La Junta amplía la cobertura TDT con las diputaciones y reitera la reivindicación de que el Ministerio se implique

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha destacado el trabajo llevado a cabo por la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales para mejorar y ampliar la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad y ha reiterado la petición al Gobierno central para que se implique en esta materia, de la que es competente.

Sanz Merino se ha expresado así en el marco de la reunión que ha mantenido con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, para repasar los convenios de TDT y Territorio Rural Inteligente firmados entre ambas instituciones, al igual que con las otras diputaciones de la Comunidad.

El consejero ha recordado que la Junta ha aportado a las diputaciones provinciales 585.000 euros para la mejora de la cobertura de la TDT en el medio rural, una partida económica que se reparte entre las nueve diputaciones provinciales (65.000 euros cada una) con el objetivo de que cualquier ciudadano de la Comunidad, independientemente del lugar en el que resida, tenga acceso a una televisión de calidad. Las instituciones provinciales aportan otros 65.000 euros para que la cuantía económica por provincia alcance los 130.000 euros.

A este respecto, Sanz Merino ha destacado el compromiso de la Junta en esta materia, especialmente en las zonas rurales, y ha recordado que se trata de una competencia estatal y que su cumplimiento es esencial para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, puedan ejercer su derecho a una información plural, de calidad y en condiciones de equidad.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital ha vuelto a reinvicar al Ministerio del ramo su colaboración y compromiso en una competencia que es "exclusiva" del Estado. "No somos los competentes y, aunque no sea de nuestras competencias, en el caso sí es de nuestra incumbencia como le suele pasar a la Administración local", ha explicado Sanz Merino, quien ha apuntado que la Administración autonómica tienen una competencia "muy lateral" de la mano de la señal autonómica de televisión, por lo que se colabora en este sentido.

"No tenemos la colaboración del Ministerio, lo venimos reivindicando de manera habitual, una financiación que mejore la señal de televisión", ha insistido.

La Junta de Castilla y León dispone de una red de 648 centros emisores de TDT, lo que permite ampliar la cobertura de las cadenas nacionales hasta aproximadamente el 99 por ciento y la de las autonómicas hasta un 94,5. Esta red da servicio a alrededor de 350.000 ciudadanos, con un coste de mantenimiento anual de 5,4 millones de euros que soporta íntegramente la Administración autonómica desde hace más de diez años. En el caso de Valladolid, la Junta de Castilla y León cuenta con 39 Centros Emisores TDT.

Adicionalmente, a finales del año 2024 se concedieron ayudas por importe de 903.769,69 euros para subvencionar receptores SAT-TDT HD y facilitar que los castellanos y leoneses del medio rural que se han visto afectados por el apagón de la TDT en formato estándar (SD) puedan contar con este servicio. El número total de beneficiarios fue de 2.322, pertenecientes a 613 entidades de población beneficiadas.

En el caso de Valladolid, Conrado Íscar ha apuntado que el territorio de la provincia es plana "para lo bueno y para lo malo" en todo lo que implica la transformación digital.

El presidenete de la Diputación ha destacado el trabajo que se ha llevado a cabo para mejorar la señal de TDT y de telefonía móvil, para lo que se hizo un plan y se firmaron los correspondientes convenios con la Junta, pero también con 40 consistorios para permitir que todo el mundo pudiera ver "su tele", la de Valladolid, algo para lo que se tenían problemas en localidades como Mayorga. Así, se han llevado a cabo una ordenación y mejora de las infraestructuras y se ha asumido su mantenimiento.

Mejora la gestión

Por otro lado, ambos responsables han repasado el avance en la plataforma Territorio Rural Inteligente, que contará con una inversión anual hasta 2028 de un millón de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Este proyecto para la gestión inteligente de servicios públicos mediante sensores de Internet de las Cosas (IoT) cuenta actualmente con 3.500 puntos sensorizados que llegan a 400 municipios de Castilla y León.

El objetivo de esta plataforma es "poner lo mejor de la tecnología al servicio de las personas y avanzar en la modernización de los servicios públicos a través del impulso de la transformación digital", ha explicado Sanz Merino también en ese encuentro en la Diputación de Valladolid.

La partida económica total superará los 1,5 millones de euros con las aportaciones de la aportación de 65.000 euros por parte de cada una de las nueve diputaciones provinciales. Esta plataforma gestiona a través de la sensorización de elementos, servicios públicos determinantes en el día a día de los municipios de la Comunidad como "la gestión de residuos, la vialidad invernal, el patrimonio cultural o la calidad del agua".

Dentro de estos 3.500 sensores, en Valladolid hay instalados 705 en 111 municipios y 32 de ellos cuentan con varios tipos. El objetivo es monitorizar en tiempo real las condiciones que se están produciendo allí dónde están instalados y, en consecuencia, tomar decisiones en tiempo real en base a los datos recogidos y a las alertas que se pueden configurar.

Cabe destacar que 560 de esos sensores de distinta tipología (medidos de energía, iluminación, calorimetría, confort térmico, etc.) están instalados en edificios municipales de 45 localidades de la provincia de Valladolid por la Diputación. Un ejemplo de ello es el Museo Provincial del Vino de Peñafiel.

La labor de la Junta de Castilla y León va más allá de la inversión gracias a su asesoramiento técnico a través de la Oficina de Apoyo a la Smart Rural, que apoya a ayuntamientos y diputaciones. A esto se suma la programación reuniones técnicas con las diputaciones provinciales para asesorarles sobre qué actuaciones pueden ser las más adecuadas a realizar en el marco del nuevo convenio firmado.