Segunda oportunidad

Casi dos años después de la promulgación de la llamada ley de la Segunda Oportunidad surge el balance de una norma que pretendía que los empresarios y los ciudadanos en general que fracasasen en una determinada actividad no se vieran atrapados por unas deudas imposibles de pagar, que, de mantenerse, les impedirían rehacer su vida e intentar emprender otro rumbo. El balance no es positivo, ya que desde la puesta en vigor de la ley apenas se han beneficiado de ella unas 1.400 personas, cuando en países como Francia o Alemania son más de 100.000 los ciudadanos que salen cada año por este procedimiento del atolladero vital en que se encuentran. Las razones de la dificultad de aquí son claras: quien podría recurrir a esta salida de emergencia está en general postrado por las circunstancias y no es capaz de poner en marcha la compleja maquinaria de la justicia, que exige como primera providencia contratar a un abogado experto. En otros países, como el Reino Unido, existe una oficina o agencia pública bien dotada. Aquí, como casi siempre, hacemos la norma y nos desentendemos de inmediato.