto ha puesto en pie a este tipo de enseñanza al considerar que la petición de los padres no es la determinante en la supervivencia de un centro, sino la conveniencia y planificación pertinente de la escuela pública. Teóricamente puede parecer inofensiva la idea, pero quienes ya hemos navegado por el proceloso mar de las sucesivas reformas educativas, sabemos lo que va a ocurrir: que se van a cerrar muchos centros concertados; van a surgir privados elitistas y carísimos para quienes puedan pagarlos y los más favorecidos van a verse más beneficiados con esta Ley que pretende proteger a los débiles. Sin embargo, los desheredados serán los más perjudicados.

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