CyL redujo un 49% el presupuesto de la renta mínima de inserción en 2021
El descenso coincide, según la asociación estatal de gerentes, a la puesta en marcha del IMV

La consejera Isabel Blanco. PABLO MARTÍN
Castilla y León redujo en 2021, con respecto a 2020, un 49 por ciento el presupuesto destinado a Renta Mínima de Inserción, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que considera que «muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social» a través de la Renta Mínima de Inserción tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital.
Un análisis realizado por esta asociación revela que Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Madrid y la referida Castilla y León redujeron sus presupuestos para este fin en torno al 50 % o más y que, aunque algunas destinaron este «ahorro» a programas de inclusión social u otras políticas sociales, como las dos últimas, para otras «supuso sin más una reducción de su gasto social, en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021».
En el conjunto del país, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020 y sólo el 7,1 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas ayudas.
Por comunidades, el informe señala que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual de su ya «exiguo» gasto en Rentas Mínimas de Inserción, con una reducción de más de las dos terceras partes del mismo (66,7 %). Los Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apuntan que en esa comunidad y también en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura las RMI «están siendo sustituidas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV)».
Una situación que «contrasta», añaden, con la de comunidades como la Valenciana, Cataluña y Canarias, «donde se han reforzado como complemento del IMV», con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60 %.
Esta «situación de retroceso, en unos casos, y de refuerzo en otros», afirman, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde las mismas comunidades que han reducido su gasto, reducen «significativamente» el número de personas beneficiarias, hasta en un 73 % en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121 % en la Comunidad Valenciana.
Navarra y País Vasco siguen destacando con elevados porcentajes de beneficiarios.