Europa pone en jaque la baliza V16: las multas pueden quedar sin efecto en España

La Comisión Europea ha puesto en jaque la obligatoriedad de la baliza V16 en España. En una respuesta parlamentaria remitida este viernes al Grupo Popular Europeo (PPE), el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné confirmó que el Gobierno español no notificó a Bruselas los reales decretos que regulan este dispositivo —principalmente el 159/2021 y su modificación por el 1030/2022—, incumpliendo el procedimiento establecido en la Directiva (UE) 2015/1535 sobre información en materia de reglamentos técnicos.

La directiva obliga a los Estados miembros a comunicar con antelación cualquier norma nacional que imponga requisitos técnicos específicos a productos y pueda incidir en el mercado interior o en la libre circulación de mercancías. El objetivo es permitir que la Comisión y otros países evalúen si se generan barreras injustificadas o distorsiones. 

En el caso de la baliza V16 conectada —obligatoria desde el 1 de enero de 2026 como único medio legal para señalizar averías o accidentes, en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia—, Bruselas advierte que la omisión de notificación puede acarrear "consecuencias jurídicas relevantes". Entre ellas, la Comisión podría iniciar un procedimiento de infracción contra España al amparo del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Más allá de sanciones económicas o presiones políticas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE es clara: los jueces nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos no notificados conforme a la directiva, lo que podría dejar la obligación en un limbo jurídico práctico.

La medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) con el argumento de mejorar la seguridad vial —evitando que los conductores salgan del vehículo y reduzcan los atropellos en carretera, que causan unas 25 muertes anuales—, ha sido pionera en Europa. Ningún otro país de la UE exige un dispositivo luminoso conectado con geolocalización que envíe la posición exacta a la plataforma DGT 3.0. Precisamente esa singularidad, unida a la carga económica exclusiva para los conductores españoles (el precio medio ronda los 40-60 euros por unidad homologada), fue uno de los argumentos que llevó al PPE —a instancias de la eurodiputada Dolors Montserrat— a elevar la cuestión a la Comisión.

Desde el Ejecutivo comunitario se subraya que la señalización de peligro en carretera no está armonizada a nivel europeo, por lo que cada Estado conserva margen para regularla. Sin embargo, cuando se imponen requisitos técnicos que afectan a la comercialización o uso de productos, la notificación es preceptiva. La respuesta de Séjourné deja la puerta abierta: aunque corresponde a España evaluar si sus decretos debían notificarse, la falta de comunicación impide que Bruselas y los socios comunitarios hayan podido pronunciarse a tiempo.

Por ahora, la DGT mantiene la obligatoriedad en vigor y ha insistido en que, durante los primeros meses, las fuerzas de tráfico aplicarán flexibilidad informativa antes que sancionadora. Pero el varapalo europeo añade incertidumbre a un cambio que ya acumula críticas por su implementación apresurada, la proliferación de modelos no homologados y la confusión entre conductores —especialmente quienes viajan al extranjero, donde los triángulos siguen siendo obligatorios en países como Italia, Francia o Portugal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá el próximo miércoles 25 de febrero en el Congreso para explicar el estado de la implantación. Fuentes del sector consultadas coinciden en que, si la Comisión decide actuar, el Gobierno podría verse forzado a rectificar o a justificar con urgencia la medida ante Bruselas. De momento, lo que parecía un avance técnico en seguridad vial se ha convertido en un quebradero jurídico que podría obligar a dar marcha atrás o, al menos, a una revisión profunda de la norma.