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El Gobierno aprueba el teletrabajo voluntario para 2,5 millones de funcionarios

Cristina Vallejo | Madrid | 29 de septiembre de 2020

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias. J. J. GUILLÉN
La ministra de Política Territorial, Carolina Darias. J. J. GUILLÉN
El Consejo de Ministros extiende el bono social eléctrico a personas desempleadas o afectadas por Erte

La ley que regula el teletrabajo en todos los niveles de la administración se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. La normativa establece el trabajo a distancia "voluntario y reversible" para 2,5 millones de empleados públicos, según se acordó entre el Gobierno, las autonomías, los ayuntamientos y los sindicatos.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, explicó que el teletrabajo será una forma de prestación del servicio siempre que el puesto lo permita, aunque afirmó que la modalidad ordinaria seguirá siendo la presencial.

Darias insistió en que el trabajo a distancia en la administración tendrá que autorizarse expresamente y su carácter será "voluntario y reversible". La ley marca también que el sector público tendrá que proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios.

El Gobierno también ha aprobado un nuevo supuesto para acceder a la condición de consumidor vulnerable y ser beneficiario del bono social eléctrico. Las personas desempleadas, sujetas a un Erte, que hayan visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados o se enfrenten a otras circunstancias que hayan mermado sus ingresos o los de sus familiares serán consideradas "vulnerables", condición que da derecho a un descuento en el recibo de la luz del 25%. Lo mismo aplica a los empresarios que declaren una reducción de sus ingresos en un 75%.

Hay más requisitos económicos: los ingresos de la unidad familiar en el mes previo a la solicitud deben ser inferiores a los 11.279 euros al año (1,5 veces el IPREM) si no haya ningún menor en el hogar; de 15.039 euros (2 veces el IPREM) en hogares con un menor; y 18.799 euros (2,5 veces el IPREM) si hay dos menores. Quienes estén en uno de estos supuestos deberán presentar una declaración responsable sobre su situación y sus ingresos. El comercializador la comprobará y comunicará al usuario su respuesta.

La vigencia de la extensión del bono social a estos colectivos llegará hasta el 30 de junio de 2021. Esta medida amplía la adoptada con la declaración del estado de alarma, que permitía solicitar el bono social como consumidor vulnerable a los autónomos que hubieran cesado su actividad o que hubieran reducido sus ingresos en al menos un 75%.

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