Ciberdelincuentes copan citas del Registro Civil de León para hacer negocio con los migrantes
Desde julio es casi imposible conseguir hora a través de la web, se quejan los abogados leoneses
Una persona accede al Registro Civil en imagen de archivo.
El servicio de citas para asuntos de Extranjería del Registro Civil, que concierta convocatorias los días 15, 16 y 17 de cada mes, está sufriendo los efectos de redes organizadas de ciberdelincuentes, que acaparan las fechas nada más que se ponen a disposición del público y posteriormente venden la agenda a los migrantes necesitados del servicio, a los que se exigen cantidades de entre 30 y 50 euros para disponer de la posibilidad de tramitar sus asuntos.
La práctica, que ya había llegado a otras provincias, tiene tintes sospechosos de haberse extendido a León en los últimos meses. Abogados especializados en esta materia denunciaron a este periódico que desde el pasado mes de julio, el problema se ha acentuado especialmente y cuando se intenta gestionar el servicio, resulta de todo punto imposible. El tema se ha agravado en los tres últimos meses. «Es imposible conseguir un hueco y eso que somos muchos los que estamos pendientes de que se abra la ventana para reservar. Pero los abogados de León no lo conseguimos la mayor parte de las veces, ni estando pendientes desde las 23.55 horas del día anterior. En el momento que se abre el plazo, está todo ocupado en un minuto», aseguró a este periódico un letrado leonés especialista en la materia.
SIEMPRE ALERTA
La Brigada de Delitos Telemáticos del Cuerpo Nacional de Policía está tras la pista de esta actividad en León y en otros territorios limítrofes, pero es muy complicado recopilar pruebas por cuanto los cibercriminales cambian de correo electrónico de forma incesante para no dejar pistas y hasta ahora usaban Virtual Private Net (VPN) para crear conexiones seguras y encriptadas a través de internet para proteger su privacidad y seguridad en línea. Todo está perfectamente estudiado.
El uso de las VPN sirve al delincuente para cifrar su tráfico de internet, enmascarar la dirección IP real (es una especie de carné de identidad del ordenador correspondiente) y de esta forma se pueden proteger los datos, especialmente en redes Wi-Fi públicas, además de permitir el acceso a contenido geo-restringido o a la red interna de una empresa de forma remota. Es tan sencillo como ello.
Con todo, se sigue la pista de esta supuesta organización, de la que se desconoce por ahora si tiene relación con la destapada en Aragón el pasado mes de febrero o con la que obligó a intervenir al Defensor del Pueblo en Andalucía. En cualquier caso, los investigadores aseguran que en caso de que se perpetúen estas prácticas, se logrará recopilar la carga probatoria necesaria para poner a disposición judicial a los autores. «Se aprovechan de la vulnerabilidad de los pobres inmigrantes y de que en muchos casos, están desesperados», reconocieron fuentes de la instrucción policial.
EN ARAGÓN, HASTA 350 EUROS
En ambos casos, se detectó la existencia de un nicho de negocio en el que se llegaban a exigir hasta 350 euros por conseguir un hueco en la agenda. La Policía está convencida de que los funcionarios del Registro Civil de León están al margen de estas prácticas que, en su condición de funcionarios públicos, podrían suponerles consecuencias demasiado graves como para exponer su puesto de trabajo por cantidades que resultan nimias.
No es el caso de provincias como Zaragoza, donde se detectó la existencia de un verdadero sistema organizado. También en varias zonas de Andalucía hubo actividad similar.