Uno 50 aerogeneradores proyectados en el noroeste están en zonas no aptas
Las imágenes de las montañas amenazadas por un macroproyecto eólico que encadena tres parques.
Un estudio publicado en la revista The Journal of Environmental Management alerta de que más de medio centenar de aerogeneradores proyectados en el noroeste español han sido autorizados o están en proceso de aprobación para ubicarse en zonas con capacidad de carga negativa, es decir, ambientalmente inadecuadas para albergar grandes instalaciones de energía eólica. La investigación, liderada por Rodrigo Arévalo González, Victoria Ferrero y Estrella Alfaro Saiz —pertenecientes al Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León (Ule)— propone una innovadora herramienta de apoyo a la decisión basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y análisis multicriterio espacial. El objetivo es evaluar de forma rigurosa la idoneidad del territorio para la instalación de parques eólicos, integrando criterios ambientales, sociales y técnicos. El estudio se centra en cuatro comarcas de la provincia de León —Los Ancares, El Bierzo, La Cabrera y La Cepeda— y analiza 34 variables de aptitud y 21 de impacto, como la velocidad del viento, la biodiversidad, la presencia de hábitats protegidos, el patrimonio cultural o la proximidad a infraestructuras. A partir de esta información, se han generado mapas de capacidad de carga absoluta y relativa que permiten identificar las zonas más adecuadas —y las más sensibles— para la implantación de aerogeneradores. Los resultados son contundentes: el 87,5 % del territorio analizado presenta una capacidad de carga excluyente, lo que significa que no debería albergar instalaciones eólicas por su alto valor ambiental o por los riesgos que implicaría. Solo el 0,09% del área total combina un potencial energético óptimo con una capacidad de carga máxima, lo que evidencia la necesidad de una planificación más cuidadosa y sostenible. Además, el estudio compara sus resultados con las zonificaciones propuestas por el Miteco y la Junta de Castilla y León, concluyendo que ambas son insuficientemente restrictivas. De hecho, el modelo desarrollado por los investigadores excluye dos tercios del área que las administraciones consideran apta.