Qué votar el 28-M

Titulo «qué votar», no «a quien votar», subrayando la importancia de considerar preferentemente las propuestas políticas que promuevan la dignidad de la persona y los derechos humanos, así como el bien común, comenzando por la justicia y la atención prioritaria a las personas y sectores sociales deprimidos.

Primeramente, apunto que siempre hay un porcentaje importante de ciudadanos que se abstienen de votar, por despecho hacia partidos y actores políticos o por simple desidia. La mayoría de ellos pertenecen a sectores sociales en situación de marginación, pobreza, paro y precariedad, en contraposición a los ciudadanos de clase media y alta, que sí suelen participar en las elecciones. Con ello, ese núcleo importante que no vota está favoreciendo indirectamente unos resultados electorales que seguramente no favorecerán la mejora de sus condiciones deficitarias de vida. Todo ciudadano debiera considerar la acción de votar como el primer derecho y deber ineludible de participación y colaboración en la vida social. Si alguien se permite la abstención en las elecciones, ¿con qué derecho se atreverá a protestar o reclamar posteriormente?

Pero votar es una cuestión ética. Los partidos políticos y los candidatos electorales ofrecen de alguna manera un plan de acción política, social, económica, laboral, educativa, sanitaria, etc., que prometen desarrollar. Estas ofertas políticas han de ser valoradas por cada ciudadano en función de su adecuación o no con los valores y criterios que consideramos fundamentales para la vida personal y social. Se debería votar no en función de consideraciones personales o incluso partidarias, sino desde el análisis y consideración de aquellas propuestas programáticas de los partidos que redunden en el mayor bien o verdadero progreso social. Con mi voto apoyaré o no a una opción política determinada que favorecerá o perjudicará la vida personal y social de los ciudadanos. Por lo tanto, mi elección concreta reviste una gran responsabilidad moral.

Resulta fundamental la consideración de la dignidad de la persona y los derechos humanos. Primeramente, la centralidad de la persona, de cada persona, en todos los ámbitos: participación democrática, economía, trabajo, vivienda, salud, educación, migraciones… Adolecemos de una grave miopía social o de una radical hipocresía en el incumplimiento, bajo cobertura legal, de estos derechos básicos que salvaguardan la vida y dignidad de las personas. ¡Cómo puede haber tantas personas, especialmente jóvenes, sin trabajo o en situación de grave precariedad laboral, y sin acceso en tantos casos a recursos económicos que les permitan sobrevivir! ¡Cómo se permite legalmente y también en la apreciación de los ciudadanos el desproporcionado coste de la compra o el alquiler de la vivienda, inasumible para las familias de ingresos básicos!; la vivienda ha de ser considerada como un derecho primario al mismo nivel de la salud o la educación. ¿Cómo se explica el deterioro progresivo desde hace más de diez años del nivel de atención sanitaria?; ¿es cierto que se da una intención oculta de privatizar la atención sanitaria, y también la educación y otras actividades, en detrimento de los servicios públicos? Sobrecoge la constatación de la situación de los migrantes, que vienen arriesgando extremadamente su vida y gritando un SOS de supervivencia, pero se encuentran con la explotación y abusos indecibles en las rutas migratorias y al final son violentamente —y a veces mortalmente— rechazados en las fronteras de nuestro país; más de tres mil ahogados cada año en el cementerio en que se ha convertido el Mediterráneo y también el Atlántico frente a las Canarias. Es toda la Unión Europea la que está obligada a diseñar un plan de acción sobre las Migraciones, teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados, desde la promoción del desarrollo justo de los países de origen a las condiciones de acogida e integración de los migrantes en Europa. La acción que prevalece en la actualidad es de carácter totalmente represivo e incluso contraria a los derechos humanos de los inmigrantes. Otro tema importante es el de la fiscalidad, que debiera establecerse en proporción a los ingresos, gravando más a las instituciones bancarias o empresariales y personas físicas de mayor nivel de ingresos -pero que suelen a eludir su aportación fiscal a través de subterfugios legalistas o de evasión en paraísos fiscales-; resulta que quienes más aportan son los sectores populares a través del IVA especialmente.

Un aspecto muy importante es el de la llamada «España vaciada», el mantenimiento y acrecentamiento de municipios y pueblos del ámbito rural. Se debiera valorar la agricultura y la ganadería como un sector productivo fundamental, digno de una mejor rentabilidad económica y comercial. Son territorios tan amplios y tantos pueblos que disponen de recursos monumentales y culturales de máximo valor, paisajes y entornos de gran belleza… Resulta necesario y justo imaginar y diseñar acciones creativas que potencien a todos los niveles -económico, laboral, cultural, sanitario, digital…- su calidad de vida.

Podríamos considerar además aspectos de la vida política y social como el derecho a la vida desde su comienzo en el seno materno hasta la muerte natural, ante la aprobación generalizada del aborto y la eutanasia por parte de la opinión pública y de la mayoría de partidos políticos; la calidad educativa desde una visión antropológica y axiológica humanizadora; la igual dignidad y derechos de las mujeres que se han de concretar en los marcos de la vida familiar, laboral, etc.; la calidad democrática cifrada en los valores de respeto, dialogo, escucha, colaboración frente a la dinámica creciente de descalificación polarizada entre partidos…

Cada ciudadano debe considerar como tarea personal responsable el análisis y valoración desde la ética social de las distintas propuestas políticas y también de las personas que se presentan como candidatos electorales. No existirá, sin duda, una propuesta perfecta o ideal, pero sí ofrecen cada una de ellas un plan de acción política-social que ha de ser valorado responsablemente por cada ciudadano y votar en coherencia con su apreciación moral. El criterio último, repetimos, se resume en votar a quienes ofrecen de forma creíble las respuestas positivas más efectivas a los mayores problemas de la vida personal y social, poniendo la prioridad en la dignificación de los sectores sociales más empobrecidos.