La recuperación empieza en cuesta
La mayor parte de los productos y servicios públicos inician el año con subidas superiores al IPC. Los empleados públicos, los pensionistas y muchos de los asalariados pierden poder adquisitivo.
La mayor parte de los servicios subieron ya el día 1.
La recuperación de las grandes cifras macroeconómicas está muy lejos de llegar a la economía real, la que viven día a día ciudadanos y empresas. Para ellos el año empieza con congelaciones y recortes en los ingresos, y con una cada vez mayor presión impositiva. Sin embargo, el cambio de año se traduce, como viene siendo habitual, en una cascada de incrementos de precios de los productos y servicios públicos. Frente a unos ingresos menguantes, las administraciones se aplican en el ejercicio recaudatorio y, con muy pocas excepciones, no se resisten a aplicar incrementos que en ocasiones están muy por encima del históricamente moderado IPC de 2013 (0,3%, aunque los precios suelen fijarse con el dato de noviembre, un 0,25%).
La inflación es en todo caso una referencia pasada. Entra en vigor la Ley de Desindexación de la Economía Española, que pretende que las subidas de los precios públicos estén justificadas exclusivamente en el incremento del coste del servicio. Un criterio muy elástico, a juzgar por la disparidad de incrementos registrados.
La desindexación desvincula los precios del IPC para referenciarlos a un nuevo índice, que será igual a la inflación de la zona euro menos un factor corrector que tiene como objetivo recuperar la competitividad perdida. Tendrá un tope máximo del 2% y un suelo del 0%.
Es el Índice de Garantía de la Competitividad, y será referencia para los contratos de los sectores público y privado.
De momento lo que se ha moderado, en teoría consagrado a la misma consecución de la competitividad, son los ingresos de los ciudadanos. Los empleados públicos ven de nuevo congelados sus sueldos, y también el salario mínimo interprofesional se mantiene en 645,3 euros mensuales. Las pensiones han subido un 0,25%, como la inflación a noviembre pero ajustado a lo que propone para el futuro el mínimo previsto en la Ley de Reforma de las Pensiones.
Y los salarios siguen la recomendación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, es decir, no subir más del 0,6%. Un escenario de contención para hacer frente al ajuste que se encuentra con el aumento del precio de los servicios públicos, la prórroga de los incrementos de impuestos que este nuevo año tenían que ser rebajados de nuevo según el compromiso del Gobierno, y una mayor presión recaudatoria por parte de todas las administraciones públicas.
Las autonomías han reactivado los ingresos vía impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones y donaciones, sus dos grandes figuras fiscales, después del desplome del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, que gravan las ventas de viviendas de segunda mano y la firma de hipotecas y que dieron grandes beneficios durante el boom inmobiliario. En algunas, como Castilla y León, el polémico céntimo sanitario sobre los carburantes ha sido otra de las herramientas utilizadas.
No lo tienen mejor las empresas, que muy lejos de su reivindicación de una menor presión fiscal ven cómo se prolongan los impuestos establecidos en los últimos años y entran en vigor otros nuevos. Entre las novedades más polémicas, ahora deben cotizar también por las aportaciones a pensiones, vales de comida y otros servicios sociales. Los autónomos tendrán que cotizar más para cobrar el paro.