La Audiencia juzgará el lunes a cuatro antiguos miembros de la junta vecinal

La sección segunda de la Audiencia Provincial de León juzgará el próximo lunes, a partir de las 10.30 de la mañana, bajo el sistema de jurado popular, a cuatro antiguos miembros de la junta vecinal de La Granja de San Vicente (Torre del Bierzo), que ocupaban los cargos de presidente, secretario y dos tesoreros entre los años 1998 y 2003, como presuntos autores de sendos delitos de malversación de caudales públicos, por los que se les solicita una pena de tres años y medio de prisión e inhabilitaciones para cargo público de hasta siete años. Los hechos que se juzgarán por espacio de al menos tres días la próxima semana, datan del año 2003. El presidente de la junta vecinal de aquella etapa, el secretario, y los dos tesoreros con los que contó la población durante la legislatura «con la intención de enriquecerse y valiéndose de sus cargos» según rezan las calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal «se apropiaron de distintas cantidades pertenecientes a la junta vecinal, por valor de 66.779 euros». «Las anteriores cantidades las obtuvieron a través de reintegros de las cuentas bancarias propiedad de la junta vecinal no justificados con facturas o justificantes de gastos, bien a través de facturas expedidas por servicios o bienes no realizados ni adquiridos o bien por facturas expedidas por cantidades superiores a las facturadas en realidad por los deudores». Entiende la fiscal que de la documentación obrante «se desprende que durante este tiempo, han llevado una contabilidad irregular, los recibos no están numerados, no se entregaba copia de los mismos, existen recibos sin firmar y en la mayoría de ellos, no se especifica la prestación realizada y por la que se emite la factura». Tras las elecciones Una vez celebradas las elecciones de mayor del 2003, siempre según las calificaciones del Ministerio Público, tres de los acusados solamente ostentaban sus cargos en funciones «por lo que solamente estaban autorizados a realizar actos de mera administración. No obstante, el 5 de junio del 2003 entregaron al párroco de la localidad 120.202 euros, mediante transferencia bancaria al Obispado de Astorga, bajo el pretexto de sufragar la reforma de la iglesia de La Granja de San Vicente. En la actualidad, no se ha efectuado ninguna reparación, ni consta en el Ayuntamiento que se haya solicitado siquiera la licencia municipal para el inicio de las obras». Los hechos son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos, según la fiscal, por los que pide una pena de prisión de tres años y seis meses para el presidente y el secretario y de tres años de prisión para los dos tesoreros, así como la inhabilitación para cargo público por espacio de siete años, en el caso de los dos primeros, y de seis años en el caso de los dos últimos. Además, se añaden las indemnizaciones pertinentes.