Stop Desahucios en San Andrés

IU de San Andrés del Rabanedo, presentó hace siete meses una moción al Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo propuesta por la Asociación Stop Desahucios de León, para frenar los desahucios y favorecer el acceso a la vivienda como un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, reflejando las reivindicaciones y necesidades presentadas por dicha plataforma. Pero la portavoz del PSOE de San Andrés, María Eugenia Gancedo, la paralizó alegando que necesitaba informes técnicos que avalaran la legalidad de la propuesta de Stop Desahucios, negándose a votarla y exigiendo que quedara pendiente hasta que estuvieran esos informes técnicos.

Mes tras mes, la Concejala de IU, Eloina Terrón, ha reclamado al equipo de Gobierno del PP que se realizaran tales informes y ha denunciado en los medios de comunicación la paralización por parte del bipartidismo PP-PSOE de unas medidas tan urgentes como necesarias en nuestro Ayuntamiento, muchos de cuyos vecinos y vecinas sufren desahucios como en tantos otros municipios de la geografía española.

En esta moción se propone que, ante la grave crisis social y económica que atravesamos todos los españoles y españolas, y el aumento alarmante de los desahucios, se aplique la exención temporal del IBI para los sujetos deudores que no pueden pagar la hipoteca de su vivienda habitual al banco y estén negociando alguna de las medidas contempladas en el RD 6/2012, modificado por la Ley 1/2013 de 14 de mayo: carencia, quita o dación en pago. Si no fuera posible la exención, se propone la subvención del Ayuntamiento durante un año con cargo al fondo de bienestar social, acogiéndose a la aprobación extrapresupuestaria de la partida económica que la Junta de Castilla y León aprobó hace un mes para ayudas de emergencia para personas en riesgo de desahucio que se gestionan por las entidades locales de más de 20.000 habitantes, como es el caso del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. De esta forma el Ayuntamiento podría autorizar una ayuda de emergencia con cargo a esta partida que fuera equivalente al IBI para que la familia pudiera así pagarlo.

También Izquierda Unida de San Andrés propuso, sumándose a la iniciativa de la Plataforma Stop Desahucios, que, en casos excepcionales, el Ayuntamiento asuma el pago del impuesto de Plusvalía cuando se produzca una dación en pago con el banco, sí y solo sí la entidad financiera no lo asume.

Una tercera propuesta, ha sido que el Ayuntamiento garantice que, en caso de desahucio de vivienda única y habitual (ya sea por impago de préstamo hipotecario o de alquiler), se realoje temporalmente en alguna vivienda vacía de titularidad pública a la persona o familia que lo soliciten y se encuentren en estado de «emergencia habitacional», es decir, que no tengan otro lugar adonde ir, de tal manera que ninguna persona ni familia del municipio se vea avocada irremediablemente a vivir en la calle y a la marginalidad y la exclusión social definitivas. A este respecto, el Ayuntamiento exigirá a la Junta de Castilla y León (a la Gerencia de Servicios Sociales y a la Dirección Territorial de Vivienda) para que ponga a disposición de dichas personas los pisos vacíos de protección pública a su cargo de manera inmediata en caso de que sea necesario.

Por último se ha propuesto la elaboración de un censo estadístico de todas las viviendas vacías en el municipio en propiedad de las entidades financieras, incluido el Sareb (el llamado banco malo), y que dicho censo se ponga públicamente a disposición de toda la ciudadanía. Así como que se incremente el tipo de gravamen del IBI hasta su máximo legal (hasta un 50% respecto al coeficiente que el catastro establece como valor de la vivienda y que en San Andrés está en torno a una media de un 0,73%), o que se cree un nuevo tributo municipal, para que, por el interés general, se graven severamente las viviendas vacías en propiedad de las entidades financieras que se encuentran infrautilizadas, con la finalidad de que las mismas sean puestas en alquiler social a precios asequibles para toda la ciudadanía.

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo considera que la vivienda es uno de los factores más importantes para frenar la exclusión social y la marginación. Es un derecho humano fundamental, sobre este derecho se pueden construir y armar otros. Por eso dado el momento crucial que vivimos es por lo que se ha presentado esta Moción hace ya siete largos meses.

Pero Izquierda Unida se ha escandalizado cuando en el Pleno Municipal Maria Eugenia Gancedo, la portavoz del PSOE y exalcaldesa del Ayuntamiento, alegó la necesidad de más informes técnicos, para postergar su aprobación y el PP se ha valido de ello para ir dilatando indefinidamente su debate en el Pleno. Parece que el «pacto de hierro» de la Diputación entre PP y PSOE va extendiéndose a nuestro Alfoz.

La solicitud de más informes técnicos por parte del PSOE es cuando menos sorprendente, cuando recientemente se han aprobado acuerdos sin informes técnicos y a veces con la mayoría de los informes técnicos en contra, con el voto a favor de todos los partidos políticos, incluido los de esta formación política, excepto el voto de Izquierda Unida. Para Izquierda Unida esta es una medida del bipartidismo para dilatar el trámite y no tener que tomar decisiones políticas a favor de la mayoría social y ante problemas realmente graves de la población, como es la situación de las familias en riesgo de desahucio.

Es escandaloso que en una época de crisis económica, y ante la situación de algunas familias de nuestro municipio que están en riesgo de desahucio en estas navidades, el PPSOE esté dando largas a una reivindicación urgente y necesaria para la ciudadanía en situación de riesgo de desahucio que ya ha sido aprobada en otros municipios. Y más escandaloso que se basen en subterfugios leguleyos para buscar excusas para sus posiciones de defensa de los intereses de los bancos, frente a los derechos de los vecinos y vecinas, alegando informes técnicos que, lógicamente, dirán que con las leyes actuales, a favor de los bancos que han establecido el PSOE y el PP en sus respectivos gobiernos, no pueda ser estrictamente legal lo que plantea la Asociación Stop Desahucios de León.

Izquierda Unida no propone en esta moción cumplir la legalidad a favor de los bancos y sus accionistas, sino cumplir la justicia a favor de los vecinos y vecinas y quienes son desahuciados y tienen que seguir pagando una deuda fruto de la especulación inmobiliaria de los grandes grupos constructores de este país que siguen obteniendo beneficios multimillonarios en el Ibex 35.