El Ayuntamiento de León deja vencer otro contrato millonario tras fundir 21 M€ en cinco años

Después de 21 millones de euros gastados en los últimos 5 años, este lunes vence la privatización del mantenimiento de la ciudad. No queda más. En realidad, el presupuesto se agotó ya a finales de diciembre, cuando las certificaciones por trabajo de la UTE adjudicataria, formada por Sogesel y Seys Medioambiente, rebasaron el presupuesto inicial, que marcaba 3,5 millones de euros, y el margen máximo de un 20% adicional, con el que se elevaba la factura a 4,2 millones de euros, además de utilizar la única prórroga posible de una anualidad que se contemplaba a mayores de las cuatro iniciales. Todo se fundió al acabar 2025, a pesar de que en estos cinco meses han continuado las encomiendas de actuación, sin que hayan pasado por el órgano de fiscalización económica al que, de nuevo, el equipo de gobierno intenta burlar con su costumbre de empujar al vencimiento de un contrato sin licitar el siguiente.

El hábito del PSOE obliga a «una prestación extemporánea». «Es decir, una prestación realizada una vez finalizada la vigencia del contrato que la amparaba», como ha repetido Intervención de manera «reiterada» para afear «esta mala práctica administrativa» que da lugar a que «se deba prorrogar irregularmente el contrato vencido hasta la adjudicación y entrada en vigor del nuevo». En otros casos, el gasto se ha mantenido durante varios años a la misma empresa, en espera del procedimiento que asentara a la siguiente, porque se justificaba «la autorización y disposición» debido a que «la situación contraria daría lugar a un enriquecimiento injusto de la administración, puesto que el servicio es imprescindible, está siendo efectivamente prestado y la demora en el pago da lugar al devengo de intereses de demora».

Pero, en esta ocasión, el contrato de «mantenimiento, conservación, reparación y reposición del viario público del municipio de León» no tiene crédito en el presupuesto del Ayuntamiento. Para lograrlo, debería promoverse un expediente de reconocimiento extrajudicial que, al igual que ha sucedido con otros similares, ocasionaría el reparo de Intervención y la necesidad de que el equipo de gobierno lograra una mayoría del Pleno para levantarlo y, dentro de la irregularidad, poder pagar a la empresa concesionaria por los trabajos que le encarga.

No ha dejado de hacerlo el equipo de gobierno de José Antonio Diez. Esta misma semana pasada, con la furgoneta de «Mantenimiento Integral de León» aparcada al lado, los operarios se han afanado en arreglos puntuales de la avenida Ordoño II. Antes, en el mes de marzo, se multiplicaron para ejecutar un plan de bacheado urgente que hizo que tuvieran que aplicarse en los socavones y, apenas dos semanas más tarde, volver al lugar de los hechos porque se había levantado, como en Álvaro López Núñez o la rotonda del cruce del paseo de Salamanca con el puente de San Juan de Dios. Pero ninguna de estas intervenciones viene en el listado que la concesionaria cuelga en su web, donde la relación de obras se cierra en 2025. Ahora, tras 21 millones en cinco años, ya no queda ni contrato que sustente el gasto.

No sólo no hay contrato al que acudir para cargar las facturas, sino que tampoco existe presupuesto al que poder agarrarse. El agujero provocado por la sentencia de anulación de las tasas de la basura, que obliga a tener que hacer un ajuste de 13,1 millones de euros en el capítulo de gastos de este año, deja sin margen al equipo de gobierno para arreglar baches, asfaltar, reparar las aceras o reponer mobiliario, ni mucho menos para actuaciones más ambiciosas, como la reurbanización de la avenida Europa que se hizo con este compromiso.

Los responsables municipales pensaban cargarlo sobre la modificación de crédito que sacaron adelante el 19 de marzo. En ese Pleno extraordinario, en el que se aprovechó que el interventor, Gabriel Menéndez Rubiera, no estaba se promovió una partida de 9.371.060,81 euros con cargo al remanente de tesorería, pese al informe que advertía de que no había ingresos que lo sustentara. Dentro se contenían los 365.246 euros para el mantenimiento de colegios, 2.619.956,54 euros para mantenimiento de edificios municipales, 5.150.000 euros para mantenimiento de viario integral y plan de asfaltado y 1.235.458,4 euros para mantenimiento de instalaciones deportivas.

Ahora, tras enrocarse, el equipo de gobierno ha admitido que tiene que recortar. Falta que diga dónde y, aunque encuentre una cantidad para el nuevo contrato de mantenimiento, no hay tiempo para plantearlo y que se adjudique hasta final de año.