El «exilio» de las conciliaciones de León a Armunia enciende a los profesionales del Derecho

Los colectivos de abogados, graduados sociales, procuradores y gestorías leonesas están que ‘trinan’. Si no llegan a un acuerdo con la administración autonómica, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) que ahora se ubica en el corazón úrbano, se reubicará a las afueras de la ciudad en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, de la avenida de Portugal, durante las obras de reforma integral del edificio de Trabajo donde funcionan hasta ahora, en la avenida de Gran Vía de San Marcos, 27.

Eso significa a más de dos kilómetros del centro administrativo de León. Por eso estos profesionales denuncian que la mudanza a las instalaciones de Armunia no solo es «ineficiente», sino que entorpece gravemente el ejercicio diario de la justicia laboral. Según confirman fuentes del sector, el volumen de trabajo es ingente: se celebran casi un centenar de conciliaciones a la semana, lo que supone un trasiego constante de profesionales y ciudadanos que se verían obligados a desplazarse al límite con el alfoz. La preocupación es especialmente palpable porque hace ya dos meses que solicitaron formalmente una reunión con la Junta de Castilla y León para buscar una solución consensuada, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta. 

Ante esa dilatación, los abogados han elevado su petición al delegado territorial, Eduardo Diego, a quien piden una intervención urgente para mediar en el conflicto y frenar un traslado que consideran «un despropósito logístico». «No es solo una cuestión de distancia, es una cuestión de respeto al ciudadano y a la agilidad de los procesos», señalan. 

Y lejos de quedarse en la queja, los letrados han pasado a la acción proponiendo alternativas viables. La más destacada es el ofrecimiento de la propia sede del Colegio de Abogados, en la planta de arriba, para albergar las vistas de conciliación de forma temporal. 

Con esta medida, se mantendría el servicio en el centro de la capital, evitando el desplazamiento de cientos de personas cada mes a un edificio que, además, carece de la infraestructura de transporte y servicios que rodea a la zona administrativa tradicional de León. Sobre todo, porque las conciliaciones laborales constituyen un proceso extrajudicial y obligatorio antes de ir a juicio, donde un mediador imparcial ayuda a trabajadores y empleadores a resolver conflictos como despidos, diferencias salariales..., en una reunión rápida que dura menos de diez minutos, en general, y que busca lograr un acuerdo que evite proseguir en los tribunales. 

El cambio de sede deriva del singular edificio de la Oficina Territorial de Trabajo y el Sepes, que se reformará por primera vez en su medio siglo de vida. De modo que este inmueble, obsoleto en su interior, pero con una estructura potente de acero, va a modernizarse y las obras provocarán el desplazamiento de sus despachos. Los primeros en salir fueron el pasado día 1 de diciembre, el medio centenar de empleados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ocupaban la segunda planta, tercera y quinta. 

Ahora trabajan desde la Colegiata. La Junta debe decidir si mantiene el traslado a Armunia del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación o acepta la mano tendida de los profesionales leoneses.

A tener en cuenta

Cien actos a la semana:

Las cifras no son menores. Se estima que el SMAC gestiona una media de cien conciliaciones a la semana. «Llevar este volumen de personas y expedientes a un edificio alejado, cuya conexión de transporte público no está pensada para este flujo, supone romper la agenda diaria de unos profesionales que deben encadenar juicios con conciliaciones», expresan desde el colectivo de abogados.

Perder inmediatez: 

Para los graduados sociales y las gestorías, el perjuicio es doble. Su labor diaria depende de la inmediatez. El traslado a Armunia no solo les resta tiempo, sino que complica la asistencia a sus clientes, muchos de los cuales son trabajadores en situaciones de vulnerabilidad que no disponen de medios para desplazamientos constantes a las afueras.

Justicia laboral:

El traslado desde el edificio de Trabajo y Sepes al ubicado en la avenida de Portugal supone «un obstáculo real a la agilidad de la justicia laboral», opinan. Como el acto de conciliación es un requisito legal imprescindible para poder demandar, obligar a los trabajadores y profesionales a desplazarse fuera del casco urbano supone añadir una carga burocrática y física a un proceso que ya de por sí es tenso (despidos, impagos).