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Sánchez incluye a Iglesias en el control del fondo europeo para atajar otra crisis

DL | 25 de noviembre de 2020

Pablo Iglesias conversa con la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. BALLESTEROS
En la comisión interministerial prevista inicialmente sólo participaba la ministra Yolanda Díaz en la cuota de Podemos

Pedro Sánchez maniobró hoy con rapidez para evitar que una nueva crisis de confianza sacuda el Gobierno de coalición en vísperas de la aprobación de los Presupuestos. Pablo Iglesias podrá finalmente participar en el control y reparto del fondo europeo de resiliencia, en igualdad de condiciones con el resto de ministros.

La idea inicial, según se reflejaba en el último borrador del real decreto ley diseñado para canalizar esa inyección de dinero comunitario —27.000 millones el año próximo— contemplaba crear una comisión, presidida por el propio Sánchez, y en la que sólo se incluía a una ministra de Unidas Podemos, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. La publicación, a lo largo de la mañana, de ese documento en el que trabaja el Ejecutivo desde hace semanas llevó a la formación de Pablo Iglesias a airear su malestar por la exclusión de su líder y a advertir de que esperaba una pronta rectificación. Todo justo cuando PSOE y Unidas Podemos negociaban para superar su último encontronazo a cuenta de la enmienda antidesahucios que la formación confederal de izquierdas presentó a las Cuentas públicas junto a ERC y EH-Bildu la semana pasada.

La corrección demandada llegó tras la reunión del Consejo de Ministros de boca de su portavoz, María Jesús Montero. La también ministra de Hacienda aseguró que en la mente de Sánchez ya estaba que la nueva Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, encargada de hacer las propuestas de aprobación, dirección y coordinación del proyectos, fuera todo el Consejo de Ministros «para no hacer duplicidad de trabajo».

«El presidente ya lo había expresado en reuniones previas — aseveró—pero desconozco si lo hizo llegar a quien ha ido gestionando ese borrador».

El documento, filtrado con la etiqueta de «borrador definitivo», proponía, en concreto, que la gestión de los fondos se articulara a través de una comisión interministerial que, en ausencia de Sánchez, habría estado presidida por la vicepresidenta Nadia Calviño (antagonista de Iglesias en el Ejecutivo), e integrada por representantes de once ministerios, todos, salvo la titular de Trabajo, del ala socialista: la vicepresidenta para la Transición Ecológica, la ministra de Hacienda, el de Transportes, la de Industria, el de Agricultura, el de Ciencia, el de Sanidad, el de Inclusión, los secretarios de Estado de Economía, de Hacienda y de Presupuestos, la directora General de Fondos Europeos y el responsable del Departamento Económico de Moncloa, Manuel de la Rocha.

No es la primera vez que el líder de Unidas Podemos se encuentra en una situación parecida. Sánchez también le concedió un papel muy secundario cuando en marzo decretó por primera vez el estado de alarma y redobló el poder a los ministros socialistas de Sanidad, del Interior y de Defensa, fundamentalmente. Al final, sin embargo, dejó que asumiera cierto protagonismo y que su partido capitalizara buena parte de las medidas de eso que bautizaron como el «escudo social» del Gobierno. Y ahora ocurrirá algo parecido.

Después de días de tiras y afloja, los socios de coalición parecen decididos a no enturbiar con sus rencillas la aprobación de sus primeras cuentas públicas. No en vano, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, aprovechó la defensa en la comisión de Presupuestos de su polémica enmienda antidesahucios para agradecer al Gobierno que se haya «abierto» a mantener un debate sobre ese asunto y para dar a entender que no seguirá adelante con la iniciativa; algo que también insinuó el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, en la comparecencia en la que anunció su «preacuerdo» para apoyar el principal proyecto de ley del Ejecutivo. «Lo importante es que salga la medida», dijo en alusión al plan del Gobierno de ampliar la prohibición de los desalojos más allá del 31 de enero.

Montero matizó, en todo caso, que esa extensión de una medida que lleva ya en vigor varios meses no se realizará de inmediato, en coincidencia con la tramitación de los Presupuestos, sino que se esperará a que esté próxima la fecha de vencimientodel actual decreto.

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