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El PP lleva al Constitucional el acuerdo de los remanentes por invasión de la autonomía local

Marco Romero | 05 de agosto de 2020

El vicesecretario de Política Territorial del PP anunció ayer la ofensiva legal. MARIAM A. MONTESINOS
El vicesecretario de Política Territorial del PP anunció ayer la ofensiva legal. MARIAM A. MONTESINOS
La Diputación y los grandes ayuntamientos de León están divididos ante un pacto que compromete más de dos mandatos

El acuerdo para usar el superávit de los ayuntamientos y diputaciones y poner voluntariamente los remanentes disponibles en Tesorería a disposición del Gobierno ha suscitado una ola de críticas y encuentros, que en el caso del Partido Popular no se quedará en palabras y llegará ante el Tribunal Constitucional por invasión de la autonomía local, según anunció en un comunicado el vicesecretario de Política Territorial del partido, Antonio González Terol, quien además exige la comparecencia de la ministra de Hacienda y asegura que su partido lanzará una ofensiva contra esta medida presentando mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones.

Juan Martínez Majo: «¿De qué lado está el PSOE leonés, del lado de Sánchez y sus aliados o del lado de los ciudadanos?

Instituciones y partidos tienen posiciones divergentes. Desde los que creen que es una apuesta por el municipalismo, caso del alcalde socialista de León, a los que opinan que es una fórmula de expropiar los ahorros de la entidades locales, en palabras del presidente del PP provincial, Juan Martínez Majo.

«¿De qué lado está el PSOE leonés, del lado de Sánchez y sus aliados o del lado de los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades?», se pregunta.

La magnitud económica de este pacto en León supera la cifra de los 185 millones de euros que las entidades locales tienen en su capítulo de remanentes de tesorería, según el Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León elaborado por el Consejo de Cuentas.

Sin bien, se trata de datos que aparecen hasta diciembre de 2019 con las cuentas liquidadas de 2018, por lo que no incluyen las modificaciones realizadas desde entonces, que en los grandes ayuntamientos de la provincia es más que significativa.

Reducción radical

Solo en el caso de Ponferrada, de los más de tres millones de euros que había en remanentes a final de año, la pandemia los ha dejado en menos de un millón.

La Diputación, según su vicepresidente Martías Llorente, amasa en estos momentos unos 80 millones que tiene que decidir si los cede al Gobierno, los invierte en necesidades de la provincia —de lo que es partidario— o se decanta por una fórmula mixta.

El polémico acuerdo era firmado ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. Un día antes, la Junta de Gobierno de la FEMP aprobaba con el único apoyo de los socialistas un acuerdo que precisó del voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, para deshacer el empate.

Ahora tendrá que verse en la Federación Regional de Municipios y Provincias —muy polarizada— y también tendrá que ser aprobada en los respectivos plenos municipales o provinciales.

El convenio, al que se llegó tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP, ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado. En principio, los ayuntamientos dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021. El resto del dinero de los remanentes se devolvería al cien por cien en un plazo de diez años, a partir de 2022. A través de este acuerdo, se crea, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, un fondo de 275 millones, ampliable hasta los 400, destinados a sufragar y cubrir el déficit de las empresas de transporte urbano público. Este servicio le supone al Ayuntamiento de León un déficit de 4,2 millones de euros anuales.

También se incluye la supresión de la regla de gasto para el subsector de las entidades locales durante 2020 y la prórroga del destino del superávit de 2019, por lo que se podrán hacer inversiones financieramente sostenibles con cargo a dicho superávit de 2019, durante 2020. Asimismo se mantendrán las entregas a cuentas, con sus cálculos y previsiones, lo que supone que en 2020 las entidades locales podrán contar con una tramitación de liquidación positiva en torno a los 600 millones de euros y se añade el compromiso de reformar la Ley de Financiación Local en paralelo a la reforma de la Financiación Autonómica.

«Se creará una Mesa de Negociación, por primera vez en España, desde 1984, lo que permitirá a los ayuntamientos situarse en posición de igualdad con las comunidades autónomas, con lo que la valoración de este acuerdo es positiva, porque aporta muchas acciones que antes no se podían llevar a cabo», afirmó ayer en declaraciones recogidas por Efe el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que acudió a la firma del acuerdo entre Sánchez y Caballero.

El presidente de los populares, Juan Martínez Majo, arremetió contra el pacto y declaró que el dinero «es más necesario que nunca» para los habitantes de los pueblos y ciudades de León, por lo que pidió a los alcaldes socialistas de la provincia que exijan su paralización de inmediato.

Además de las «graves consecuencias económicas» que este acuerdo tiene para los ayuntamientos, el PP de León lamenta que el Gobierno de Sánchez continúe actuando como si las instituciones estuvieran a su servicio y que los socialistas hayan roto el consenso en la FEMP».

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