La Declaración de León dice:

Las Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia de los países de Iberoamérica, reunidos en León, España, el 26 y 27 de septiembre del 2005, centramos nuestra atención en las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación o riesgo de pobreza o en condiciones de exclusión social y expresamos las siguientes consideraciones y acuerdos: Considerando: 1.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y ratificada por todos los países de la Comunidad Iberoamericana, consagra, para todas las personas menores de 18 años, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección integral y a la participación, independientemente de su edad, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, psíquicos o de cualquier otra condición suya, de sus padres o representantes legales. 2.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño, y otros instrumentos internacionales, han contribuido a impulsar procesos de reformas legislativas, institucionales y de política pública en la Comunidad Iberoamericana, encaminadas a la promoción y protección de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. 3.- Que la pobreza en Iberoamérica afecta de manera desproporcionada a la niñez y la adolescencia generando en las niñas, niños y adolescentes daños irreparables, ya que los expone al hambre, a la desnutrición y a la enfermedad; les dificulta el acceso a la educación, truncándoles su desarrollo personal y académico; y además los hace más vulnerables a ser víctimas de la violencia y de la explotación sexual, económica, laboral y social. 4.- Que un elevado número de niñas, niños y adolescentes iberoamericanos no tienen acceso a los servicios sociales básicos, redes de protección social y espacios de participación o se encuentran excluidos de los mismos, lo que afecta al ejercicio pleno de sus derechos. 5.- Que en los países iberoamericanos se están produciendo algunos avances en la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tales como la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la cobertura de la inmunización, la reducción de la desnutrición y el incremento de la cobertura en educación. 6.- Que, aunque en algunos países se ha registrado un crecimiento económico, éste no ha incidido de manera equitativa y proporcional en mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes de la Comunidad Iberoamericana. 7.- Que lo expuesto en los considerandos números 3, 4 y 6 no se ajusta a la Convención sobre los Derechos del Niño ni a otros instrumentos jurídicos internacionales, así como tampoco al contenido de las Declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, de las Declaraciones de las Conferencias Iberoamericanas de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia, de la Declaración del Milenio y de la Declaración y Plan de Acción contenido en «Un Mundo Apropiado para los Niños», donde se hace énfasis en la reducción de la pobreza y la exclusión social. 8.- Que garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia es un imperativo ético, político, social, jurídico y económico, así como la estrategia más efectiva para atacar las causas de la pobreza, la exclusión social y las inequidades. 9.- Que la educación y la formación son relevantes para articular la integración cultural, la cohesión social, la movilidad social y el desarrollo productivo, constituyéndose en importantes mecanismos para superar la exclusión social, así como las causas estructurales que la reproducen y que, consecuentemente, los esfuerzos e inversiones destinadas a incrementar y mejorar los logros en educación y formación tienen efectos marcadamente positivos en estos ámbitos. 10.- Que la imposición de leyes de efectos extraterritoriales y medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, obstaculiza el desarrollo económico y social de los países afectados y, en particular, el cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 11.- Que esta Declaración ratifica los compromisos de nuestros Estados establecidos en la Agenda Iberoamericana para la Niñez y la Adolescencia y su correspondiente Plan de Acción; al igual que los contenidos en las sucesivas Conferencias Iberoamericanas de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia, en la Declaración del Milenio y en la Declaración y el Plan de Acción contenidos en «Un Mundo Apropiado para los Niños». 12.- Que la presente Declaración reitera la necesidad de aumentar y acelerar los esfuerzos para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos, especialmente en lo que concierne a la población infantil y adolescente más vulnerable y desfavorecida. Acordamos: 1.- Incluir los derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño , con especial consideración al principio de su interés superior, en las políticas, programas y acciones públicas, destacando la perspectiva de género y étnica, la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de la familia, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 2.- Impulsar y desarrollar políticas públicas integrales para dar cumplimiento a los compromisos acordados por los países iberoamericanos en favor de la niñez y la adolescencia, a través de inversión social pública más equitativa, eficaz y eficiente, que tienda a la cobertura universal de los servicios sociales básicos fundamentalmente relacionados con nutrición, salud, educación y vivienda digna, y a la implementación y fortalecimiento de sistemas de protección y promoción social, en especial cuando las niñas, niños y adolescentes se encuentren en situación de vulnerabilidad por la pobreza y la exclusión social. 