Más de 200.000 autónomos se quedan fuera de los incentivos fiscales por subir el salario mínimo

El Gobierno puso ayer encima de la mesa unos incentivos fiscales para compensar a las empresas por la subida del 3,1% del salario mínimo para atraer a la patronal al acuerdo; sin embargo, de estas rebajas no se podrán beneficiar muchos autónomos: más de 200.000, los que cotizan por módulos, según ha podido saber este periódico. Tras una semana de negociaciones, el Ministerio de Trabajo, Hacienda y Economía han establecido una fórmula para resarcir a las compañías más expuestas al SMI, ya que, tras este nuevo alza, habrá escalado un 65% desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. La sorpresa ha sido que estas 'ayudas' no se circunscribirán solo a las empresas que tengan contratos públicos, como así se pensaba y se había pedido, sino que se abren a las que se vean más afectadas; esto es, las que tengan muchos trabajadores con la renta más baja por ley, sean o no concesionarias.

Se trata, por tanto, de una fórmula totalmente desvinculada de la contratación pública, que establece una deducción o bonificación (aún por definir) en el impuesto de Sociedades para aquellas empresas que tienen un fuerte impacto del salario mínimo por tener a muchos empleados en esta franja salarial, según explicaron los sindicatos tras la reunión celebrada ayer. Pero, como ha sucedido con otras ayudas como los ERTE, estos incentivos fiscales llevan aparejada una letra pequeña, ya que estarán sujetos a dos condiciones que deben cumplir las compañías beneficiarias: garantizar, una vez más, el mantenimiento del empleo, es decir, que las empresas no recorten plantilla; y, a su vez, mejorar en los ejercicios posteriores las bandas salariales más bajas pero que estén por encima del salario mínimo, unos requisitos que la patronal considera "inasumibles".

"La fórmula de compensación con la que estamos trabajando es una fórmula que debe ser también un incentivo para que las empresas de nuestro país suban salarios. No se trata de que las empresas tengan a sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino, muy al contrario, se trata de estimularlas para que dejen de tener trabajadores en esa escala tan baja", explicó en rueda de prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Múltiples interrogantes 

¿Cómo va a medir el Gobierno el impacto del salario mínimo en una empresa? ¿Se fijará un nivel concreto de trabajadores con la renta más baja? ¿Cuál será la cuantía o porcentaje de estos incentivos fiscales? Son muchos los interrogantes que se abren en torno a estas ayudas que se ponen encima de la mesa como alternativa a cualquier cambio o modificación en la Ley de Desindexación que, desde 2015, impide recalcular los precios de los contratos de las empresas con la Administración Pública en función del incremento de los precios o de los costes laborales, lo que está llevando a muchas a pérdidas, según denuncia la patronal. Pese a que los sindicatos y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se suman a esta reivindicación histórica, Hacienda se cierra de plano a modificarla por el elevado coste que supondría.

Incluso las versiones de esta rebaja impositiva difieren. Así, los sindicatos y la patronal salieron de la reunión hablando de una "deducción en el impuesto de sociedades" que desde Trabajo aseguran que aún no está decidida, aunque sí confirman, al igual que Hacienda, que se hará "a través de una figura vinculada al impuesto de sociedades". Esto significa que en torno a 200.000 o 250.000 autónomos en estimación objetiva con asalariados a su cargo no podrán beneficiarse de esta medida, pese a que gran parte de ellos pertenecen al sector agrario y están muy afectados por el SMI.

Tampoco se compensará por la escalada del salario mínimo a las familias y pensionistas que tienen contratada una empleada del hogar, pese a que son muchas las voces que reclaman una deducción en el IRPF.

Críticas a una propuesta con lagunas

 Tanto la CEOE como los sindicatos criticaron esta propuesta presentada por el Gobierno al considerar que no está trabajada. Es decir, el Ministerio de Trabajo les ha lanzado una oferta oral, sin un documento escrito, y con demasiadas lagunas e interrogantes por resolver.

Lo que sí es seguro es que esta es la propuesta definitiva del salario mínimo para 2026. Así, para el Gobierno es inamovible elevarlo un 3,1% hasta los 1.221 euros al mes por catorce pagas, 37 euros más que ahora, y sin que tenga que tributar a Hacienda por IRPF. De igual manera, el Ejecutivo se mantiene firme en otra idea: la oferta lanzada hoy de rebajas en el impuesto de sucesiones para las empresas solo se hará efectiva si la patronal accede al acuerdo; en caso contrario, la retirarán.

En este sentido, el número dos de Yolanda Díaz explicó que en la reunión de este lunes el Gobierno ha dado "tres grandes pasos". Por un lado, les ha asegurado a los perceptores del SMI, más de 2,5 millones, que cobrarán 37 euros más con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y, además, que no van a tributar más por cobrar el salario mínimo. Y, por otro lado, le dice al sector productivo español que "va a buscar una fórmula para incentivar la subida de salarios en todos los sectores, empezando por aquellos que tienen una mayor presencia entre sus escalas salariales de personas que cobran el SMI", concluyó.