Retrasos que no se justifican en ayudas sociales

Cuando las administraciones tienen planes para facilitar ayudas sociales se presupone que sus beneficiarios son ciudadanos con especiales dificultades para evitar convertirse en personas en riesgo de exclusión. Y por ello, si siempre es recomendable que las instituciones públicas paguen en tiempo y forma, la situación se transforma en auténtica exigencia cuando se trata de financiar planes de bienestar como el del alquiler de la vivienda.

En la provincia hay 2.300 beneficiarios de ayudas de este tipo que siguen esperando que se les abonen. El plan de la Junta para 2017 incluye casi tres millones de euros en subvenciones que permiten a esas familias leonesas el poder abonar las rentas de sus inmuebles para evitar el temido desahucio. Por ello se entiende mal que tres meses después de que se hayan aprobado esas cantidades económicas la Consejería de Fomento aún no ha realizado ningún desembolso, generando en muchos casos un problema real a las personas que contaban con ese dinero para poder llegar a fin de mes.

Las ayudas al alquiler forman parten de las medidas del Diálogo Social pactado con patronal y sindicatos. Dan prioridad a las familias con niños o con mayor número de miembros, teniendo en cuenta sus rentas. Parece que no deberían retrasarse los trámites en algo tan fundamental como la vivienda.