Los puertos de Babia ¿Cuarto pilar?

HACE algunos días decía José Saramago que después de pasar por distintas edades, la de cobre, la de bronce, la de hierro..., habíamos llegado a la edad de la mentira. A mí no me gustaría que en el tema de los Puertos de Pinos se engañase a nadie para entrar a formar parte de esta nueva edad. El señor Eduardo Fernández García es un desconocedor del fondo y la raíz de este problema. Juega con los intereses de las Juntas Vecinales como nadie antes lo había hecho y quiere ahora cuestionar al abogado que escogimos. Por este motivo nos quieren dejar indefensos y juegan con nuestros derechos en el puerto y nos desprecian. ¿Deberíamos haberles pedido permiso para elegir abogado, pues tal vez otro abogado les podría ser más cómodo? ¿Existe libertad? ¿Las juntas Vvecinales pueden actuar libremente dentro del marco legal? Nuestros derechos de pastos no tienen límite en el tiempo ni en el número de cabezas de ganado y no vamos a aceptar ninguna limitación. Si ahora aceptamos límites en el tiempo, mañana viene el ayuntamiento de Mieres y nos limita también el número y pasado mañana nos quitan los derechos y todos contentos es especial los de Mieres. Se acabaron los problemas y los políticos de Castilla y León ya podrán descansar después de tanto trabajo e incomodo. Nuestros derechos están en las escrituras de compraventa y ahora va el señor Delegado de la Junta y nos obliga a renunciar a algo que está reconocido en un documento legal. ¿Cómo vamos a renunciar a algo que es nuestro? El ayuntamiento de Mieres siempre ha tenido con esos derechos un grave problema, es una carga que debe de soportar a pesar de ser propietario legal de esos puertos. Tal vez se lo debían haber pensado cuando realizaron dicha compra. Desde que la propiedad pertenecía a la Colegiata de San Isidoro los derechos se vinieron utilizando de la misma forma por los pueblos de León, incluso en algunas épocas con mayor intensidad. La compra por parte del ayuntamiento de Mieres se realizó en el año 1925 y en el año 1929 ya empezaron los problemas, se dieron cuenta de que habían hecho una compra a medias, es decir, con cargas no sopesadas en su momento. En Mieres, cuenca minera por excelencia, en ese momento había poco ganado pero como Pola de Lena les quitó los derechos que tenían en su concejo les apresuraba la compra de otros terrenos sin sopesar a fondo el peso de esas cargas en un futuro. Don Paco Sierra Pambley quiso que esos derechos históricos se reflejasen en las escrituras y así lo dejó en su testamento, como persona ilustrada y culta tal vez atisbaba el futuro. Él como propietario siempre respetó esos derechos históricos y siempre mostró apoyo y cariño hacia los pueblos de Babia y sus habitantes. Mieres cada pocos años (cambios políticos), afán de protagonismo, aspiraciones partidistas) intenta con alguna argucia nueva limitar esos derechos pero nunca, hasta hoy, lo ha conseguido. Después de 80 años de aguantar sus intentos ahora vamos y les abrimos las puertas. Ellos siempre vivieron en la legalidad en esos puertos (construcciones ilegales, carencia de todo tipo de licencias, policía municipal en los puertos, vertidos, pistas ilegales...) ahora resulta que somos nosotros los ilegales cuando ejercemos unos derechos legalmente reconocidos. Nosotros no estamos fuera de la ley como ellos, cumplimos con los deberes y ejercemos los derechos. ¿O tampoco se pueden ahora ejercer libremente los derechos que tenemos reconocidos en un documento legal? Ahora hablan de calidad y cantidad de pastos, pero no se acuerdan cuando ellos metían en los puertos 2.500 cabezas de ganado entre vacas y yeguas y a pesar de ello en septiembre los alquilaban para ovejas. ¿Quién conoce y cuida los pastos de Babia mejor que los ganaderos babianos? ¿No vendrá ahora algún académico a darnos lecciones magistrales sobre el tema? ¡Que bárbaros los ganaderos babianos que no sabemos cuidar la calidad de los pastos y, a pesar de ello, son de calidad única e incomparable! Sólo espero y deseo que este problema sufrido por mis abuelos, mis padres y finalmente también por mí no tengan que heredarlo también mis hijos. YA TENEMOS Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (30/11/06), y doña Amparo Valcarce la anda publicitando. Bueno es que congresistas y senadores se pongan de acuerdo para algo más que subirse la paga. Hay que felicitarlos. Sin embargo doña Amparo toma la parte por el todo, como quien coge el rábano por las hojas, con olvido cuco de «los otros dependientes» , especialmente de