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Ecologistas elevará un recurso al TC contra la ley de las macrogranjas

DL | 26 de junio de 2020

Ecologistas en Acción ha anunciado este jueves su intención de promover un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de simplificación de trámites administrativos y ambientales que fue convalidado ayer en las Cortes, para lo que buscará el apoyo del PSOE y Podemos, pero también del Defensor del Pueblo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El portavoz de este colectivo en Castilla y León, Miguel Ángel Ceballos, ha explicado a Efe que desde su aprobación la pasada semana tienen 3 meses para promover este recurso, por lo que ya trabajan en el contenido de los escritos con los que pretenden activarlo.

Por sí misma esta asociación no puede presentarlo, pero la Constitución establece que pueden solicitarlo a través del respaldo de al menos 50 diputados o senadores, para lo que pedirá el apoyo del PSOE y de Podemos, ya que ambas formaciones votaron en contra de su convalidación en las Cortes de Castilla y León. Pero Ecologistas recurrirá también a las otras dos vías que le da la Constitución, como son la presentación de un escrito ante el Defensor del Pueblo y también ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al entender que este decreto puede afectar la ejecución de sendas sentencias dictadas el pasado año contra decretos similares de la Junta.

En opinión de Ceballos, esta norma sirve para desrregular las licencias ambientales de decenas de actividades y «legalizar de un plumazo» actividades que pueden resultar una amenaza para el medio ambiente y para el entorno rural, entre ellas las denominadas «macrogranjas». Cuestionado por el hecho de que el decreto ley trate de limitar la exoneración de la licencia ambiental únicamente a las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, Ceballos ha dicho que es «absolutamente falso», ya que con la redacción actual de la norma, todas las de bovino, independientemente de su tamaño, y las de menos de 2.000 animales de porcino y las de menos de 6.000 aves tendrán que presentar únicamente una comunicación ambiental, sin que los habitantes de los pueblos donde vayan a asentarse tengan posibilidad de alegación. Los votos del PP, Cs y Vox sirvieron ayer para convalidar en las Cortes este decreto ley que pretende dar a las empresas un «mensaje de confianza a los emprendedores», en palabras del vicepresidente Igea, mientras que el PSOE, Podemos y UPL votaron en contra.

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