Villahierro pasa en apenas siete años de cifras mínimas históricas a otra saturación

El Centro Penitenciario Provincial de Villahierro ha pasado en apenas siete años de su nivel más bajo de población reclusa a situarse en torno a la saturación. Por los 768 internos que se contabilizaban en agosto de 2019 se suman ahora más de 1.100, si bien es cierto que hubo etapas de hasta 1.862 en el año 2008, muy lejos de los 286 que se registraban en 1999, el primer año del centro a pleno rendimiento.

Estas condiciones generan conflictividad en el centro. En primer lugar, entre los propios internos, que suelen ser remisos a compartir espacios pequeños y generan focos de tensión por el dominio territorial que aumentan la tensión en la cárcel. Y posteriormente por la plantilla de funcionarios, que además de no haber conseguido aún la consideración de agentes de la autoridad (con ello, las penas en caso de agresiones son más severas para el interno) se enfrentan a un mayor stress por la alta concentración de presos a los que se vigila con menos plantilla. Villahierro fue diseñada pensando en una cifra de 1.008 internos y ha llegado a tener una población de casi 1.900 internos en la etapa más complicada del recinto penitenciario.

Advertencia sindical

Los sindicatos habían venido quejándose en los últimos años de la masificación y la elevada edad media de los funcionarios de prisiones, con una media que supera los 45 años, que llegaron a provocar en 2008 que Villahierro fuera la tercera cárcel española en absentismo laboral, con un 11,7%, originado sobre todo por problemas derivados de la saturación de trabajo, aseguran. «Pese a estas cifras el número de funcionarios no ha subido, aunque la carga de trabajo prácticamente se ha duplicado», se quejan las centrales sindicales.

Creada en 1995, la prisión provincial de León tuvo que esperar cuatro años para conseguir poner en marcha todos sus módulos de internamiento y para poder ocupar las celdas de última generación que se construyeron en 1999. El proceso de apertura de los quince pabellones se logró completar en octubre de 2003 con la inauguración del último módulo. Conocida como cárcel de Mansilla de las Mulas inicialmente, Villahierro tomó el nombre del paraje donde había sido construida la penitenciaría para no estigmatizar a la localidad en la que se asentaba.

Ya no hay etarras

La prisión no cuenta ya con miembros de la banda terrorista ETA. Pero justamente a partir de la desaparición de este colectivo, se ha iniciado a una política de traslados de otras penitenciarías hacia León que, primero tuvo carácter selectivo para determinar el mejor cumplimiento de las penas de prisión impuestas a delicneuentes muy concretos y que luego se han convertido en práctica rutinaria que ha colocado la población interna en estos días significativamente por encima del millar largo de hombres y mujeres condenados o a la espera de potenciales condenas.

Villahierro comenzó a funcionar con 250 internos que ocuparon sólo tres módulos de hombres y uno de mujeres. El edificio estuvo infrautilizado durante los siguientes tres años, a pesar de las presiones sindicales y de haberse invertido 48 millones de euros en construir las instalaciones más modernas de España con capacidad para 1.008 celdas —muchas, dobles-. En verano del 2002, la población reclusa no superaba todavía los 350 internos, pero a ellos se sumaron, por primera vez desde que se inauguró el penal provincial, otros 200 reos. El impulso definitivo se produjo, sin embargo, a partir de enero de 2004.

En paralelo a los problemas mencionados, aparece también el de la sanidad penitenciaria. El Sindicato de Enfermería (Satse) exige desde hace años que se cumpla la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que se lleve a cabo la transferencia de los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas, de modo que esos servicios sanitarios se integren plenamente en los respectivos servicios de salud autonómicos. Esto tenía que haber sido efectivo a los dieciocho meses de la entrada en vigor de la citada Ley en 2003 y han pasado 16 años.

En los quince últimos días se han producido hasta media docena de agresiones, denunciadas por diferentes entidades sindicales. En el incidente más grave de los últimos años, ocurrido en mayo de 2023, tenía que ver precisamente con la atención sanitaria que según los penados, sufren en el interior de la Penitenciaría. UNa sobredosis de droga provocó la muerte de uno de los reclusos, circunstancia que provocó un severo motín. Una comisión de la Junta de Tratamiento acompañó a la dirección de la institución a visitar a los amotinados, que emprendieron un conato de secuestro y retuvieron a los visitantes, aunque el ataque no tuvo consecuencias para los representantes de la dirección de la Penitenciaría. Las organizaciones sindicales lamentan la falta de recursos: «la mayoría de las celdas albergan dos presos», una circunstancia que debería ser excepcional, pero «se ha convertido en norma». La masificación en las dependencias de la cárcel «dispara la tensión y dificulta cualquier labor de tratamiento y reinserción». Además los funcionarios enn prácticas que llegan durante los periodos estivales son insuficientes desde el punto de vista de los profesionales públicos encargados de mantener el orden en el interior del recinto. El esfuerzo que se necesita cada año va convirtiéndose en mayor. Y la condición de los guardianes del orden va empeorando, fruto de la tensión que reina por una parte y por otra de la edad de los funcionarios. Todo son inconvenientes que se intentan solventar en la medida de las posibilidades.