¿Para qué sirve el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

En el año 2021 cuarenta y cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que se califica oficialmente como violencia de género. Son solo una parte de los 74 feminicidios contabilizados. Más de 6.000 mujeres maltratadas a diario según los datos del Ministerio de Igualdad. La violencia contra las mujeres constituye uno de los problemas sociales más graves. Según esta fuente, una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer. Las denuncias por violencia machista presentadas en España en los tres primeros trimestres de 2021 fueron 120.813.

Más del 10% de las adolescentes españolas han sido insultadas o ridiculizadas por su pareja, han sufrido un control abusivo, han sido aisladas de sus amistades o presionadas para realizar actividades sexuales que no querían practicar. Son las formas más comunes de violencia machista que afectan a las menores, según el estudio  Menores y Violencia de Género de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (2020).

En Castilla y León hay 3.100 mujeres en seguimiento y 1.600 de ellas cuentan con protección policial. En la provincia de León las órdenes y medidas de protección adoptadas han sido 290; una orden de protección cada día y un condenado por violencia machista cada tres días.

A pesar de la evidencia que reflejan estos datos, la ultraderecha niega la realidad de la violencia machista a través de mensajes de los que se hacen eco algunas instituciones y algunos medios de comunicación. Por eso no es de extrañar el incremento en un 40% de chicos que se sienten legitimados para afirmar que la violencia de género es un «invento ideológico» (estudio Centro Reina Sofía, 2021).

Los datos estadísticos de la violencia que se ejerce contra las mujeres demuestran que su magnitud supera a todas las demás, y sin embargo parece ser la más insignificante para las instituciones, para los medios y para la sociedad en general.

Ante esta realidad cabe preguntarse: ¿Es necesario seguir financiando el Pacto de Estado? Por supuesto, como reconoce la última macroencuesta (2019) del Ministerio de Igualdad y el Consejo General del Poder Judicial para atajar este problema que afecta a toda la sociedad. A la violencia física, se suman la violencia sexual, psicológica, económica, las agresiones sexuales, el ciberacoso, la explotación sexual y reproductiva o la pornografía. Son algunas de las múltiples formas que adopta la violencia masculina contra las mujeres para mantener su subordinación.

Ante el tratamiento que, con frecuencia, las instituciones y los medios dan a la violencia machista como algo inevitable y anecdótico, en lugar de reaccionar, la mayoría de las personas contribuimos a ella manteniendo niveles de desigualdad y beneficiando al sistema económico y social basado en la sobreexplotación y subordinación de las mujeres. Las administraciones públicas se afanan en establecer medidas que no abordan las causas estructurales del problema de la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

El Pacto de Estado contra la Violencia Machista se firmó por todos los grupos políticos en 2017, con una duración de 5 años. Reconocía la urgencia de actuar de forma decidida y con financiación concreta, considerando la violencia machista como un asunto de Estado, la mayor expresión de deterioro de la convivencia de nuestra sociedad. En el Pacto de Estado estaba previsto que la comisión de seguimiento parlamentaria emitiera un informe sobre la fiscalización del contenido del gasto y los logros y avances de las medidas realizadas. Después de 4 años, y sin perjuicio de algunos avances, no ha sido así. Esta comisión, que tenía la obligación de reunirse anualmente y emitir un informe, se ha reunido por primera vez en octubre de 2021 y no ha hecho públicos los datos del uso, justificación y control del dinero que reciben las CC AA y ayuntamientos para cumplir con los objetivos del Pacto de Estado.

En estas instituciones, por lo general, no se practica la transparencia. Pero por la información que tenemos como ciudadanas preocupadas, hemos comprobado que parte de estos fondos han sido destinados a una serie de actividades inconexas, muchas de las cuales nada tenían que ver con la erradicación de la violencia machista. Por ejemplo, el dinero se ha gastado en objetos y material superfluo, efímero, inservible para el objetivo previsto, como servilletas, bolsas, mascarillas, etiquetas de vinos, gorras, botellas, frascos de hidrogel … Todo ello con la ilusoria pretensión de luchar contra la violencia machista y con la nada ilusoria pretensión de hacerse propaganda. La consecuencia es la triple traición al Pacto de Estado: utilización inapropiada de sus fondos, no cumplir con sus objetivos y al mismo tiempo frivolizar sobre la violencia contra las mujeres.

Sin acciones que formen parte de un programa evaluable y que se prolongue en el tiempo, encaminadas a que la población conozca las causas profundas y extensas de la violencia machista, sus consecuencias y la necesidad de erradicarla, de nada sirve seguir gastando dinero.

En las actividades programadas que cumplen con los objetivos del Pacto de Estado percibimos, muchas veces, el escaso esfuerzo por parte de la propia institución que las organiza para informar y atraer a la población en general, de forma que la actividad sirva para el rechazo y la prevención de la violencia machista.

Salvo honrosas excepciones, no hay voluntad política de acabar con la violencia machista, que se aborda como un apartado menor de las funciones de ayuntamientos, comunidades y Estado. Por eso no se cumplen los requisitos de control de financiación, programación y objetivos claros contra la violencia machista y sus causas. Por eso se está produciendo un retroceso en la percepción de la misma, e incluso se alimenta la irresponsabilidad ante este grave problema humano, algo a lo que contribuye la entrada de la ultraderecha en el Parlamento. Pocas Administraciones, desde el Ministerio de Igualdad hasta el Ayuntamiento más pequeño están cumpliendo con sus deberes, y de paso mal utilizan el dinero público. (El Pacto de Estado posibilita la mancomunidad de ayuntamientos pequeños con este fin).

Frente al machismo no es suficiente con atender y sanar las heridas de sus víctimas. Hace falta erradicarlo adoptando, de una vez, esas medidas que aborden las causas y que sean capaces de transformar la realidad machista y violenta que vivimos.

El Gobierno y todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, cerraron el pasado 25 de noviembre un acuerdo para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre los compromisos quieren hacer permanente la obligación de dotar de una financiación pública estable, suficiente, adecuada, y con independencia del ciclo económico, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su detección y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas por parte de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales.

Estamos de acuerdo en que se prolongue el Pacto de Estado, siempre que se cumpla con la obligación de control de la financiación y de evaluación de las actuaciones, que deben ser programadas por personas debidamente formadas y analizar las causas de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva feminista.