viernes 21/1/22

Venimos asistiendo en España a una prolongada situación de alta crispación política. Viene siendo habitual, como característica casi sistémica de la dialéctica política entre los partidos, la descalificación mutua en todo momento y en prácticamente todos los proyectos y acciones políticas que se proponen. Parece una especie de juego infantil de gana-pierde, utilizando todas las tácticas a mano. No se analizan las cuestiones con el mínimo rigor ni se tienen en cuenta su necesidad o adecuación a la realidad. No se manifiesta siquiera una mínima sensibilidad ante la gravedad o urgencia de determinadas situaciones.

Hay problemas muy acuciantes en España que requieren una intervención inmediata. Una situación, muy local, pero sangrante, totalmente inhumana, es la carencia de corriente eléctrica y de calefacción en Madrid mismo, en la Cañada Real, con varios miles de familias soportando una situación de graves carencias, especialmente de frío muy intenso durante el invierno, sin que parezca que nada o nadie se inmute, con las distintas administraciones públicas mirando para otro lado.

La subida imparable y desproporcionada de las tarifas eléctricas; la depauperación del campo, con los aumentos elevados de los insumos y el ínfimo pago de los productos agrícolas, que no cubre siquiera los gastos de producción; la situación económica insostenible de los camioneros, debido a varias causas, una de ellas el aumento del precio de los carburantes…

Y otros problemas críticos y crónicos largamente pendientes, como el alto porcentaje de pobreza, de paro y precariedad laboral —especialmente entre los jóvenes—, casi a la cabeza de la Unión Europea; el difícil acceso a la vivienda —serio obstáculo además para la formalización de una vida conyugal y familiar—.

Como paradigmático, señalo el limbo legal y laboral de miles de inmigrantes, que trabajan duramente en lo que pueden, en tareas que son relegadas por los españoles, y expuestos a la trágala de cualquier tipo de abuso y de explotación. Sin posibilidad o con grandes dificultades para legalizar su situación; para ello, han de haber permanecido al menos tres años empadronados y a continuación lograr un contrato laboral legal, que no resulta nada fácil de obtener. ¿Por qué someter a estos colectivos, que realizan los trabajos más duros e infravalorados, pero necesarios y tan útiles a la sociedad, a requisitos legales y burocráticos innecesarios y, en muchos casos, realmente abstrusos?

Al extremismo nacionalista, patriarcalista y xenófobo —por ende, inhumano— de la extrema derecha, se suma el neoliberalismo capitalista de la derecha, monotemática en los aspectos económico y laboral de defensa de la libertad absoluta de la empresa y de las contrataciones laborales (condiciones de trabajo y despido libres) y la mayor bajada posible de impuestos. Y la izquierda preponderante, jugando a atemperar opciones efectivas, sin afrontar con realismo y justicia las situaciones más graves —las antedichas y otras—, sin arribar hasta el final de sus propias metas y objetivos sociopolíticos; adoptando sí medidas positivas, pero que suelen adolecer de parciales, insuficientes y no implementadas en toda su cobertura-

Y —repito—, en medio de todo ello, la feria descarada y chulesca de descalificaciones ajenas y encumbramiento propio. Parecería un teatro cómico o un vil divertimento político a costa de la vida digna de los ciudadanos.

¿Son conscientes los representantes políticos y las autoridades públicas de la gravísima responsabilidad de sus mensajes y decisiones políticas y administrativas? De ellos depende, en grandísima parte, la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, el trabajo (agrícola, industrial y de servicios), la cultura y la misma vida de los ciudadanos y las familias, y, de forma perentoria, de los ciudadanos pobres o sin recursos.

¿Cómo pueden permitirse estos personajes públicos tanta escenografía superficial y espeluznante de lucha por el poder, sin dedicarse en primer lugar y siempre a atender y servir al pueblo en sus necesidades esenciales? Este tipo de dinámica política de engreimiento personal suena a una verdadera burla del pueblo.

El representante y actor político ha de estar equipado de una serie de características fundamentales. Ha de ser consciente de su misión y compromiso a favor del pueblo. Ha de actuar buscando el bien común, no mediatizado por intereses personales o de partido. Ha de tener definida una opción prioritaria a favor de los colectivos pobres y más desfavorecidos. Ha de poner en el centro de su visión y preocupación la vida, dignidad y necesidades esenciales de cada persona humana. Un político honesto y cabal nunca prestará oídos a la manipulación falsaria, el soborno, el cambalache político y la corrupción.

¿Puede un representante o actor político dormir tranquilo cuando él, desde su función, su partido o su Gobierno, desarrolla proyectos y acciones públicas que directa o indirectamente, por acción u omisión, ponen en riesgo o inciden en el sufrimiento, la enfermedad y la misma muerte de muchas personas?

Es necesario, pues, golpear y despertar la conciencia ética de los actores políticos. Para ello, toda la ciudadanía, que les delega su representación pública, debe también concienciarse y formarse políticamente, disponiendo de una conceptualización adecuada de la democracia participativa y los derechos humanos (y políticos, sociales, económicos, culturales) y con un seguimiento analítico y crítico continuado del proceso político en todos los ámbitos del país (también a nivel internacional, en este mundo globalizado). Es la ciudadanía la que no debe permitir el espectáculo político de hastío que se nos ofrece continuamente.

Se ha de entender la representación y la acción política como una profesión o dedicación vocacional al servicio de la sociedad, al bien común. Como broche final, la valoración extraordinaria que presenta el papa Francisco de la política: «La política, tan denigrada, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común» (Evangelii gaudium 205)

Responsabilidad ética de la política
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