¡Sálvennos, señorías!
El temerario almirante que conduce la zozobrante Armada del Reino de España no ceja en su empeño de lanzar sus temibles cañones contra el ultimo baluarte de la democracia española: los tribunales de Justicia. Primero se apoderó, hace tres años, del bastión del Ejecutivo con un pacto legal, pero anti-natura, con los dinamiteros de la nación. Luego conquistó el Legislativo, con la ayuda rastrera de todos los servicios del estado, que deberían ser neutrales: TVE, el CIS, la Fiscalía, las televisiones privadas. Finalmente dirige su amenazadora proa contra el baluarte Judicial con una triple embestida al CGPJ, al Tribunal Supremo y ahora al Tribunal de Cuentas para completar la demolición de las instituciones de derecho en España.
Y lo hacen, en el caso del CGPJ, con el argumento más desvergonzado, el que sacaría los colores hasta a una madame de lupanar: acusar a la oposición de anticonstitucional por negarse a renovar ese Tribunal, según el pacto en vigor desde el Gobierno de González Tigre Khan. Porque el argumento de la oposición para no prorrogar ese pacto es tan noble como impedir que se perpetúe «el obsceno espectáculo de que los políticos nombren a los jueces que tienen que juzgarles» (Gallardón dixit) y forzar a que se vuelva al sistema original de que los jueces nombren a sus propios jueces, el más democrático sin duda.
El propio partido que gobierna parecía al principio proclive a afrontar ese cambio pero la irrupción de su socio de pilotaje, ahora en la sombra, en trance de ser procesado por delitos tan graves como denuncia en falso, hizo que el arreglo fuera imposible. Su propuesta para desatascar la renovación del consejo era nombrar por mayoría simple en del Congreso los nuevos jueces del alto tribunal. Si esta Propuesta de Ley se llevara a cabo, el nuevo CGPJ quedara dominado por jueces nombrados por los partidos que gobiernan con las consecuencias bien sabidas: impunidad para todos los delitos pasados y los delitos futuros de sus políticos padrinos y sus cófrades económicos. Menos mal que la intervención de Bruselas ha impedido, por el momento, tal tropelía. Pero la intención del Gobierno era tan manifiesta que hace dudar de su talante democrático.
Ignoro si las reconvenciones de Europa serán bastantes para impedir ese desmán. Ignoro si los jueces del Tribunal Supremo podrán impedirlo, Pero sí les exhorto, desde estas modesta página de diario provincial, a que hagan todo lo que este en su mano para salvar el Estado de Derecho, «salvennos, señorías, o el naufragio será calamitoso».