quienes -sin padecer invalidez- sufren una gravísima dependencia económica para lo básico; lo cual les impide desarrollar su potencial humano, la creatividad y hasta el espíritu emprendedor en lo económico. Sobran ejemplos: parados forzosos, mujeres dependientes del sueldo del marido o del amante, jóvenes sin un euro para piso, emanciparse o formar una nueva familia... a estos los ignora la ley que incluye «a todos los dependientes». La nueva ley supone un incuestionable avance, pero no tanto como nos quiere hacer creer el PSOE. Establece un paquete de servicios denominado Sistema Nacional de Dependencia especializado en el sector de población con discapacidad: mayores y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos para actividades básicas de la vida diaria, personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y menores de tres años con discapacidades. Dicho sistema es intelectualmente comprensible dentro del auténtico cuarto pilar del Estado de Bienestar; que es, según se enseña en Trabajo Social, el conjunto de los servicios sociales «generales» (dirigidos a toda la población) y los «sectoriales» (orientados a atender sectores de población con especiales necesidades, como es el caso). Así que, de ser pilar, sería el «quinto», no el cuarto que ya existe y conviene desarrollar. La Nueva denominación se da de coces, sin razón suficiente ni avance teórico que la justifique, con el planteamiento común de los técnicos del Trabajo Social que somos trabajadores sociales. Doña Amparo no escucha a Dña. Rosa Valdeón (PP); tampoco hace caso a Dña. Patrocinio de las Heras, actualmente diputada de la asamblea de Madrid por el PSOE, quien fue Directora General de Acción Social entre 1982 y 1990, y Presidenta del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. Para esta última, dicho cuarto pilar son los servicios sociales, no una parte de ellos. Los otros pilares son: la salud, la educación y la seguridad social (Diario de León 29-11-05). Si no me cree, pregunte en los colegios profesionales o a los profesores de Trabajo Social. Si propongo la innovación de la Renta Básica lo hago basándome en razonadas y profundas aportaciones teóricas y técnicas, como es el caso de Teoría Alternativa, de don Ramiro Pinto Cañón . La señora secretaria de Estado de Asuntos Sociales no aporta nada parecido, sino propaganda vacía de sustancia científica, aunque está bien por su contenido social. A lo más, puede justificar lo de «cuarto pilar» por delante del conjunto de servicios sociales - y como algo substancialmente distinto de ellos- basándose en la enorme dimensión que ocupará en los presupuestos del Estado y las Comunidades Autónomas. Si así hace, logrará poner en evidencia un desequilibrio presupuestario que privilegia la atención de un sector de población (mayoritariamente viejos «asistidos» y sus cuidadores), a costa de no atender otros sectores y áreas de necesidad social, tanto o más acreedores de atención, pero que prometen menos réditos electorales y no permiten maquillar el paro con la creación de empleo precario para la mujer. Me ahorro analizar la financiación de la ley que, a diferencia de nuestra propuesta de Renta Básica, carece del correspondiente acompañamiento de medidas fiscales estructurales que la hagan sostenible indefinidamente. ¿Con qué pagarán los pobres que no tienen bastantes ingresos? ¿Pagará por ellos el Estado? ¿Lo hará con los fondos obtenidos por el atraco fiscal «progresivo» que cada año se perpetra contra los asalariados, mientras que las ganancias de la especulación siguen sin colaborar al sostenimiento del bien común, o siguen haciéndolo en un porcentaje irrisorio...? Este análisis lo dejo para especialistas en econometría y política presupuestaria ¿Por qué no promueven una Ley General de Servicios Sociales como la General de Sanidad que nos dejó Ernest Lluch? Y, si no les gusta a las comunidades autónomas celosas de las competencias «exclusivas» en materia de asistencia social (artículo 148 CE), que preparen una ley de armonización en materia de servicios sociales, porque así lo exige el «interés general» (artículo 150.3 CE). ¿Qué impide iniciar el prometido debate sobre la Renta Básica de Ciudadanía en sede parlamentaria? ¿No encaja con el compromiso de Rodríguez Zapatero, en su carta electoral para marzo de 2004: «El crecimiento económico equilibrado, no para beneficio de minorías, sino para lograr una sociedad más justa y próspera para todos»? Ha llegado el momento, pues el Parlamento Europeo ya la admitió a estudio y debate.