La situación económica de Valderas le lleva a renunciar a las subvenciones para obras

ARMANDO MEDINA | VALDERAS

El Ayuntamiento de Valderas vive desde hace años una crisis financiera galopante con deudas que le acosan a diario y le impiden un normal funcionamiento. Ayer se celebró un pleno extraordinario con asuntos de gran calado en el orden del día. Al final, sólo uno fue aprobado, que es la renuncia a dos obras subvencionadas por la Diputación. La suscripción de un préstamo para hacer frente a la deuda que tiene con Caja Rural de Zamora o la reducción de gastos de personal se acordó que se estudiarían. Las palabras del alcalde, Ignacio del Pozo, nada más comenzar la sesión, dejan clara la gravedad de la situación. «Es un pleno con decisiones complicadas. Vamos a ver si podemos pagar la deuda porque en vez de ir a menos va a más». Los concejales VOX no asistieron al pleno.

Los informes de secretaría son claros y podrían resumirse en una frase: si el Ayuntamiento no tiene dinero para afrontar las deudas no es razonable que se meta en nuevas inversiones que generen gastos. De lo contrario corre el riesgo de que se embarguen parte de sus bienes.

Con estas premisas el pleno aprobó con los votos favorables del PP (4) y la abstención del PSOE (2) renunciar a dos subvenciones concedidas por la Diputación para proyectos de una inversión total de 262.566 euros. Una corresponde al Plan de Cooperación Municipal 2017 con una inversión de 122.566 euros, de los que el Ayuntamiento debería aportar 12.100 euros. La otra está incluida en el Plan Especial de Infraestructuras y Redes 2016 con un montante de 140.000 euros subvencionada al 100% por la Diputación. En ambos casos se trata de obras que están sin adjudicar y que deberían estar ejecutadas antes del 31 de marzo. Algo prácticamente imposible dadas las fechas actuales. De no ser así el consistorio podría ser sancionado con retirarle en todo o en parte la subvención. De ahí su renuncia. En el primer caso, además, debería aportar los 12.100 euros señalados. La que sí se decidió que siguiera adelante es la correspondiente al Plan de Cooperación Municipal 2016 que asciende a 90.000 euros, de los que el Ayuntamiento debe poner 18.000, ya que se trata de una obra ya adjudicada y de no ejecutarse la empresa adjudicataria podría pedir daños y perjuicios.

Pero el tema más espinoso del pleno fue el estudio de la reducción del gasto de personal. Tanto que provocó la división de voto en el equipo de Gobierno del PP. Mientras que tres concejales votaron a favor, uno (Alejandro Fernández) votó en contra. Las dos ediles del PSOE también se opusieron. Se acordó realizar un estudio pormenorizado de la situación, aunque el alcalde dejó claro que «no se pretende echar a nadie». Se dejó en el aire la posibilidad de prejubilar a dos trabajadores, reducciones de sueldo... En definitiva, que se estudiará.

Algo similar ocurrió con la solicitud de un préstamo para afrontar la deuda de más de 320.000 euros que el Ayuntamiento tiene con Caja Rural con sentencia judicial y que amenaza con que se embarguen bienes tan preciados para los vecinos como la dehesa. Se aprobó por unanimidad. No firmar un crédito, sino estudiar qué posibilidades existen.