Los peritos evalúan con diferencias de hasta tres millones el robo del Archivo

Tras la tercera jornada de interrogatorios en el juicio por el presunto robo de importante documentación del Archivo Histórico Provincial, solamente la acusación particular de la Junta Vecinal de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano modificó ayer las calificaciones iniciales, y rebaja su petición de condena contra T.B.C. de cinco a tres años de cinco a tres años de prisión. El resto de las partes se mantienen en los supuestos con los que comenzó el tema, y hoy por la mañana, tendrá lugar la lectura de las conclusiones, programada para ayer tarde, suspendida como consecuencia de una contingencia personal grave sufrida por la juez del caso. La mañana sirvió para interrogar a los 26 testigos que aún restaban por acudir al estrado. La defensa trató de probar posibles errores policiales en las actuaciones que se siguieron tras la detención del acusado, y así, del director del Archivo Catedralicio se escuchó el supuesto interés de la Policía «para que retirase un libro que yo no había pedido, y que se había retirado legalmente de nuestros depósitos», la ausencia entre las diligencias de la declaración que prestó en comisaría un oficial del Archivo Provincial, la devolución al párroco de San Francisco de la Vega de libros intervenidos al imputado, que no había reclamado el sacerdote o la devolución de un libro, propiedad del padre político del acusado, que se entregó a un ciudadano anónimo porque coincidía de nombre y primer apellido con el suegro del imputado. Pruebas periciales Después de tres horas y cuarto de preguntas, el guión del juicio entró en el terreno de las valoraciones, y los peritos expusieron sus versiones, en torno al valor de los efectos sustraídos, «cara a posibles indemnizaciones en caso de que la sentencia fuere condenatoria» explicó la juez. La fiscal recurrió a la directora del Archivo de la Real Chancillería, que lamentó «el escaso valor que Castilla y León da en general a sus bienes». Por el libro de Colinas dijo que se podía llegar a pagar 12.000 euros, sostuvo que se trata sin duda alguna de un original y que su valor histórico puede llegar al doble. La acusación particular de Quintana del Castillo acudió a un experto en arte y a la directora de una academia de Bellas Artes. El primero elevó a los tres millones de euros largos el valor del material desaparecido «porque el material de que estaba hecho el libro de La Cepeda, que es vitela, ya está por encima del millón y medio de euros. Está hecha en piel de terneras no nacidas, y por el cálculo de vacas que hubo que sacrificar en la época para conseguirlo, y en la proporción de que una vaca costaba lo mismo que nueve años de alquiler de una vivienda, considero que su valor es ese». Citó que un ejemplar de la Historia de Texas, que se vendió a un precio de 3.000 euros por página, es de calidad similar «y este tiene 108 páginas». La segunda experta consultada, prácticamente calcó su declaración con respecto a la reseñada. El director del Archivo General de Castilla y León puso el término medio. Habló de un valor de entre 120.000 y 150.000 euros para el libro de La Cepeda, atribuyó a Felipe V un retrato que aparece en la obra y lo calificó de original, pero negó que la obra estuviera confeccionada en vitela: «Es de pergamino» señaló el técnico al que reclamó la acusación particular de la Junta de Castilla y León. Tres informes La defensa solicitó tres informes. Un funcionario del cuerpo de archiveros evaluó el valor de La Cepeda en 3.000 euros «aunque si alguien lo vendiera, no va a sacarle más de 700». Negó que la firma del Rey que aparece sea auténtica. De la Biblia Visigótica, cuyo valor había cuantificado en 12.000 euros la directora del Archivo Histórico Provincial, rebajó su estimación a poco más de la mitad. En términos similares se expresó también para la defensa el abogado de la Asociación de Libreros de Castilla y León, que acotó en un máximo de 2.000 euros el valor. Manifestó que la propiedad de los libros «o se demuestra lo contrario, o normalmente, es la propia posesión» y significó que los sellos no demuestran propiedad, sino procedencia.