Tribuna | La Salud Mental no responde al orden público. Es Sanidad

Soy psiquiatra y psicoanalista con 28 años de trabajo de rehabilitación con pacientes mentales graves de referencia regional en nuestra ciudad. Escribo estas líneas para discrepar del artículo aparecido en el Diario de León de este 28 de enero de 2020 con el título: El Ayuntamiento prepara un plan para los indigentes con problemas mentales . Se inicia con una contradicción en términos: «un 72% de las personas sin hogar sufren trastornos mentales, aunque no estén diagnosticadas».

Si no están diagnosticadas, ¿cómo se sabe que sufren trastornos mentales? Tal afirmación induce a creer que acabar viviendo en la calle es un problema provocado por la enfermedad mental, sin atender a las causas personales y/o sociales que puedan haberlo promovido. Sin embargo, en el segundo epígrafe del artículo —«Un perfil cada vez más joven, sin diagnosticar y que requiere la coordinación institucional»— se señala que este nuevo perfil es el de gente joven golpeada por la crisis. ¿Acaso esto es un problema de salud? ¿Seguiremos, al uso de esta sociedad neoliberal, achacando al individuo todos los fracasos, que adscribimos a la crisis? Parecería que ser arrojados al arroyo, no fuera una responsabilidad social, sino que es un fracaso exclusivamente individual. Deducimos, entonces, que solo el paria es responsable de su situación.

¿Y qué se propone como solución? Diagnosticar patología mental, para en aras de un pretendido bien social, proporcionar los medios para aportar un tratamiento que dignifique a esas personas. Cada vez más, promover la Salud Mental al lugar del mantenimiento del Orden Público. Se habla de proteger a estas personas de la agresividad para si mismos, pero incidiendo en la protección de la sociedad. Y claro que es posible, porque el moderno sistema de clasificación de los trastornos mentales al uso abarca casi cualquier comportamiento no acorde con el ideal social de nuestros tiempos, patologizando lo humano hasta extremos insospechados; tratando fundamentalmente con fármacos el malestar de nuestra cultura y, por ende, haciendo único responsable a cada sujeto de su devenir. Es evidente que cada uno es responsable de sus decisiones y de sus actos, pero esto solo puede ser posible si esas decisiones son libres.

Ciertamente la OMS define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad; es un derecho humano fundamental y que la consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario en todo el mundo, cuya realización requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector sanitario»; es maximalista, demasiado ideal, porque el completo bienestar es inalcanzable para el ser humano; pero subraya que es un derecho fundamental, que no recae en exclusiva en el sector sanitario, de la Salud Mental, a quien no corresponde ser garante de casi nada en un mundo competitivo y propenso a la expulsión de los más frágiles.

El modelo de bienestar se ha visto desarmado; los sistemas de servicios sociales se han burocratizado hasta el extremo de perder de vista al individuo al que atienden y la justicia social atiende a los sujetos porque ya no se toleran sus fallas, sus defectos o sus carencias; el pretendido bien, no puede ser impuesto.

Lo que me lleva al final de mis reflexiones. Se habla de agilizar la incapacidad de los supuestos enfermos mentales, sin tener en cuenta que la incapacitación legal es, ante todo, una defensa del individuo ante los arbitrios de profesionales, familiares, etc. La incapacitación nada tiene que ver con los procesos terapéuticos. Estoy seguro que la Fiscalía, a la que se nombra en el artículo, no se avendrá a conculcar derechos.

Lo que se propone es el tratamiento obligatorio, acortar —se dice en el artículo— los dos años que lleva convencer para que se ponga en marcha un tratamiento voluntario.

Hay propuestas, más humanizantes, que están en marcha o se están instaurando en otros lugares: Samur social, ofertar por parte de servicios sociales de entrada una vivienda digna y luego todo lo demás, entre otros. Y seguro que se nos ocurren más y de propia autoría.

Olvidamos que el pretendido bien, esencialmente el bien común, en demasiadas ocasiones es enemigo de lo bueno deseable y sobre todo, que la salud mental como dispositivo de atención al malestar y el abandono social es el último recurso al que acudir y solo para aquellas personas realmente afectas, que no diagnosticadas, entre otras cosas —y no menos fundamental— porque el diagnóstico muy pocas veces sirve al tratamiento integral y con vistas a la recuperación, si no lo entorpece. Y porque, además, estigmatiza, excluye y anula a la persona. Son su malestar, sus problemas y sus carencias las que hay que tratar y desde todos los frentes.