lunes. 08.08.2022

En España se presentan cada día una media de 442 denuncias por violencia de género, lo que totalizó más de 162.000 a lo largo del año pasado. Pero esas denuncias tan sólo se sustanciaron en 41.073 sentencias condenatorias, lo que representa que solo un tercio de las denuncias concluyen con un juicio y que en uno de cada cuatro procesos el procesado consigue la absolución. El alcance de las cifras nos ofrece una idea bastante clara de la enorme dimensión del problema social que representa, más allá de la irreparable pérdida de vidas humanas con que concluyen algunos de los casos.

Sería injusto afirmar que el abordaje de la violencia de género no ha ofrecido importantes pasos adelante en los últimos 15 años. Desde la toma de conciencia hasta la implementación de medidas de protección para las víctimas, pasando de un constante trabajo de conciencia social y un progresivo proceso de mejora legislativa. Y, sin embargo, a la vista está que el margen de mejora sigue siendo enorme en todos los aspectos de esta lucha social que cada día implica más recursos, a más profesionales y que concita un amplio consenso social.

Casi de una forma irreflexiva, surge la duda sobre qué más puede hacerse para atajar este volumen de violencia y sus consecuencias. Y aunque todos y cada uno de los ciudadanos deben sentirse involucrados en la medida de sus posibilidades, determinados colectivos profesionales, como es el de la abogacía, tenemos que poner todo lo que está en nuestras manos para que ese avance se produzca lo más rápidamente posible.

Los Colegios de la Abogacía españoles disponen ya de más de 20.600 profesionales inscritos en los turnos de asistencia para violencia de género, prestación que se realiza de forma completamente gratuita para las víctimas y que resulta absolutamente esencial para encauzar todo el proceso legal desde el primer momento. Tan es así, que una de nuestras reiteradas reivindicaciones en los últimos años que sea la Policía o la Guardia Civil quien requiera la presencia de un abogado o abogada especializada en violencia género incluso antes de completar la denuncia policial.

Uno de los elementos que las instituciones colegiales consideramos decisivos para avanzar con más agilidad en la consecución de nuestros objetivos no es otro que la formación. Cuanto mejor conozcamos el funcionamiento del proceso, mejores serán los resultados que obtengamos en la consecución de condenas para los agresores.

A eso nos aprestamos precisamente los próximos días 6 y 7 de este mes de julio en el transcurso de las X Jornadas de Abogadas y Abogados de Violencia de Género que organiza el Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con el Colegio de Abogados de León y que se celebrarán en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León.

Los principales expertos en violencia de género de nuestro país van a pasar por estas jornadas en las que el objetivo no es otro que desbrozar los obstáculos legales que nos limitan el avance en la carrera por frenar a los agresores y proteger a las víctimas. Magistrados, fiscales y, naturalmente, abogados y abogadas vamos a estudiar la evolución de los procesos, a enfatizar los aciertos, a destacar los obstáculos que pueden ser removidos y, finalmente, a obtener una serie de conclusiones que elevaremos a quienes están capacitados para poner en marcha los cambios organizativos y legislativos precisos para mejorar los resultados.

El contenido de las ponencias y del debate será principalmente técnico jurídico, pues quienes están inscritos en estas jornadas son quienes llevan a cabo la práctica de defensa de las víctimas. Pero a todos nos gustaría que al menos sus conclusiones tuvieran una trascendencia social, pues tenemos claro que la lucha contra la violencia de género debe involucrarnos de una manera decidida a todos.

Y, especialmente, debe suceder así en todo lo relacionado con el cuidado de quienes sufren la violencia. «Más protección para las víctimas» es precisamente el lema de estas jornadas, con las que esperamos seguir contribuyendo a limitar los efectos de un comportamiento que nos avergüenza como sociedad.

Más protección para las víctimas
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