Diario de León

NUEVOS RETOS PARA EL CONTRIBUYENTE

El subidón en la basura no es por orden de Europa

Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes afrontan la recta final del periodo concedido por ley para establecer la nueva tasa de basuras, a regañadientes en los del PP y algún caso de rebeldía

Distintos contenedores de basura. archivo

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Los ayuntamientos españoles de más de 5.000 habitantes afrontan la recta final del periodo concedido por ley para establecer la nueva tasa de basuras, a regañadientes en general los del PP y con algún caso de rebeldía como el de Leganés (Madrid), que se niega a hacerlo.

La capital leonesa se aplicó antes d ela llegada del nuevo año con la subida, de un 26%, según denunciaron en la oposición, que considera el tasazo un «atraco de manual».

En weste tiempo, se supo que la disculpa con la que se justifica la medida parte de un engaño; la Unión Europea nunca impusouna normativa para subir esta tasa, que luego se ha tomado como referencia por el Gobierno de España para obligar a incrementar la recuadación por el servicio de recogida de basuras.

 Los más de 1.300 municipios que superan esa población en España, en los que viven casi 9 de cada 10 españoles, comenzaron a aprobar esta tasa en las últimas semanas de 2024, en la mayoría de los casos con rebajas y bonificaciones para que la repercusión de esta obligación en el bolsillo de sus vecinos sea la menor posible.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular dio tres años a estos ayuntamientos para establecer una tasa por generación de residuos que refleje el coste «real, directo o indirecto», de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

Los consistorios dirigidos por el PP lo consideran una intromisión en la autonomía local y coinciden en afirmar que ha generado el caos en muchos ayuntamientos, y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la popular María José García-Pelayo, ha pedido al Gobierno que rectifique la obligatoriedad de la tasa, que estima que repercutirá en una media de 170 euros al año por familia.

Desde los ayuntamientos socialistas se buscan fórmulas para aplicarla de una forma «justa y progresiva» y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha mostrado la disposición del Gobierno a encontrar mecanismos de flexibilidad, pero primando «la sostenibilidad medioambiental».El alcalde de Leganés, el popular Miguel Ángel Recuenco, ha insistido en que «no aplicará» la tasa: «Ni vamos a aplicar para este año 2025 la tasa de basuras de Pedro Sánchez ni vamos a subir ningún otro impuesto». 

Recuenco alega que la directiva de la UE que está detrás de la ley española «en ningún momento habla de poner una tasa o un impuesto a los vecinos» y cree que la cuestión se reduce al «afán recaudatorio que tiene Pedro Sánchez por instinto».

Los ayuntamientos del PP no quieren «basurazo», pero lo aplican. Alcaldes del PP de grandes ciudades se han posicionado públicamente contra lo que denominan «sanchazo» o «basurazo de Pedro Sánchez», como la regidora valenciana, María José Catalá: «yo no lo quiero y conozco a pocos alcaldes que lo quieran».

De la misma opinión es su compañero de partido José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que considera que el camino más corto para que ninguna persona en situación de vulnerabilidad pague la tasa de basuras, como le exige la oposición de izquierdas, «es que no haya tasa de basuras».Sin embargo, ambos lo van a hacer. En Madrid, donde no existía esta tasa, ahora sufragará 256 millones de euros, aunque, como dice el equipo de Gobierno, se compensa «prácticamente» con una bajada del IBI y bonificaciones, entre ellas una del 100 % para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción.

Otros ayuntamientos más pequeños también han apostado por bonificaciones de este tipo, como el madrileño de Tres Cantos, que, con la ayuda de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha aprobado una rebaja del 20 % para las familias numerosas y también para quienes instalen sistemas de compostaje en su domicilio o acudan al punto limpio. 

Esta segunda vía de rebajas ha sido la elegida por numerosos municipios, donde tendrán una bonificación los vecinos que se apunten a un programa para convertir sus residuos orgánicos en abono a través del compostaje domiciliario. Se advierten criterios de progresividad fiscal en los ayuntamientos del PSOE. 

Los ayuntamientos socialistas no se han declarado en general contrarios a la tasa y la aplicarán con criterios de progresividad fiscal. En Vitoria, un acuerdo del Gobierno municipal de PSE-EE y PNV con EH Bildu ha permitido que la aplicación de la nueva ley suponga recaudar 10 millones de euros más por este concepto en 2025, pero con una rebaja para las viviendas de menos de 90 metros cuadrados y un incremento para las que superen los 120. La subida es causa de quiebra en la confianza ciudadana.

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