El Ayuntamiento de León pagará a un bufete externo para recurrir ante el Supremo contra su abogado
- La nueva factura se sumará a los 35.634 € que el consistorio tuvo que pagar en los dos pleitos anteriores
- El fallo ratificado por el TSJ le obliga a pagarle 149.858,34 € por «exceso de trabajo»
El Ayuntamiento encargará fuera el recurso contra su antiguo abogado municipal.
No asumirá el Ayuntamiento de León las dos sentencias sucesivas que le condenan a indemnizar al antiguo abogado municipal, Herminio Turrado, por «exceso de trabajo». No, al menos, de momento. El equipo de gobierno de José Antonio Diez ha decidido que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo para intentar revertir los dos fallos anteriores que le obligan a abonarle a su letrado 149.858,64 euros, «más los intereses legales del dinero», de acuerdo a los fallos que han convertido el caso en una referencia nacional para otros funcionarios. Los responsables del consistorio seguirán adelante aunque, para hacerlo, tengan que volver a contratar a un bufete externo, como ya hicieron en las instancias anteriores, en las que arrastran ya una factura de 35.634,5 euros.
La cuenta crecerá con el nuevo encargo. Aún por confirmar la cantidad, el Ayuntamiento de León tienen que decidir si contrata de nuevo por designación directa, como en las dos ocasiones anteriores, al bufete Ramón y Cajal Abogados, S.L.P. Los profesionales madrileños se llevaron 18.089,5 euros por las actuaciones en la reclamación inicial, planteada ante el juzgado de lo contencioso administrativo de León, a los que se sumaron 14.520 euros por la «preparación, elaboración y presentación del recurso de apelación» ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y otros 3.025 euros por «la preparación, elaboración y presentación del recurso del escrito de oposición al eventual recurso de apelación que se pueda interponer por el recurrente».
En ambas instancias, el consistorio perdió los pleitos frente a su antiguo abogado municipal, ahora jubilado. En el contencioso administrativo de León, el magistrado fijó la cantidad de 149.858,34 euros, lejos de los 491.446,49 euros, más los daños morales, estimados ben un 25%, que pedía el letrado municipal en su escrito. El juez dio por «probada la situación permanente y continuada de exceso de trabajo, vinculada causalmente a la prolongada desatención e inactividad del Ayuntamiento de León en la provisión de las vacantes», después de que, desde enero de 2014 hasta marzo de 2020, por bajas y servicios especiales de sus compañeros, tuviera que hacerse cargo en solitario durante buena parte de este periodo de la asesoría jurídica en la que antes trabajaban tres personas.
El fallo incidía en «concurre, por tanto, un anormal funcionamiento de la administración, advertido repetida y diligentemente por el actor a sus superiores, que hicieron caso omiso de tales advertencias, y que tuvo como consecuencia la imposición de facto al recurrente de una carga de trabajo desmedida e insoportable». «La situación lesiva ha sido generada de forma directa por la pasividad del Ayuntamiento de León, que pudo ponerle fin en cualquier momento y no lo hizo», según cita la sentencia, en la que se afea que el consistorio defendiera que «el recurrente decidió ‘voluntariamente’ llevar a cabo no sólo su propio trabajo, sino también el de los otros dos puestos de letrado vacantes». «Conculca toda racionalidad», apostilló el magistrado.
La sentencia, contra la que el Ayuntamiento teme «un efecto llamada», se ha convertido en referencia nacional para otros funcionarios
Ante ese fallo, el gobierno de Diez defendió la presentación del recurso para que no se produjera un «efecto llamada» en otros trabajadores. La nueva estrategia del bufete madrileño contratado por el Ayuntamiento de León apostó por argumentar que no existía «responsabilidad patrimonial». La consideración la atendieron los magistrados, que, sin embargo, asentaron la existencia de un «enriquecimiento injusto y abuso de derecho» por parte del consistorio al ahorrarse el sueldo de dos personas durante varios tramos temporales. El cambio hizo que volviera en contra de los intereses de la administración, que de esta forma no puede acogerse a su seguro de responsabilidad civil para afrontar el pago de los 149.858,64 euros, sino que tenga que afrontarlo con recursos propios.
Ahora, el Ayuntamiento buscará revertir el fallo. El Supremo primero deberá examinar si admite la casación y, en su caso, resolverá. Si no cambia, mientras más tiempo mayores serán «los intereses legales del dinero» que tenga que sumar el consistorio a la indemnización fijada.