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León, banco de pruebas para soterrar

manuel c. cachafeiro | león | 25 de septiembre de 2012

Adif estudia una solución que no sólo sea viable para la capital, sino para el resto de sociedades a las que la crisis económica impide ejecutar la integración del ferrocarril con la venta de terrenos de Renfe.

Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, busca un modelo que no sólo sea útil para afrontar el soterramiento del tren a su paso por la capital leonesa sino que pueda aplicarse, teniendo en cuenta las peculariedades de cada caso, a la decena de ciudades que tienen el mismo problema que León: la falta de financiación para pagar las obras de las nuevas vías con las plusvalías de los terrenos de Renfe como consecuencia de la crisis. Son, entre otras, Gijón, Zaragoza, Alicante, Valladolid, Palencia... El Adif había planteado costear las infraestructuras vendiendo los terrenos ahora propiedad de empresa pública. En el caso de León, más de un millón de metros cuadrados que ahora mismo ya no tienen valor en el mercado.

Oficialmente, el Ministerio aún no ha contestado a la propuesta del Ayuntamiento de León, aunque trabaja en una solución teniendo en cuenta que no sólo se trata de una cuestión urbanística. La paralización de los proyectos está ralentizando el propio desarrollo ferroviario, que es el cometido principal de Adif. En el caso de León, todo lo que hace referencia al tráfico en AVE hacia Asturias.

El pasado mes de julio, la concejala de Urbanismo, Belén Martín Granizo, planteó eliminar la estructura gerencial de la Sociedad León Alta Velocidad -en la que participan, además de la capital, San Andrés del Rabanedo, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento- y reparcelar el proyecto en desarrollos urbanísticos más pequeños.

El trabajo técnico, según añadió tras una reunión de trabajo en el propio Ministerio días antes, podría ser asumido por los técnicos del Ayuntamiento, en el caso de León, municipio que cuenta con la mayor parte de los terrenos y con los más atractivos para el mercado inmobiliario.

Adif, de momento, no ha dado una respuesta, aunque descarta de antemano disolver la sociedad como tal, sino transformarla. Prueba de que lo principal -el dinero- está fallando, es que la Sociedad León Alta Velocidad es incapaz de lograr desde hace casi cuatro años el crédito de 300 millones de euros para iniciar las obras pendientes, porque ningún banco está dispuesto a poner el dinero salvo con un aval de los socios que necesitaría el visto bueno previo del Ministerio de Hacienda, algo que sigue sin producirse. Desde el Ayuntamiento de León, Martín-Granizo ha insistido que su propuesta de asumir el trabajo técnico, lo que la edil califica como una «redefinición» del proyecto, no implica que se renuncie «a los objetivos». El proyecto de integración tiene un coste estimado de 430 millones de euros, a los que hay que sumar otros 158 millones de obras que se comprometieron en su día de forma verbal.

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