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Malvinas, 30 años después

Alejandro Méndez | 01 de abril de 2012

Argentina gana apoyos tres décadas después de la guerra con el Reino Unido por las islas. su enfrentamiento vuelve a estar de plena actualidad

Tres décadas después de la guerra con el Reino Unido en las Malvinas, Argentina ha logrado mayor respaldo latinoamericano a su reclamación sobre la soberanía de las islas situadas en el océano Atlántico, frente a las costas del país sudamericano.

En los últimos años, en contraste con la década de 1990, la estrategia diplomática argentina se ha centrado en instalar con fuerza la «cuestión Malvinas» en los foros internacionales y como uno de los temas más importantes de defensa regional sometidos a debate en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El litigio, que data de 1833, cuando tropas inglesas expulsaron a la población argentina de las islas, fue además instalado en la agenda de la sexta Cumbre de las Américas del 13 de abril próximo, en Colombia, lo que puede suponer un dolor de cabeza para Estados Unidos, que optó por apoyar a los británicos en la guerra de 1982.

Argentina también ha aprovechado la condición de «potencia nuclear» del Reino Unido para ponerlo bajo permanente sospecha de despliegue de armas nucleares en el Atlántico sur, un asunto muy sensible a los intereses suramericanos.

El apoyo de EE.UU. a Londres echó por tierra al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) de defensa ante ataques externos, firmado en la Organización de Estados Americanos en 1947, en los inicios de la «guerra fría» con el comunismo soviético.

Con la llamada «Doctrina Monroe», EE.UU. había prometido ponerse del lado de los territorios americanos en caso de un conflicto contra un poder colonial, como es el caso del Reino Unido, su histórico aliado europeo.

Desde mayo pasado, la Unasur debate «una doctrina de Seguridad y Defensa de América del Sur para América del Sur» para proteger sus intereses y sus grandes riquezas naturales.

Sintonías

En apoyo a Argentina, el resto de los países sudamericanos se han comprometido a cerrar sus puertos al ingreso de navíos militares británicos, en sintonía con múltiples rechazos de la Unasur a la «presencia militar» del Reino Unido en las Malvinas.

La estrategia del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, continuidad de la de su marido y antecesor, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), contrasta con la «política de seducción» de los kelpers (malvinenses) desplegada en la década de 1990 por otro peronista, Carlos Menem (1989-1999).

En 1990, al reanudar las relaciones diplomáticas interrumpidas por la guerra, Menem aceptó la condición británica de mantener la cuestión de soberanía de las islas bajo un «paraguas» que aparcaba las negociaciones sin plazo.

Argentina «podría aceptar en el futuro» una soberanía compartida con el Reino Unido en las Malvinas, dijo en octubre de 1998 el por entonces canciller argentino, Guido Di Tella, en vísperas de una visita de Menem a Londres.

Di Tella, quien fue canciller entre 1991 y 1999, mandaba cartas personales a una lista de unos 2.000 malvinenses e incluso regaló muñecos Winnie Pooh a sus niños, entre otras estrategias de «seducción» que disgustaron a la oposición y a peronistas disidentes. A mediados de los ‘90, Argentina y el Reino Unido acordaron «cooperar» en la pesca y la búsqueda de hidrocarburos en el mar austral, pero ante el escollo de la cuestión de la soberanía los británicos concedieron licencias de pesca y en el 2011 empezaron con autorizaciones para la explotación petrolera.

Las Malvinas, 400 millas marinas al este de las costas sudamericanas, fueron invadidas por tropas argentinas el 2 de abril de 1982, durante la dictadura militar en Argentina resquebrajada por la crisis económica y disputas internas.

Hasta el conflicto de 1982, Argentina era el principal sosten de la escasa población malvinense (por entonces unos 2.000 habitantes) al proveerles de alimentos, combustibles y transporte aéreo, entre otros. Ahora, Argentina niega el acceso a sus puertos a pesqueros que faenen en las Malvinas y además presiona con denuncias, demandas penales y amenazas de sanciones económicas a toda empresa vinculada con la explotación petrolera en las islas.

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