3.- Continuar impulsando medidas destinadas a ampliar los servicios de educación inicial y preescolar, garantizando el acceso equitativo a los mismos, a fin de estimular el desarrollo integral infantil; universalizar una educación de calidad en sus diferentes etapas y potenciar la formación técnica/profesional para erradicar la exclusión económica, social, cultural y la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes . 4.- Fortalecer a las familias en las políticas y programas de atención a la niñez y adolescencia, con el propósito de brindar al núcleo familiar las oportunidades y condiciones para poder cumplir su rol como unidad básica y compatibilizar la vida laboral de las familias como espacio para la garantía y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 5.- Adoptar medidas para impulsar el sistema de justicia juvenil para la atención de adolescentes, garantizando la protección y defensa jurídica de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, implementando la aplicación de las medidas socio-educativas, privilegiando las medidas en medio abierto sobre las medidas en medio cerrado. 6.- Combatir las causas que originan la pobreza y la exclusión social y su reproducción intergeneracional, dirigiendo nuestros esfuerzos, entre otros, a la erradicación progresiva del trabajo infantil y la eliminación inmediata de sus peores formas y todo tipo de explotación de niñas, niños y adolescentes. 7.- Impulsar la preparación, implementación y seguimiento de los Planes Nacionales de Niñez y Adolescencia, asegurando que incluyan estrategias específicas para aquellos que se encuentren en situación de pobreza y exclusión social, mediante el compromiso de todos los Estados para la utilización de un método de trabajo común que establezca objetivos y metas clave e indicadores de seguimiento y evaluación comunes y comparables, y siente las bases para el aprendizaje mutuo y la transferencia de experiencias y buenas prácticas en este ámbito. 8.- Proponer a los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos incorporar en la Declaración de Salamanca la conveniencia de promover la creación de instancias interinstitucionales que faciliten la puesta en marcha de procesos de canje de deuda por educación, programas de promoción, protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes y reconocer la importancia de la cooperación internacional dirigida tanto a los países más vulnerables como los de renta media. 9.- Formular, con la participación de los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes, leyes nacionales y políticas públicas que, en consonancia con las visiones de los distintos pueblos, promuevan, respeten y protejan los derechos de los niñas, niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes y fortalezcan su identidad cultural. Para dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, nos comprometemos a: 1.- Desarrollar un sistema común de indicadores para dar seguimiento a las Metas de la Agenda Iberoamericana para la Niñez y la Adolescencia y su Plan de Acción, a los compromisos de las Conferencias Iberoamericanas Ministeriales de Infancia y Adolescencia, a los Objetivos establecidos en la Declaración del Milenio y en la Declaración y Plan de Acción contenido en «Un Mundo Apropiado para los Niños», con el apoyo de los distintos Organismos y Agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros Organismos internacionales en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana. 2.- Impulsar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos de la Cumbre de Monterrey, incrementando la ayuda oficial al desarrollo destinada a erradicar la pobreza y la exclusión social de las niñas, niños y adolescentes iberoamericanos y sus familias. 3.- Solicitar a la Secretaría General Iberoamericana y a la UNICEF que sistematicen las metodologías de ejecución de las medidas socioeducativas o de formación de profesionales de este área y organizar un evento específico sobre esta temática. 4.- Adoptar y fomentar Planes Nacionales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil con metas y marcos temporales concretos, o bien, en su caso, incluir acciones, en otros planes, programas o proyectos integrales de infancia y adolescencia para ser presentados en la próxima Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia. A tales efectos, se solicita a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que presten asistencia técnica para la formulación de dichos planes y el seguimiento y evaluación de los ya existentes. Finalmente: Nos congratulamos de la elección del Secretario General Iberoamericano y la puesta en marcha de la Secretaría General, con la certeza de que contribuirá a consolidar la coherencia del Sistema Iberoamericano. Agradecemos al movimiento asociativo su trabajo permanente a favor de la infancia y concretamente en el segundo foro de organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia de Iberoamerica, celebrado en la ciudad de León. Agradecemos al Gobierno de Uruguay su ofrecimiento como sede de la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Niñez y la Adolescencia. Agradecemos la cálida acogida, cortesía y eficacia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España por la exitosa organización de esta reunión, así como el apoyo prestado por su permanente labor por la por la cooperación Iberoamericana.