miércoles 30/9/20

Limpieza de sangre

Los estatutos de limpieza de sangre constituyeron en gran parte de nuestra historia, hasta su completa abolición en la Constitución de 1876, una forma de excluir a quienes pretendían ingresar en determinadas instituciones y ejercer ciertos cargos o profesiones; de forma, que los aspirantes a las mismas debían acreditar la inexistencia, entre sus antecesores, de algún condenado a presidio, de algún ascendiente que hubiera incurrido en herejía o, por último, que corriera por sus venas lo que, entonces, denominaban como sangre impura (haciendo con ello referencia a los orígenes judíos o musulmanes). De esta forma, el interesado debía presentar una información minuciosa del árbol genealógico, y si resultaba del mismo que estaba “contaminado” con alguna de estos precedentes, se le declaraba indigno de entrar en la institución o cargo ambicionado.
Los últimos acontecimientos ocurridos en las sesiones del Congreso de los Diputados nos hacen entrever los fundamentos que el legislador de entonces pudo considerar para imponer tan drástica y desenfrenada medida. Actualmente, sin llegar a tamaña injusticia, no cabe duda que también los españoles entendemos necesario que deberían requerirse mayores exigencias a quienes aspiran a formar parte de nuestras instituciones representativas. Al menos, que concurrieran en sus aspirantes las mismas exigencias legales de mérito y capacidad que, por otra parte, se le requiere a cualquier funcionario o empleado público de nuestro país. Ya que no es admisible la situación a la que hemos llegado en la actualidad, en la que los integrantes del Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales tengan una mayor preparación y formación académica que muchas de sus envanecidas señorías, las cuales atesoran, como único mérito, su acreditada docilidad al líder de turno y, como única capacidad, el de saber estar en el sitio y momento preciso en el seno de su partido político, convirtiendo nuestra democracia en una absoluta ineptocracia.
Un país soberano como España no se merece un presidente que tengan como único e inmediato fin de sus desvelos el resultado de los siguientes comicios electorales; tampoco ministras “superdrásticas” de la condición “jo tía, o sea, para nada” que acceden al cargo por vía marital o ministros que pagan el honor y la integridad de sus subordinados con ignominiosas destituciones; ni mucho menos, vicepresidentes del gobierno que propagan y se enorgullecen de la afiliación y pertenencia de su expresidiario progenitor a una banda armada como el FRAP que en los años setenta acabó con la vida de cinco españoles por el único hecho de estar éstos cumpliendo con la misión que el Estado les había encomendado. ¿Pensaría el legislador decimonónico en casos como este último y en otros similares para cerrar a determinadas personas el acceso a las instituciones por medio de la llamada limpieza de sangre? Reflexión que nos lleva a aseverar, con congoja, que nuestro sistema de régimen electoral actualmente en vigor está absolutamente desarmado frente a los herederos de antiguos rencores y los usufructuarios de anacrónicas revanchas.