viernes 10.04.2020

Un plan para León

La calamitosa situación socioeconómica de la Región leonesa está acreditada con datos públicos bien conocidos: despoblación, envejecimiento, paro, PIB decreciente o tejido industrial que desaparece. La ‘demotanasia’ en el caso de León resulta especialmente dramática, como han recogido en rigurosos estudios las universidades de Salamanca (Carlos Javier Salgado Fuertes) u Oviedo (Sergio Tomé Fernández). Sólo el pasado año, mientras la población del conjunto de España creció, León perdió 2.200 habitantes (y van más de 70.000 desde 1978), Zamora y Salamanca le siguen en descenso de población. Ante esta debacle demográfica y económica, los leoneses estamos ya casi resignados a que nuestros hijos se vayan fuera a labrarse un futuro, pero le dejaremos un lastre de herencia: en veinte años un piso en Ponferrada o León valdrá menos de la mitad que hoy, y una casa en un pueblo no se podrá vender, por una mera ecuación de oferta y demanda.

En este contexto, ha llamado mucho la atención, incluso en varios periódicos europeos, que el alcalde de León haya lanzado un desesperado grito de auxilio, apoyando una moción de la UPL de una autonomía propia para la Región leonesa. Las irrefutables razones históricas que avalan esa reclamación y el espejo de las Comunidades uniprovinciales y el volumen de recursos que gestionan, se confrontan con una realidad de descenso constante en todos los parámetros macro y microeconómicos del viejo Reino de León.

Se ha dicho que la responsabilidad de la situación de León es causa de los propios leoneses y que no tenemos un plan estratégico para nuestra tierra. Es aquí en donde ahora me quiero centrar, porque son ambas afirmaciones muy matizables.

Efectivamente, la nefasta situación económica del Ayuntamiento de León (y San Andrés) se debe a una pésima gestión en las dos últimas décadas del siglo pasado que lastra la actual. Pero eso no puede decirse de la Diputación Provincial ni de la mayoría de las entidades locales leonesas.

Es también cierto que los leoneses somos, en general, poco emprendedores. Pero no lo es menos que la planificación del desarrollo industrial de nuestro país se ha llevado (y sigue llevándose) de esta tierra a los que tenían mayor capacidad para el emprendimiento y mayor formación.

Sería justo recuperar el derogado canon sobre la producción de la energía (Ley 7/1981), para compensar la explotación de un recurso que explotan empresas que no reinvierten donde están los embalses

León ha sido tratado como una colonia decimonónica, tierra de la que sacar materias primas y mano de obra: valles inundados que explotan empresas que tributan y llevan su beneficio fuera; subsuelo minero esquilmado; centrales térmicas cerradas (¿acaso contribuyen éstas más al cambio climático que las grandes ciudades que se llevan toda industria y población?).

Y a cambio hemos tenido una reconversión agrícola y minera impuesta, sin el más mínimo plan de reindustrialización (¿cuántas empresas se han creado en las cuencas mineras con los fondos Miner?). Y también una organización autonómica centralista que, además, “ha desviado las inversiones para Valladolid”, según parece haber manifestado el presidente autonómico del partido que ha gobernado Castilla y León los últimos 33 años.

Pero efectivamente es hora de pasar de las lamentaciones y la búsqueda de chivos expiatorios, a demandas concretas. A ello, sin duda, contribuirá esa Mesa por el Futuro de León que se ha puesto en marcha con representantes de diversos sectores de la sociedad leonesa. Aunque pasar de las ideas a los hechos requiere una organización administrativa dinámica, capaz de hacer ese camino con una tramitación ágil y jurídicamente correcta, con políticas de fomento, contratación pública y captación de fondos europeos, especialmente eficientes. Si no, correrá la misma suerte que las que con denominaciones similares se han constituido en el pasado.

En este contexto, parece oportuno recordar que el presidente Rodríguez Zapatero impulsó una serie de proyectos para el desarrollo de León, asentado fundamentalmente, sobre tres ejes: el logístico, el tecnológico y el turístico-cultural.

La crisis económica y los gobiernos posteriores, abortaron esos proyectos, y es el momento de recuperarlos y reforzarlos: centralizar en el Incibe todos los servicios para los que fue concebido (en parte ahora en Madrid); convertir el aeropuerto en base logística de transporte aéreo del noroeste de España y Torneros en el ferroviario; llevar el AVE a Ponferrada, primer paso a una línea La Coruña-Zaragoza-Barcelona y abrir un eje ferroviario Algeciras-Gijón sobre la abandonada Vía de la Plata; completar la integración de Feve, el Palacio de Congresos, el Emperador, el Parador de San Marcos, la Ciudad de la Energía de Ponferrada, el Centro de Documentación e Interpretación del Camino de Santiago en La Peregrina de Sahagún; las vías rápidas a La Robla y a Cistierna; autovía León-Valladolid….

Otra gran oportunidad representa la unidad operativa de drones (RPAS) del Ejército de Tierra, con sede en El Ferral, potenciando tanto en sus efectivos humanos (el mando está en Valencia) como sobre todo la fabricación de nuevos equipos propios (parte, en el Inta en Madrid), lo que permitiría, además, fomentar titulaciones y proyectos de investigación en la Universidad de León.

Por otro lado, es imprescindible potenciar el protagonismo territorial de las diputaciones provinciales y modificar su régimen de financiación, pues es la Administración que de manera más efectiva puede y debe afrontar el reto demográfico, con políticas activas de reequipamiento rural e industrialización. Para ello es necesario dotarlas de más recursos económicos. La participación en tributos del Estado de las diputaciones no puede estar vinculada a la población total de las provincias, pues las que pierden habitantes reciben cada día menos dinero por esa vía, mientras han de seguir manteniendo las mismas infraestructuras y prestando los mismos servicios. Debe dotarse ese fondo en función a los pueblos (no municipios) inferiores a 20.000, que es a los que por Ley deben atender las diputaciones.   También sería justo recuperar el derogado canon sobre la producción de la energía eléctrica (Ley 7/1981), para compensar la explotación de un recurso natural que explotan empresas que no reinvierten donde están los embalses. Y a la hora de gestionar esos mayores recursos con el objetivo de desarrollo económico, el sector primario leonés tiene un enorme potencial. Por citar solo dos actividades en las que la oferta es muy inferior a la demandada: el lúpulo y la acuicultura continental, en ambas hemos perdido en las últimas décadas más de un tercio de la producción provincial. Y también hay que recordar que el artículo 128 de la Constitución (y el 86 de la Ley RBRL) permite el ejercicio de actividades económicas de mercado, que puede sustituir a la iniciativa empresarial privada donde ésta ya no exista.

A modo de tormenta de ideas, pueden servir éstas para hacer ver que los leoneses reclamamos con justicia proyectos viables para la recuperación socioeconómica de esta tierra, ‘matria’ de España.

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